El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030 trazó las prioridades de Costa Rica para los próximos cuatro años. En el ámbito del Sistema Financiero Nacional (SFN), el documento gubernamental reservó un rol central a la banca estatal y a la autoridad monetaria para impulsar el crecimiento económico, ampliar la inclusión financiera y respaldar la estabilidad de las finanzas públicas.
Para cumplir estos objetivos, el PNDIP asignó a las entidades bancarias del Estado una estimación presupuestaria de ¢286.847,6 millones. Estos recursos financiarán un paquete de 11 intervenciones públicas orientadas a alcanzar 13 metas de impacto directo entre 2027 y 2030.
El diagnóstico oficial toma como base el dinamismo del sector financiero y de seguros, actividad que en 2025 registró un incremento del 7,4%, impulsada por la estabilidad bancaria y la apertura en el mercado de seguros. Del total de intervenciones fijadas para los bancos, dos están directamente vinculadas con las metas de largo plazo del Plan Estratégico Nacional (PEN) 2050 y dos atienden compromisos normativos asumidos tras la adhesión del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Las 11 intervenciones y 13 metas que asumirá la banca pública
El PNDIP estructura la acción del sector financiero a través de 11 intervenciones públicas que abarcan 13 metas específicas, diseñadas para atender cuellos de botella crediticios, inclusión social y estabilidad del sistema.
Dentro de este conjunto de 11 intervenciones públicas, destacan iniciativas dirigidas a democratizar el acceso al capital y brindar apoyo a sectores clave de la producción nacional:
- Programa de Financiamiento Banca de Desarrollo (BNCR): Enfocado en colocar recursos en micro, pequeñas y medianas empresas mediante el Sistema Banca para el Desarrollo (SBD).
- Programa BN Libertad Financiera (BNCR): Orientado al acompañamiento y financiamiento de proyectos productivos con impacto social.
- Líneas de crédito para encadenamientos productivos: Esquemas de financiamiento diseñados para conectar a productores locales con mercados de exportación.
- Financiamiento para la agroindustria: Recursos adaptados a la transformación de materias primas en zonas rurales.
- Impulso crediticio a la bioeconomía: Fondos destinados a proyectos de producción sostenible y bajo impacto ambiental.
- Programa de apoyo al sector cooperativo: Financiamiento y acompañamiento técnico a organizaciones cooperativas en regiones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).
- Diversificación de productos de ahorro: Desarrollo de instrumentos bancarios accesibles para poblaciones con menor inclusión financiera.
- Diversificación de productos de crédito regional: Creación de líneas de préstamo con periodos de gracia y condiciones diferenciadas por territorio.
- Estrategia nacional de educación financiera: Capacitación integral a familias y emprendedores para mejorar la gestión del dinero.
- Gestión cambiaria para amortización de deuda (BCCR): Mecanismo de uso estratégico de divisas para aliviar las presiones del endeudamiento estatal.
- Garantía de estabilidad sistémica y liquidez: Acciones de supervisión y monitoreo del flujo monetario para resguardar la certidumbre del mercado.
En cuanto a las 13 metas de intervención pública fijadas para el cuatrienio, el PNDIP establece compromisos cuantitativos que abarcan el número de microempresas atendidas, el volumen de crédito colocado en zonas rurales, la cantidad de familias capacitadas en educación financiera, la incorporación de cooperativas a cadenas de valor y el cumplimiento de indicadores de estabilidad monetaria.
Educación financiera y crédito a la producción rural
Uno de los pilares del plan cuatrienal es la corrección de las asimetrías de acceso al crédito. El PNDIP encomienda al sector bancario la implementación de un sistema nacional de educación financiera para familias y emprendedores, con el fin de fomentar el ahorro y prevenir el sobreendeudamiento.
En paralelo, las directrices obligan a los bancos públicos a diversificar su oferta crediticia en las zonas periféricas. En las consultas ciudadanas realizadas durante la formulación del plan, diversos actores sociales demandaron esquemas de crédito que contemplen periodos de maduración adecuados para la producción, un análisis diferenciado del riesgo regulatorio y apoyos específicos para la agroindustria, la bioeconomía y el cooperativismo rural.
Autonomía del Banco Central y gestión cambiaria
En el terreno macroeconómico, el PNDIP reafirma el compromiso de garantizar la independencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR) en la conducción de la política cambiaria y en la estabilidad de precios.
Asimismo, la estrategia gubernamental plantea utilizar de forma estratégica los recursos cambiarios del Estado como una fuente alternativa para amortizar la deuda pública, la cual representó un 72,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025. Este mecanismo busca reducir la carga financiera del Gobierno Central sin afectar las reservas internacionales ni interferir en la política monetaria.
En materia de gobernanza, el documento señala que, mientras el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) incorporó mecanismos de participación ciudadana en la formulación de sus programas crediticios, entidades como el BCCR y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) ejecutarán sus intervenciones prioritarias bajo esquemas técnicos institucionalizados.
