EscucharLa contracción en la recaudación y el repunte de la deuda, que supera el 60% del Producto Interno Bruto (PIB), reavivan el debate sobre la necesidad de una nueva reforma fiscal en el país.
Este panorama coloca a la administración de la presidenta Laura Fernández y a su ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, ante una compleja disyuntiva.
El Poder Ejecutivo deberá decidir si mantiene el rumbo actual o si asume el costo de impulsar la creación de nuevos impuestos.
Para encontrar el último ajuste estructural en esta materia, es necesario retroceder a diciembre de 2018.
En aquel momento, tras una convulsa huelga nacional y un intenso pulso político, se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N.° 9635).
Dicha legislación marcó un hito al transformar el antiguo impuesto de ventas en el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), aplicar modificaciones al impuesto sobre la renta y recortar diversos pluses salariales en el sector público.
Hoy, bajo el mandato de Fernández, Costa Rica navega por un escenario macroeconómico matizado.
Si bien los indicadores generales muestran estabilidad, los ingresos tributarios evidencian claros signos de fatiga.
Es precisamente en esta encrucijada donde surge el debate sobre la viabilidad y la sensatez política de promover un nuevo paquete fiscal en la coyuntura actual.
Sin embargo, desde la óptica del mercado y de los especialistas, el panorama es claro.
Para la mayoría de los economistas y representantes del sector productivo consultados, la respuesta ante la posibilidad de nuevos tributos es un rotundo “no”, al menos en el corto plazo.
Laura Fernández, actual presidenta, dijo durante su campaña que “los costarricenses no tendrán que pagar ni un solo colón más de impuestos” y prometió no impulsar nuevos tributos.
En su discurso de traspaso de poderes, el pasado 9 de mayo de 2026, reiteró su compromiso de impulsar una “reforma profunda del Estado”, pero manteniendo la disciplina fiscal.
En contraparte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sí recomendó, el pasado 10 de marzo, un cambio radical.
El FMI solictó una reforma tributaria que reduzca el gasto tributario, introduzca una tasa única para la renta de las empresas y eleve la progresividad del impuesto a la renta de las personas físicas.
El consenso: eficiencia antes que impuestos
La visión generalizada entre especialistas y líderes empresariales es que el país no tiene margen ni apetito para más impuestos.
Por ende, antes de plantear nuevos gravámenes, el énfasis debería centrarse en mejorar la eficiencia del gasto, fortalecer la administración tributaria y asegurar el cumplimiento de la regla fiscal.
En suma, la estrategia óptima es profundizar la consolidación y la calidad del ajuste existente, no reabrir el frente tributario; hay otras tareas que la nueva administración debería emprender antes.
Hannia Ramírez Obando, directora de Economía de la Universidad Fidélitas, manifestó que la prioridad no debería ser una nueva reforma fiscal, sino consolidar y profundizar la implementación del marco fiscal vigente.
“En un contexto de alta incertidumbre global, la credibilidad y la estabilidad de las reglas existentes son más valiosas que los cambios frecuentes. Antes de plantear nuevos impuestos, el énfasis debería estar en mejorar la eficiencia del gasto y fortalecer la administración tributaria”, aseguró la economista.
Los datos respaldan la cautela: la recaudación muestra una tendencia a la baja en los últimos años, impulsada principalmente por la caída en ingresos clave, como los impuestos sobre la renta y el IVA.
Paralelamente, el gasto del Gobierno Central también refleja una disminución, al pasar de un 18,41% del PIB en 2022 a un 17,83% a diciembre de 2025.
Daniel Ortiz Álvarez, economista de Consejeros Económicos y Financieros S.A. (Cefsa), advirtió que las finanzas públicas están mostrando un deterioro estructural.
“El superávit se ha ido reduciendo, el déficit fiscal se ha estacionado alrededor del 3,5% del PIB y la deuda el año pasado ya dejó de descender; más bien aumentó, y esto se convirtió en una de las principales preocupaciones del Fondo Monetario Internacional”, señaló Ortiz.
El déficit del Gobierno Central se redujo a un 3,41% del PIB en 2025, frente al 3,72% registrado en 2024.
Esta postura es respaldada por Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central, quien destaca que Costa Rica mantiene condiciones macroeconómicas favorables y un sistema financiero sólido, producto del ajuste anterior.
Por lo tanto, ceder a presiones para debilitar la regla fiscal afectaría gravemente la confianza de los mercados y el acceso al financiamiento internacional, lo que tendría fuertes implicaciones sobre la estabilidad económica.
Desde el sector privado, el rechazo a una mayor carga impositiva es unánime.
Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), señaló que, si bien se evidencia una menor recaudación —particularmente en el IVA y en el impuesto sobre la renta aplicado a las personas jurídicas—, esta no necesariamente responde de manera única y mayoritaria a un agotamiento de las reformas realizadas.
Esta situación respondería, más bien, a coyunturas como la deflación que se ha presentado en la mayoría de los últimos 35 meses y a la excesiva apreciación del tipo de cambio del colón, la cual se ha profundizado en lo que llevamos del año.
“En ese contexto, una reforma tributaria que aumente la carga tributaria de los sectores productivos tendrá efectos negativos sobre el crecimiento de la producción nacional y el empleo”, destacó Capón.
En sintonía, Arturo Rosabal, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), añadió que cualquier espacio para una eventual reforma fiscal debería orientarse, más bien, a reducir la carga tributaria sobre las empresas y el empleo formal, particularmente en el Régimen Definitivo, cuya alta carga impositiva limita su dinamismo.
Esto debe ir acompañado, necesariamente, de una reforma del Estado que permita un mayor control del gasto público.
El telón de fondo de este debate es el dualismo de la economía costarricense.
“Mientras el Régimen de Zona Franca creció en el 2025 a ritmos acelerados (20,2% en manufactura), el Régimen Definitivo apenas avanzó un 0,5%, un desequilibrio que afecta directamente la recaudación de impuestos corporativos y el consumo”, destacó.
Sin embargo, es necesario acotar que se ha dado un cambio en la composición del Índice Mensual de Actividad Económica mientras el régimen definitivo se acelera, los regímenes especiales (zonas francas) muestran una fuerte desaceleración.
Aunque crecieron 5,3%, esto representa una caída de 10 puntos porcentuales respecto a marzo de 2025.
Sin embargo, hay quienes miran el futuro con profundo pesimismo si no se toman decisiones radicales.
José Francisco Pacheco, economista de la Universidad Nacional (UNA), proyecta que la carga tributaria decrecerá hasta regresar a los niveles de 2018.
“Entramos bajo el escenario más severo de la regla fiscal, lo que significa recurrir a un recorte del gasto aún mayor al ya aplicado, impactando severamente programas educativos e inversión social”, advirtió Pacheco.
Para él, es inevitable que el Gobierno abra la discusión tributaria en su segundo año para evitar un colapso social, incluyendo una revisión de las exoneraciones.
“Ahora bien, una eventual reforma no necesariamente tendría que centrarse únicamente en aumentar impuestos. Se escuchan con fuerza distintas voces que promueven revisar las exoneraciones. Sin embargo, si se abre ese paquete, probablemente abarcaría a todos los sectores: tanto las zonas francas como una revisión de la canasta básica e, incluso, discutir si deben mantenerse las exoneraciones al salario escolar y al aguinaldo”, destacó el economista.
Cálculo político y alternativas estructurales
La viabilidad de una reforma pasa también por el capital político. José Luis Arce, economista de FCS Capital, considera que, si el Gobierno mantiene la regla fiscal, podrá navegar los cuatro años sin problemas de financiamiento ni de control del gasto.
“Si el Gobierno quiere genuinamente continuar con el ajuste, deberá replantearse la parte tributaria y de gasto, pero de manera más profunda. No creo que tenga deseos de gastar popularidad en ello, por lo que considero que no lo hará”, dijo Arce.
Ante este panorama, voces como la de Shirley Saborío, vicepresidenta del Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), trazan una hoja de ruta alternativa para la presidenta Fernández: “Más allá de crear nuevos impuestos, el primer paso debería ser una estrategia seria de eficiencia del gasto, modernización institucional, mejora recaudatoria y revisión de prioridades presupuestarias. Si el país avanza hacia reformas que reduzcan costos estructurales para generar empleo —por ejemplo, alivios sobre las cargas al empleo formal—, ello requerirá compensaciones responsables. Solo si las ganancias en eficiencia y recaudación resultaran insuficientes podría discutirse una ampliación de base o ajustes tributarios, siempre bajo criterios de competitividad, sostenibilidad y crecimiento”.
La nueva administración asume así un país con finanzas estables, pero sobre una cuerda floja social y de competitividad.
Reactivar el Régimen Definitivo, resolver el rezago en infraestructura pública, enfrentar la alta informalidad —que presiona a la CCSS— e impulsar carreras STEM se perfilan como los verdaderos retos urgentes.
Los economistas concluyen que reabrir la caja de Pandora de una reforma fiscal estructural parece ser, por ahora, una opción archivada en el fondo del despacho presidencial.
