EscucharSi una empresa, institución o persona recibe actualmente una exoneración tributaria, las reglas podrían cambiar.
El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de ley, el cual será estudiado por los diputados, que modifica la forma de otorgar, controlar y fiscalizar estos beneficios, al tiempo que plantea eliminar varias de las exenciones vigentes.
En la exposición de motivos del expediente legislativo se evidencia que el Estado dejó de percibir en el 2024 un monto estimado de ¢2 billones por este concepto.
En términos macroeconómicos, esta cifra equivale al 4,10% del producto interno bruto (PIB) del país.
Ante este panorama, el viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal, señaló que la propuesta busca fortalecer la transparencia, la eficiencia del sistema tributario y la capacidad de control y recaudación de la Administración Tributaria.
Centralización y derogatoria general
Uno de los principales cambios consiste en establecer un régimen único de administración de los beneficios fiscales, en lugar de que estos continúen regulados de manera dispersa en distintas leyes.
En consecuencia, la propuesta le asigna a la Dirección General de Tributación (DGT) un papel central en la administración y fiscalización de los recursos.
El nuevo sistema también contempla que los trámites relacionados con las exoneraciones se realicen mediante mecanismos electrónicos y que exista un mayor intercambio de información entre las instituciones públicas.
La intención es que Hacienda pueda conocer con precisión quién recibe un beneficio, bajo qué condiciones lo obtiene y si efectivamente cumple con los requisitos establecidos.
Adicionalmente, el proyecto propone una derogatoria general de las exenciones tributarias objetivas y subjetivas previstas en distintas leyes, específicamente aquellas relacionadas con:
- Derechos arancelarios.
- Impuesto al valor agregado (IVA).
- Impuesto selectivo de consumo.
- Impuesto sobre la propiedad de vehículos.
La iniciativa provocaría que se le cobre el 13% del IVA a las instituciones públicas. En la exposición de motivos, el gobierno justifica esto argumentando que su eliminación permitirá recuperar recursos para la Hacienda Pública sin afectar los objetivos esenciales de desarrollo económico y social.
Aunque el proyecto no habla del Organismo de Investigación Judicial en específico, esa institución se podría ver afectada ya que desde octubre de 2023, los diputados aprobaron en el Congreso una ley con el propósito de que la institución liberara recursos que pudiesen ser destinados al combate contra la criminalidad.
Sin embargo, la situación podría cambiar si se aprueba esta ley.
Por otra parte, con respecto a las universidades estatales, se aclara que quedarían excluidas, ya que su financiamiento y autonomía están blindados por la Constitución Política y esto se incluye en la lista de excepciones.
Excepciones y sectores blindados
A pesar de la derogatoria general, el proyecto establece una lista de excepciones que permanecerían vigentes blindando a sectores considerados estratégicos, como el agro, las zonas francas, el transporte público y la salud.
Asimismo, la exposición de motivos señala que se pretende preservar los beneficios estratégicos relacionados con:
- Maquinaria, equipos e insumos para actividades agropecuarias
- Equipos médicos, ortopédicos y de apoyo para personas con discapacidad
- Medicamentos e insumos esenciales; seguridad alimentaria e inclusión social.
Beneficiarios tendrían nuevas obligaciones
El proyecto eleva las exigencias para quienes soliciten o utilicen los beneficios fiscales.
Por ejemplo, entre las condiciones planteadas se encuentra que los beneficiarios estén al día con sus obligaciones tributarias y con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Además, para determinados contribuyentes también se contempla el acceso a la información sobre sus beneficiarios finales, como parte integral de los mecanismos de control.
En esencia, la propuesta parte de la premisa de que obtener una exoneración no debería significar únicamente recibir un beneficio, sino asumir responsabilidades estrictas sobre el uso y destino de los bienes o servicios adquiridos.
En esa misma línea, se establece un régimen de infracciones y sanciones con consecuencias severas para quienes utilicen los bienes adquiridos para fines distintos a los autorizados o incumplan las condiciones.
Finalmente, cabe destacar que el expediente 25.797 apenas ingresó a la corriente legislativa y todavía debe avanzar por las distintas etapas del proceso parlamentario.
Por consiguiente, el proyecto puede recibir consultas, mociones y modificaciones antes de una eventual votación.
Actualmente, la información disponible señala que deberá continuar su trámite en la Comisión de Asuntos Hacendarios, un órgano que hoy en día concentra parte de su trabajo en el estudio del Presupuesto Nacional 2027.
