EscucharEl salario real del sector público todavía no supera completamente el recibido por los funcionarios previo a la pandemia en 2020.
El término “salario real” se refiere a la remuneración ajustada por los cambios en la inflación. Que este indicador siga por debajo de los números de la prepandemia (febrero 2020) quiere decir que el poder adquisitivo de este tipo de empleados no supera los niveles de hace cinco años.
De acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), en julio de este año únicamente los salarios de calificación media alcanzaron el nivel prepandémico, mientras que los de calificación baja y media siguen por debajo, aunque han recuperado cierto terreno.
Al observar el quinquenio, es posible detectar un comportamiento variable con altas y bajas considerables, sobre todo en los primeros años.
Entre 2020 y 2023 es cuando estos salarios se vieron más golpeados. Es a partir del segundo semestre del 2023 que empezó a darse una tendencia de mejora, pero todavía no es una recuperación completa, por lo menos no para todas las calificaciones.
Ese impulso podría estar explicado en buena medida por una inflación que se ha mantenido principalmente negativa desde mediados del 2023. Es decir, la recuperación no se explica necesariamente por un aumento en los pagos a estos trabajadores, sino más bien por los registros negativos de la inflación en los últimos meses.
“Si el IPC baja, aunque una persona gane ¢100.000 y se mantenga con esa misma cantidad, al transformar el indicador de nominal a real una inflación baja o negativa juega a favor del salario real y se refleja en su alza“, explicó José Francisco Pacheco, exviceministro de Hacienda y economista.
Este fenómeno se da mendio de la aplicación regla fiscal: en julio de 2019, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) determinó que cuando la deuda soberana supere el 60% del Producto Interno Bruto (PIB), las remuneraciones del sector público no están autorizadas a recibir aumentos por costo de vida. Ese límite se superó desde 2020, lo cual explica la caída en los salarios reales desde entonces, a pesar de haber transcurrido ya cinco años.
¿Podría cambiar esta tendencia?
El Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario para 2026 podría brindar un alivio limitado a los funcionarios públicos, cuyos salarios permanecen congelados desde 2020 por la regla fiscal. El incremento, sin embargo, sería condicionado y no automático
El mismo fue presentado el 1.º de septiembre por el Ministerio de Hacienda, y en él se establece que las entidades públicas deben prever en su presupuesto anual un ajuste de hasta ¢10.000 por costo de la vida.
Ese monto debe entenderse como una provisión presupuestaria, no como un aumento automático o definitivo, según lo aclaró el viceministro de egresos, Luis Antonio Molina, ante una consulta de El Financiero.
Además, la modificación solo se aplicaría si se emite un decreto oficial y se cumplen los lineamientos de política salarial del sector público. Para lograrlo, se requeriría la creación de una comisión técnica integrada por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, la Dirección de Servicio Civil y el Ministerio de Planificación (Mideplan), encargada de definir en qué casos procede el ajuste y bajo qué condiciones.
De acuerdo con el jerarca del Ministerio de Hacienda, Rudolf Lücke, el aumento sería posible gracias a la reducción de la deuda del Gobierno Central, que bajó de 63,0% a 57,4% del PIB entre diciembre de 2022 y junio de 2025. Bajar de ese límite del 60% permitiría descongelar algunos salarios.
De aprobarse, esta propuesta elevaría ligeramente el salario nominal. Qué pase con el salario real dependerá también del comportamiento de los precios. El Banco Central proyecta que en 2026 la inflación subirá, pero relativamente poco: cerraría por debajo del 2%.
¿Salario compuesto o global?
En Costa Rica, el salario compuesto corresponde a la suma del salario base más los diferentes pluses que recibe un trabajador, como anualidades, dedicación exclusiva, carrera profesional u otros incentivos.
En contraste, el global es un monto único que integra en una sola cifra tanto el salario base como los posibles incentivos. Fue introducido con la Ley Marco de Empleo Público de 2022 y aplica para las nuevas contrataciones.
Una vez aclaradas sus definiciones, debe saber que el ajuste del proyecto presentado alcanzaría únicamente a los salarios base de los puestos con escala de salarios compuestos, siempre que no superen el salario global de referencia de cada categoría.
Con base en un informe reciente de El Financiero, el proyecto prevé un gasto total de ¢12,8 billones (3,1% más que en 2025) con ¢3,1 billones destinados a financiar 154.723 puestos.
Del total de puestos públicos, cerca del 87% corresponden a salarios compuestos, por lo que unas 134.487 personas podrían beneficiarse si cumplen con los topes establecidos. En contraste, 20.236 funcionarios con salario global quedarían fuera de dicho ajuste.
De esta forma, el proyecto de aumento presupuestario conlleva un crecimiento de gasto corriente del 4,63% respecto al del año en curso. En consecuencia, también contempla 1.548 puestos nuevos, principalmente en los ministerios de Seguridad Pública y Educación Pública, y la eliminación de 100 cargos en distintas instituciones, 42 de ellos en el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Sector privado crece, pero gana menos que el público
Después de la presentación del Informe de Política Monetaria (IPM) de abril, y tras revisar los 12 meses previos, el Banco Central destacó que los sueldos reales totales del país crecieron un 7,3% a febrero. Ese impulso provino del sector privado, que registró un incremento promedio del 9,4% frente a un 4% en el sector público.
Por otro lado, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), confirman que el público concentra aproximadamente al 17% de la fuerza laboral del país. Aunque son los más afectados por la reducción de ingresos reales, también son quienes perciben, en promedio, los salarios más elevados.
Según datos del INEC, en enero de este año el ingreso promedio del sector público alcanzó los ¢979.397, cifra que supera el doble del privado, situado en ¢474.855.
Sobre esto, Jorge Benavides, economista, aseguró que “nunca se podrá equiparar el nivel de ingresos del sector público con el privado, donde la competitividad permite que quienes tienen mayor preparación o desempeñan puestos más demandados puedan ganar más”.
En contraste, consideró que en el público los salarios se rigen por escalas globales, con un crecimiento prácticamente nulo, limitado a anualidades y algunos beneficios de convenciones colectivas que en muchos casos ya no aplican.
