EscucharLa administración tributaria del Ministerio de Hacienda fiscaliza actualmente 46 casos que muestran riesgos comunes de incremento patrimonial no justificado u omisión de ingresos y sobre los que se ya se han estimado impuestos evadidos por un monto superior a los ¢600 millones, correspondientes al tributo sobre la renta.
Así lo señaló esta mañana el director general de Tributación, Carlos Vargas, durante una conferencia de prensa organizada por la institución.
Vargas explicó que al monto de los ¢600 millones se deben sumar los intereses que corren a partir del momento en que se determina el incumplimiento fiscal y las sanciones administrativas que correspondan, que en el caso de simulaciones o maniobras tendientes a evadir el pago del impuesto pueden oscilar entre el 100% y el 150% del impuesto dejado de pagar.
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Durante la conferencia de prensa se brindaron tres ejemplos de análisis de casos que se han fiscalizado, entre ellos la compra de bienes, de carros y viajes internacionales así como el reporte de ingresos y gastos irregulares de los contribuyentes fueron los principales factores que alarmaron a las autoridades tributarias.
La fiscalización de estos casos forman parte del plan de control a personas físicas y empresas de la Dirección General de Tributación (DGT), que utiliza varios indicios de riesgo para determinar la priorización de investigaciones, como:
―incremento patrimonial no justificado
―la omisión de ingresos
―préstamos falsos
―donaciones injustificadas
―uso de proveedores falsos
―simulación de compras de bienes y servicios e ingreso por actividades inexistentes
“Esta metodología desarrollada sobre la base de un modelo integral de gestión de riesgos de cumplimiento tributario, permite determinar de manera efectiva patrones comunes entre contribuyentes registrados y ocultos, para evadir impuestos. El análisis de riesgos similares en todos los casos nos ha llevado a encontrar diferentes maniobras que una vez probadas, nos han permitido determinar importantes sumas de impuestos dejados de pagar e incluso valorar la interposición de denuncias penales ante las autoridades judiciales”, explicó Vargas.
La complejidad de algunas de estas maniobras implica la coordinación con otras direcciones dentro del Ministerio de Hacienda y otras instituciones, como el Instituto Costarricense sobre Drogas, el Tribunal Supremo de Elecciones, Registro Público y las entidades bancarias.
No obstante, según se señaló en conferencia, hasta el momento ninguno de los 46 casos han tenido que trasladarse a las instancias judiciales.
El estudio de Tributación del que se derivan los 46 casos inició en el periodo fiscal 2019, pero algunos incluyen investigaciones de años anteriores y posteriores.
Fiscalización de negocios
Vargas informó que durante los últimos meses del año la Dirección General de Tributación reforzará la fiscalización “en calle” con las visitas a negocios para revisar el cumplimiento de deberes tributarios, con el objetivo de que los contribuyentes atiendan bien y en tiempo sus obligaciones.
En las visitas las personas funcionarias no solicitarán información sobre contraseñas ni cuentas bancarias, tampoco plantearán arreglos de pago ni revisarán sistemas informáticos.
