Al igual que el sistema financiero y entidades bancarias de gran tamaño, las microfinancieras también sufrieron el impacto de la llegada de la COVID-19, este se reflejó en el comportamiento de los créditos y en el pago por parte de los deudores.
Las microfinancieras abordan principalmente a segmentos de la población que por diferentes razones no son sujetos de crédito ante la banca, pero que cuentan con proyectos económicamente viables en su mayoría (también se brinda para consumo y otros objetivos). Por esto, sus principales clientes son las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
En el caso de Fundebase, una microfinanciera que funciona desde hace 25 años, experimentaron ambas situaciones el año anterior: la capacidad de pago de sus clientes mermó ante los cierres comerciales como parte de las medidas sanitarias contra la pandemia y por otro lado la colocación de crédito se contrajo.
La cartera de crédito de la empresa está compuesta principalmente por empresas del sector comercial, agricultura y servicios, parte de los sectores más afectados por la pandemia.
Luis Diego Madriz, gerente general de Fundebase, explicó que el crecimiento moderado de la cartera se experimentaba desde antes de la pandemia frente a los problemas sociales y de empleo que ya atravesaba el país, que se acrecentaron en el 2020.
“La pandemia indudablemente ha venido a afectar la colocación de recursos en el corto plazo”, señaló Madriz.
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Además, con la pandemia las capacidades de pago disminuyeron y para paliar la situación en la que se vieron envueltos los clientes ante la pandemia, la fundación decidió extender moratorias por tres meses inicialmente, para dar oxígeno a los deudores y que pudieran afrontar la falta de liquidez personal.
“Aún así hubo un impacto importante en la morosidad de la fundación, ya que muchos clientes no han logrado superar el impacto del año pasado y traen un rezago en su operación y atención de sus obligaciones”, comentó Madriz.
En Costa Rica existe la Red Costarricense de Organizaciones para la Microempresa (Redcom) que actualmente mantiene 11 asociaciones o fundaciones (microfinancieras) afiliadas, la mayoría de este tipo existentes en el país. Tanto su director ejecutivo, Carlos Hernández, como el presidente de su junta directiva, Juan Pablo Montoya, explicaron a EF que el estancamiento en cuánto al volumen de créditos se dio también en el 2018, tras la desaceleración del crecimiento de la producción nacional.
Para el 2019 se obtuvo un crecimiento moderado del 7,4% en la colocación de créditos. Luego, vino el 2020 y generó una disminución del 15,6% en la cartera total de las afiliadas de Redcom. No obstante, el número de clientes únicamente bajó en 4,8%.
“Se ha observado que el monto promedio de los nuevos créditos es menor al de los años anteriores al 2019, dado que los empresarios, debido a las incertidumbres actuales y para no excederse en sus niveles de endeudamiento, están solicitando préstamos por montos más pequeños”, explicaron desde la Redcom.
En un caso como la microfinanciera Asopro San Ramón, que cubre algunos cantones del occidente de Alajuela, las colocaciones de crédito disminuyeron hasta en un 30% en comparación con el 2019.
“Dichosamente se logró mantener la cartera, pero las colocaciones bajaron porque la gente está con temor, la gente estaba pensativa a la hora de sacar un crédito y con toda razón”, explicó Grisel Fernández, directora ejecutiva de Asopro San Ramón.
El 2020 se convirtió en un año difícil y lleno de retos para las fundaciones y asociaciones que dan financiamiento a pequeñas y medianas empresas en el país, y no escaparon a las consecuencias de la desaceleración de la economía, que también impactó a grandes entidades bancarias.
No obstante, para la primera parte del 2021 se percibe una mayor confianza por parte de los clientes y se espera una recuperación importante del crédito para el segundo semestre del año.
Morosidad tras la crisis
La población meta de las microfinancieras vivió —y continúa experimentando— el impacto directo de la pandemia en sus finanzas.
De acuerdo con los datos suministrados por la Redcom, la morosidad con más de 30 días de atraso de la cartera general llegó a niveles superiores al 7% en algunos meses del 2020.
“No llegó a los niveles que se vaticinaron al principio de la crisis, gracias a la pronta respuesta de las microfinancieras con las mencionadas prórrogas y readecuaciones; un monitoreo constante sobre la evolución de los créditos en riesgo, establecimiento de arreglos de pagos, y el compromiso fuerte de los microempresarios y empresarias en honrar sus deudas”, comentaron en la Redcom.
Las moratorias permitieron un balance al cierre del año. En Asopro San Ramón, por ejemplo, la morosidad a más de un día cerró el 2020 con 9,79% y a más de 30 días en 1,56%.
Por otro lado, el flujo de recursos de parte de fondeadores también disminuyó, pues muchos de ellos detuvieron gestiones y desembolsos hacia las microfinancieras debido a las circunstancias del entorno.
“Las microfinancieras afiliadas a Redcom tuvieron poco acceso a los diferentes programas de apoyo económico que anunció el Gobierno para las micro y pequeñas empresas”, recalcó Montoya.
Transformación digital
Además de los impactos en las carteras de crédito, la pandemia generó cambios a las microfinancieras por la vía de lo tecnológico y laboral.
Como gran parte de las entidades financieras y otro tipo de empresa, debieron adaptarse a las dinámicas del teletrabajo y mejorar los canales digitales para la atención de los clientes.
“El 2020 fue un año que obligó a las microfinancieras a replantear su forma de hacer negocios, obligando a acelerar diferentes procesos de transformación digital para atender a los clientes, y de adaptarse a la nueva realidad para sus colaboradores”, señaló Montoya.
