Un 57% de los gastos obedecen a mandatos legales

Por: Eugenia Soto Morales 20 octubre, 2013

El problema fiscal que padece el país se origina, en parte, de las fallas en la estructura del Estado.

Pese a una prohibición constitucional de aumentar los gastos presupuestados por el Poder Ejecutivo sin haberse identificado nuevos ingresos, la Asamblea Legislativa continúa aprobando nuevas obligaciones en la forma de destinos específicos.

Para 2014, un 34,4% de los egresos presupuestados por el Ministerio de Hacienda están establecidos por mandato constitucional y un 22,5% por disposiciones legales.

Sin reforma fiscal, las obligaciones del Gobierno representarían el 51% del PIB en el 2018.
Sin reforma fiscal, las obligaciones del Gobierno representarían el 51% del PIB en el 2018.

Si a estos se le suma los gastos ineludibles del Gobierno, como los salarios y el servicio de la deuda, solo un 5% del presupuesto tiene alguna flexibilidad.

El más grande de estos mandatos es el que destina fondos equivalentes al 8% de la producción nacional a la educación. Cumplir esta disposición significará un incremento del 1% del PIB en los gastos del Gobierno en 2014.

De igual forma, el Ejecutivo está obligado a trasladar un 7% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Los mandatos legales y constitucionales suman un 14% del PIB.
Los mandatos legales y constitucionales suman un 14% del PIB.

Por otra parte, durante años se ha ignorado la disposición constitucional que prohíbe que los gastos excedan los ingresos probables.

Poco músculo

Otro eslabón defectuoso, según el documento “En ruta hacia la consolidación fiscal: una agenda para el diálogo nacional”, del Ministerio de Hacienda, es el proceso presupuestario dividido en el sector público.

Los gastos del Gobierno Central deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa.

Mientras tanto, la Contraloría General de la República es la encargada de darle el visto bueno a los presupuestos del resto del sector público.

Desde 2001 varias instituciones públicas como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y las universidades estatales quedaron excluidas del ámbito de la Autoridad Presupuestaria.

Para Hacienda, esta situación les resta la capacidad de proveer lineamientos presupuestarios a la totalidad del sector público.