El debate sobre la entrega total de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) no solo se libra en la Asamblea Legislativa y en mesas técnicas, también tiene el rostro de colectivos que buscan impulsar esta iniciativa.
Uno de ellos es el del Movimiento por la Devolución del ROP, representado por Walter Quesada.
En entrevista con El Financiero, defendió que la solicitud no implica una afectación al sistema nacional y afiliados, sino responder a necesidades inmediatas de un grupo que, afirma, se sienten engañados sobre los beneficios prometidos por el fondo.
―¿Cuál es el objetivo central del Movimiento por la Devolución del ROP?
Lo que solicitamos es que se permita la opción de retirar o mantener los dineros en cada Operadora de Pensión (OPC). Nuestro principal argumento es que, con los transitorios, las personas podían retirarlo y la decisión sobre el dinero es de cada uno.
En el Transitorio XIX, a quienes tenían derecho a pensión antes del 1º de enero de 2021, se les autorizó “vaciar” el fondo en plazos de 30 mensualidades o cuatro giros de 25% cada nueve meses.
El Transitorio XX, aplicable a quienes se jubilan entre 2021 y 2030, habilita rentas temporales ligadas al número de cuotas cotizadas. Por ejemplo, si alguien tiene 200 cuotas reportadas, el ROP se le paga en 200 mensualidades.
“Probablemente muchos no necesitan el dinero ya, pero quienes sufrimos el impacto de la pandemia, minusvalías, baja rentabilidad y vemos disminuciones en los activos individuales del ROP, sí”, dijo Quesada.
Nos prometieron beneficios que se están convirtiendo en pérdidas. Pagar las deudas actuales con ese dinero nos traerá más beneficios que mantenerlo en el fondo, lo cual solo nos prolonga las pérdidas y únicamente nos brinda montos insuficientes que disminuyen cada mes.
Quienes estén en desacuerdo y prefieran una devolución en tractos durante su vejez, pueden hacerlo. La iniciativa, en lugar de eliminar alternativas, las amplía.
―¿Qué acciones concretas tomaron?
Anteriormente, elaboramos una carta dirigida al presidente de la República para que convocara las iniciativas que buscan la devolución del ROP en período extraordinario.
Intentamos entregar la carta en Casa Presidencial, pero no nos la recibieron. Después hicimos una actividad frente a la Asamblea Legislativa y entregamos las firmas a la diputada Ada Acuña, quien intenta reformar la Ley Protección al Trabajador para devolvernos el ROP (proyecto de ley 24.984).
―Las OPC y la Superintendencia de Pensiones (Supén) han advertido sobre los riesgos a la estabilidad del mercado financiero nacional y el dinero de todos los afiliados, ¿tienen en cuenta esas posibles repercusiones?
Hemos escuchado esos argumentos, pero creemos que lo están sobredimensionando; no vamos a vaciar el sistema.
Además, no estamos planteando necesariamente que se entregue todo de una vez. Puede hacerse en plazos, pero si son muy largos no sería viable.
Muchas personas están enfermas o en situaciones complicadas y necesitan esos recursos ahora para mejorar su calidad de vida lo más pronto posible.
Podríamos considerar retiros cada dos o hasta tres años. Lo que no queremos es que nos lo entreguen cuando ya no podamos disfrutarlo.
Con los transitorios realizaron devoluciones sin que se produjera una debacle económica.
―¿Están conscientes del debilitamiento del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y la función del ROP como un complemento?
El tema del IVM debe resolverse con otros mecanismos de financiamiento. Ya cotizamos por décadas para sostener el sistema de salud y pensiones.
Además, los montos que entrega el ROP mensualmente no compensarían una afectación en el régimen básico en el futuro. Lo que sentimos es que se está sacrificando a los pensionados para cubrir problemas de gestión y deudas que el propio Estado mantiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El Movimiento elaboró un documento junto al economista Leiner Vargas, en el que se detallan diez razones para autorizar la devolución del ROP a los afiliados que así lo prefieran.
Entre ellas, se encuentran las expuestas por Quesada, pero también se señala la insatisfacción con lo que consideran “altas comisiones para un fondo ya maduro”.
Según los involucrados, los montos de los aportes obligatorios que se deducen a los asalariados no son congruentes con la permanencia durante poco más de 25 años del fondo, sobre todo cuando “el esfuerzo de administración es mínimo”.
Sobre el riesgo macroeconómico de una devolución anticipada, declara textualmente que esta acción “no genera inflación, no eleva tasas de interés y no desestabiliza la economía. Costa Rica ya lo hizo antes sin consecuencias negativas”.
