Costa Rica sienta las bases de una economía descarbonizada y en esa ruta aspira incluir instrumentos fiscales que contribuyan con la sostenibilidad de las finanzas y que estén a tono con el medio ambiente. Por eso el Ministerio de Hacienda valora las emisiones verdes en su portafolio, un instrumento financiero relativamente nuevo y poco explorado en el país.

Actualmente el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), elaboran una hoja de ruta para crear instrumentos fiscales amigables con las políticas ambientales, y en esa coyuntura se discutió la emisión de bonos verdes, según Melvin Quirós, director general de Crédito Público.

Chile es uno de los países latinoamericanos que ya aventuró a emitir un bono soberano verde.

Para comenzar con la discusión en noviembre se llevó a cabo el Taller de Oportunidades de Instrumentos Fiscales Verdes que contó con la cooperación de la institución alemana Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

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“En las discusiones técnicas se priorizaron cinco temas que son: clasificaciones presupuestarias ambientales, bonos verdes, gastos tributarios ambientales, inversión pública resiliente e impuesto al carbono”, manifestó María del Pilar Garrido, ministra de Mideplan y de Política Económica.

¿Cuál sería el camino a seguir?

Aunque el plan se encuentra en etapas preliminares, el director de Crédito Público explicó los aspectos que se deben tomar en cuenta para concretar la emisión de bonos verdes soberanos.

Además de una planificación previa, el apoyo en la Asamblea Legislativa sería fundamental para el Poder Ejecutivo.

Los congresistas deberían aprobar un plan de financiamiento de mediano plazo en los mercados internacionales y no solo una emisión anual, ya que los inversionistas esperan un emisor internacional recurrente y no uno que se presente de manera esporádica.

En junio anterior Chile realizó su primera emisión de bonos verdes soberanos en el mercado externo, y la estructuración tomó alrededor de ocho meses, por lo que es importante que el país cuente con un marco de financiamiento de mediano plazo, según Quirós.

Hasta el momento el Poder Ejecutivo no ha presentado una propuesta formal sobre el desarrollo de instrumentos fiscales verdes ante la corriente legislativa, sin embargo, EF consultó el tema con diferentes legisladores.

María Inés Solís, cojefa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) considera importante conocer los detalles de la estrategia e indicó que el país no está para endeudarse “más y a ciegas”.

Mientras que Nielsen Pérez, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), manifestó que está de acuerdo con la creación de instrumentos fiscales acordes a los retos ambientales producto del cambio climático.

Por su parte Zoila Volio, del Partido Integración Nacional (PIN), expresó que tiene una completa disposición de apoyar al Ejecutivo en todas las iniciativas que sean razonables y proporcionales, pero prefiere conocer a fondo el proyecto antes de emitir una opinión.

EF también envió la consulta a la jefa de fracción del Partido Liberación Nacional, Silvia Hernández, pero al cierre de edición no obtuvo respuesta.

Además del apoyo en el Congreso, otro elemento que se debe contemplar para que la colocación de bonos soberanos verdes sean rentables, es la calificación de riesgo del país.

En octubre Fitch Ratings afirmó la calificación de riesgo soberano para los bonos de deuda (eurobonos) de Costa Rica en B+ con perspectiva negativa, por la debilidad que existe en las finanzas públicas.

Uno de los países latinoamericanos que ya recurrió a este tipo de endeudamiento fue Chile que emitió en junio un bono verde soberano por $1.418 millones y otro por €861 millones.

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No obstante, la nación suramericana ostenta con una mejor calificación de riesgo. Por ejemplo, Fitch Ratings brindó una calificación de riesgo soberano para los bonos de deuda chilenos de A, de acuerdo con datos publicados por el Ministerio de Hacienda chileno.

“Chile mantiene una calificación de riesgo mucho mejor que la de Costa Rica, por lo que el acceso a los fondos no solo se garantiza por ser una emisión verde, sino por el grado de calificación crediticia del país. Para muchos inversionistas la característica de un bono verde no es tan importante como el hecho de que sea un país que mantiene políticas públicas verdes y sea reconocido por interiorizar las políticas ambientales en todas sus áreas de desarrollo”, agregó Quirós.

La experiencia de Chile

Chile decidió explorar este instrumento financiero para impulsar una transformación hacia una economía baja en emisiones y resiliente al clima; en este caso el dinero recaudado con el bono soberano será destinado a proyectos que protegen el medio ambiente, según Carolina Schmidt, ministra del Medio Ambiente.

Las ventajas que encontró Chile con la emisión de este tipo de deuda, fue la tasa. El bono de $1.418 millones obtuvo un rendimiento del 3,53% para un plazo de 30 años y el de €861 millones fue de 0,83% a un plazo de 12 años, de acuerdo Andrés Pérez, coordinador de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda de Chile.

“Este bono obtuvo la mejor tasa que haya obtenido en la historia un bono soberano en Chile y no solamente esto, sino que tuvo una demanda doce veces superior al monto que ofertó el país. El éxito de la emisión de este primer bono soberano verde que tuvo Chile, fue en dólares, lo vimos nuevamente ratificado al emitir un segundo bono soberano verde ahora en la bolsa de Londres que volvió a repetir exactamente el mismo resultado”, afirmó Schmidt.

Los rendimientos de los bonos verdes son inferiores a los bonos convencionales (en Chile), la colocación de un bono de deuda por $1.541 millones en junio de 2017 y con vencimiento al 2047, obtuvo una tasa facial de 3.86%, de acuerdo al Ministerio de Hacienda de Chile.

Ahora bien, la brecha que existe entre los rendimientos que le ofrece el mercado externo a Chile con respecto a los de Costa Rica, son considerables. Sobre todo por la calificación de riesgo del país.

En noviembre Costa Rica salió al mercado con un bono con vencimiento al 2031 (11 años plazo, con vencimiento al 19 de febrero de ese año) y realizó la reapertura de un bono existente con vencimiento al 2045.

En este caso al término de la negociación en el mercado primario se le asignaron $1.200 millones al bono con vencimiento al 2031 con un rendimiento del 6,25% y $300 millones a la reapertura del 2045 a una tasa del 7,25%.

Los bonos verdes, al menos en el mercado interno costarricense, no son del todo desconocidos y en agosto anterior la Bolsa Nacional de Valores anunció que se logró estructurar la primera emisión privada de bonos verdes, después de que hace más de tres años se hiciera la primera en forma pública, en ese entonces por el Banco Nacional (BN).