EscucharLas autoridades están en la etapa de audiencia preliminar del caso Aldesa, un filtro clave en el Juzgado Penal del Segundo Circuito de San José que definirá si la acusación de la Fiscalía contra 23 personas se eleva a juicio por presunta estafa mayor e infracción a la Ley Orgánica del Banco Central.
A continuación, cinco claves para entender qué está pasando.
Origen y magnitud del caso
El caso Aldesa nace del colapso del grupo bursátil y de inversiones Aldesa, que en 2019 enfrentó problemas de liquidez y dejó de honrar sus obligaciones con inversionistas, generando un proceso penal por presunta estafa.
El Ministerio Público lleva el proceso luego de que la firma no pudo pagar deudas por unos $200 millones a sus inversionistas, lo que explica el carácter de “caso emblemático” en materia financiera.
Han pasado alrededor de siete años desde el inicio de la investigación penal, lo que llevó a que el expediente fuera declarado de “tramitación compleja” por el volumen de pruebas y personas involucradas.
¿Qué acusa la Fiscalía?
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual presentó una acusación y solicitud de apertura a juicio contra 23 personas, entre directivos, gerentes y corredores de bolsa del grupo Aldesa, por presunta estafa mayor y otros delitos vinculados a la Ley Orgánica del Banco Central.
Según la acusación citada por La Nación, el Ministerio Público sostiene que Aldesa habría utilizado un “mimetismo” entre sus sociedades reguladas y no reguladas: compartían domicilio, oficinas, personal y sistemas, de forma que los inversionistas creyeran que todo el grupo estaba supervisado por la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
De acuerdo con ese expediente, recursos captados mediante empresas reguladas (como Aldesa Puesto de Bolsa o la sociedad de fondos de inversión) habrían terminado invertidos sin conocimiento de los inversionistas en sociedades no supervisadas, en proyectos privados “altamente especulativos”, poniendo en riesgo su patrimonio.
¿Qué se está decidiendo en la audiencia preliminar?
La audiencia preliminar fue señalada inicialmente del 3 de agosto al 30 de noviembre de 2026, de lunes a viernes entre las 5 p. m. y las 11 p. m. Sin embargo, recursos planteados contra ese horario retrasaron el inicio efectivo. Tras declararse inadmisibles varias apelaciones, la etapa se reanudó y el 25 de agosto comenzó formalmente la lectura de la acusación fiscal.
Esta etapa es oral y privada, y no sirve para declarar culpabilidad o inocencia, sino para que la jueza o juez analice la acusación de la Fiscalía, las querellas privadas y las acciones civiles resarcitorias, y decida si existen elementos suficientes para abrir un juicio oral y público.
El Tribunal Penal del mismo circuito declaró “inadmisibles” los recursos de apelación de varias defensas contra ese señalamiento en horario vespertino, lo que despeja el camino para que la audiencia se realice y se resuelva si el caso pasa o no a juicio.
Papel de los reguladores y sanciones administrativas
En paralelo al proceso penal, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ya concluyeron un procedimiento administrativo sancionatorio ligado al caso.
En 2023, Sugeval impuso multas que sumaron ¢927,6 millones a Aldesa Puesto de Bolsa, a su expresidente Javier Chaves y a varios funcionarios vinculados con la intermediación bursátil, por irregularidades identificadas en el procedimiento administrativo.
¿Qué está en juego para inversionistas y el sistema financiero?
La audiencia preliminar definirá si la acusación de la Fiscalía pasa a un debate oral y público, donde se ventilarían en detalle las presuntas maniobras fraudulentas y la eventual responsabilidad penal de los imputados.
Según la acusación, muchos inversionistas firmaron contratos con empresas reguladas de Aldesa y recibían sus intereses por medio de Aldesa Puesto de Bolsa, lo que les hacía creer que su relación era con una entidad supervisada, cuando en realidad los fondos habrían sido canalizados a sociedades no reguladas; el desenlace del proceso será clave para establecer si hubo engaño punible y qué reparación podría lograrse por la vía penal y civil.
Más allá del caso específico, las sanciones de Sugeval y el avance de la causa penal se leen como un precedente importante para la supervisión del mercado de valores y la confianza de los inversionistas en los mecanismos de regulación financiera del país.
