EscucharEntregar el Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) de forma simultánea y total a los afiliados próximos a pensionarse no sería un simple alivio individual; podría erosionar el valor de los propios ahorros y generar tensiones capaces de sacudir el mercado financiero nacional.
Este fondo, segundo pilar del sistema de pensiones en Costa Rica, funciona como un ahorro individual que se construye a lo largo de la vida laboral y que complementa la pensión que otorga el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Para acumularlo, cada mes los trabajadores y patronos realizan aportes que se invierten y administran por las Operadoras de Pensión Complementaria (OPC).
Los recursos no están disponibles de forma inmediata cuando se alcanza la jubilación, sino que se invierten durante años con la finalidad de generar un ingreso adicional cuando la persona se pensione a los 65 años, o de forma anticipada según la cantidad de cuotas que haya acumulado hasta ese momento.
El retiro, en condiciones normales, ocurre cuando el afiliado obtiene una pensión del régimen básico. En ese momento, el ahorro puede entregarse mediante una renta permanente, retiro programado, renta temporal y vitalicia, aunque esta última no es ofrecida regularmente en el país todavía.
Sin embargo, ninguna de ellas permite recibir la totalidad del dinero ahorrado de forma inmediata o en un solo pago, a excepción de las personas en condición de enfermedad terminal debidamente certificada por la CCSS.
Este diseño busca que el ROP cumpla una función de suministro de recursos a largo plazo y evite que el dinero se agote en pocos años, ya que su propósito central es complementar la pensión básica durante el periodo de jubilación y no convertirse en un ingreso inmediato.
Es decir, los modelos están estructurados para beneficios o pagos mensuales (desacumulación) con el fin de prolongar el ingreso, mas no una erogación única.
A noviembre de 2025, la Superintendencia General de Pensiones (Supén) registró una totalidad de activos que asciende a los ¢14,1 billones. Es decir, son los montos que los afiliados han acumulado con sus aportes junto a los rendimientos obtenidos a través de inversiones diversificadas entre instrumentos nacionales e internacionales.
Varios grupos sociales presionan el avance de propuestas para permitir el retiro total de la pensión complementaria, entre ellos la Asociación Costarricense de Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (Acojupema), el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna y el Movimiento por la Devolución del ROP.
Walter Quesada, representante de este último, aseguró en una entrevista con este medio que permitir el retiro total, o al menos opcional, de los fondos no desestabilizaría el sistema, sino que atendería necesidades urgentes de personas que se sienten defraudadas por lo que consideran una baja rentabilidad.
Argumentó que los Transitorios XIX y XX habilitaron retiros sin provocar una crisis, por lo que la decisión sobre el ahorro debe recaer en cada afiliado y, en muchos casos, “usar hoy ese dinero para pagar deudas o enfrentar enfermedades generaría más bienestar que mantenerlos en la operadora”.
Los transitorios son modalidades especiales de retiro, reguladas por la Ley 9906, que permiten a los afiliados, sobre todo aquellos que se jubilaron antes del 1 de enero de 2021, retirar su dinero en plazos acelerados o rentas temporales.
Algunos diputados han presentado propuestas ante la Asamblea Legislativa para cumplir estas demandas, apoyados por estos colectivos.
Entre los expedientes, se encuentran la Reforma a la Ley de Protección al Trabajador para la aplicación y retiro del ROP (24.984), impulsado por la diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Ada Acuña.
Por su parte, el diputado independiente Gilberth Jiménez planteó el proyecto 24.955, el cual tiene por objetivo reformar tres artículos de la Ley de Protección al Trabajador para permitir el retiro total del fondo de pensión una vez alcanzados los 65 años de edad.
Siete miembros de la Asamblea, Rocío Alfaro, Priscilla Vindas, Antonio Ortega, Ariel Robles, Johnatan Acuña y Sofía Guillén del Partido Frente Amplio (FA) junto a Katherine Moreira del Partido Liberación Nacional (PLN) también se unieron para presentar una reforma el Transitorio XX de la misma ley.
El cambio haría que quienes se pensionen entre el 1.° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2029 puedan retirar el ROP en rentas temporales durante 24 meses hasta agotar su fondo.
Al consultar la postura de Supén con el suérintendente Hermes Alvarado, afirmó que una devolución total y simultánea implicaría “riesgos para los propios afiliados y para el mercado”: obligaría a liquidar inversiones antes de tiempo, podría generar pérdidas, reducir rendimientos futuros e incluso presionar variables como la inflación.
No obstante, señaló que existe disposición de la Superintendencia a escuchar alternativas que protejan a todas las partes, como retiros parciales condicionados.
Es claro que el dinero del ROP está en mente de muchos y no solo de los trabajadores propietarios. Diputados y grupos de ciudadanos tienen el interés de hacer algún ajuste de las reglas, aunque también topan con criterios opuestos a la liberalización de los fondos. Además fue un tema discutido en la pasada campaña política.
Más allá de los diferentes intereses, es útil volver a la pregunta: ¿qué pasa si se devuelve el total del ROP a cada persona que se pensione o esté cerca de hacerlo?
Para intentar dar respuesta planteamos un escenario hipotético de devolución. En caso de que se apruebe alguna modificación que permita el retiro total de este fondo, seleccionamos el grupo etario más próximo a pensionarse. Para eso usamos una clasificación etaria que Supén también emplea.
Se trata de los afiliados al ROP con edades entre los 59 y 100 años. Estas 462.380 personas se encuentran distribuidas entre 164.431 mujeres, 297.740 hombres y 209 no identificados a noviembre del 2025.
Asimismo, representan el 14% del total de afiliados al fondo a esa fecha (3,2 millones).
De acuerdo con los datos de la Superintendencia, los ahorros de esos afiliados conforman ¢2,08 billones del total del fondo, lo que involucra un 15% de los activos del ROP. Esto también se traduce en ¢4,5 millones por afiliado, en promedio y a la fecha actual.
De las operadoras, Popular Pensiones es la que acumula la mayor proporción de este monto, con ¢912.833 millones, seguido por BN Vital (¢456.824 millones) y Vida Plena (¢278.856 millones).
Le siguen BCR Pensiones (¢226 936 millones), BAC Pensiones y la OPC de la CCSS tienen las porciones más bajas, con ¢157.643 millones y ¢52.031 millones respectivamente.
Ese 15%, aunque no luce elevado en términos relativos, adquiere otra dimensión cuando se observa su impacto potencial sobre el sistema de pensiones y la economía en general.
Para Malberth Cerdas, docente de la Universidad Fidélitas y especialista en pensiones, una salida concentrada de recursos del ROP no es neutra para quienes retiran el dinero ni para el mercado financiero.
En primer lugar, advirtió que, más allá de si el retiro resulta conveniente o no a nivel individual, se debe tomar en cuenta que algunas personas usan estos recursos con una lógica de corto plazo.
Además, es de resaltar que el ROP todavía no alcanza su punto de madurez, es decir, quienes se van jubilando no cotizaron durante toda su vida laboral debido a que el fondo fue creado en marzo del año 2000. Hoy, quienes empezaron en esa fecha tienen apenas 25 años de ahorro.
Por eso, pensar en recibir los recursos en un solo tracto como el pago de una pensión completa de forma inmediata es incorrecto.
Dos posibles vías
Desde la perspectiva del sistema financiero, Cerdas planteó dos vías para los activos del ROP ante una eventual salida masiva de recursos.
La primera sería que las OPC vendan bonos del Gobierno y del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para generar liquidez. Sin embargo, “como los fondos de pensión son los principales compradores de estos instrumentos en el país, si pasan de comprar a vender habrá un exceso de bonos en el mercado y eso provoca una caída en los precios”.
Los fondos actúan como compradores netos, es decir, adquieren más de lo que venden. Ante la necesidad de vender rápidamente por la urgencia de una entrega masiva de recursos a los jubilados, ese papel se invierte.
Como resultado, se genera un exceso de bonos con precio más bajo en el mercado para lograr colocarlos pronto. Es decir, los activos pasan a tener un menor valor, por lo que quienes se jubilen en ese momento recibirían una cantidad más reducida de dinero.
Para las personas que permanecen en el sistema, el efecto sería mayormente transitorio, ya que los precios tendrían oportunidad de normalizarse una vez concluida la ola de retiros. Pero no quedarían inmunes del todo.
La segunda vía que consideró Cerdas es la venta de inversiones internacionales, en cuyo caso el ingreso de dólares al país presionaría el mercado cambiario local y podría provocar ajustes en el tipo de cambio.
Incluso, las operadoras podrían optar por una combinación de ambos caminos, dado el tamaño del mercado costarricense y los volúmenes involucrados.
Si bien existen varias rutas que podrían tomar las OPC para sobrellevar un posible retiro masivo y total del fondo de pensión complementaria por parte de los jubilados, no hay una que esté exenta de riesgos.
Sistema de largo plazo, no para una salida masiva
Las seis Operadoras de Pensión coincidieron en que un retiro del 15% del total del ROP, equivalente a ¢2,08 billones, no forma parte de los escenarios para los que están diseñados estos fondos.
José Manuel Ávila, gerente comercial de BCR Pensiones, explicó que una salida de ese tamaño “es un movimiento extraordinario que no se encuentra contemplado en la planificación estratégica de los fondos”.
Aclaró que los afiliados siempre recibirían sus recursos, aún cuando el proceso podría tardar más de lo habitual por el gran volumen de trámites que ocurrirían al mismo tiempo en todas las operadoras.
Desde Vida Plena Pensiones, Gregory Quirós, gerente general, señaló que estas entidades mantienen niveles de liquidez para atender pagos regulares, pero no para un retiro total y simultáneo.
Por eso, sostener un nivel de liquidez como el planteado implicaría una disminución en la rentabilidad, con efectos directos para los pensionados y los afiliados activos que se mantengan dentro.
Una visión más restrictiva planteó Marco Vargas, gerente general de BN Vital, quien advirtió que el mercado costarricense no tiene la profundidad suficiente para absorber una liquidación de activos de esta magnitud sin efectos adversos.
“Si esto ocurriera, se deberán vender forzosamente los activos, causando una crisis de precios a la baja y con ello afectando a todos los participantes del fondo, que registrarían pérdidas por valoración. Todos, los que salen y los que se quedan, verán reducidos sus montos ahorrados”, afirmó.
Por eso, consideró que un retiro de este tamaño solo podría atenderse de manera gradual, en un plazo mínimo de cinco años, mientras se utilizan los vencimientos naturales de los instrumentos y un flujo de cupones para minimizar impactos negativos en los ahorros de los afiliados y en las condiciones macroeconómicas.
“Al redimir anticipadamente, el mercado pide un descuento, lo que implica que los precios de los títulos valores en el mercado bajan de precio. Esto afecta a los afiliados, a los fondos de inversión e incluso al IVM”, aseguró Héctor Maggi, gerente de la OPC de la Caja.
Bajo el análisis de Ávila, la alternativa más viable sería realizar una venta combinada de activos locales e internacionales para mantener dentro de los límites regulatorios y de riesgo. Sin embargo, los riesgos se elevan si la oferta de títulos pierde valor en el proceso.
¿Cuáles serían los efectos?
Una eventual salida masiva de recursos del ROP tendría efectos que van más allá de la persona jubilada; incluso, podría llegar a afectar la economía nacional debido a la influencia de sus inversiones.
Para empezar, un 39% (¢5,49 billones) de los portafolios de pensión se encuentran invertidos en instrumentos internacionales, principalmente denominados en dólares.
Llegar a acumular tal cantidad en el extranjero no fue algo que se logró de la noche a la mañana; se realizó de forma paulatina conforme los activos ganaban el suficiente valor hasta ser atractivos para operaciones fuera del país.
En caso de un retiro masivo, esas inversiones que se construyeron poco a poco durante años tendrían liquidarse a la mayor brevedad, lo que provocaría una presión a la baja sobre el tipo de cambio por el ingreso repentino de grandes volúmenes de divisas al mercado local.
Vargas, de BN Vital, coincidió en que este proceso provocaría una apreciación acelerada del colón, con efectos negativos sobre la competitividad del sector exportador y de las empresas que generan ingresos en dólares.
Se trataría de un ajuste originado en un movimiento financiero puntual y no en condiciones económicas de fondo, como ocurriría ante un alto flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) o un repunte en las exportaciones.
“Existen riesgos macroeconómicos adicionales como la inflación, pues frente a la disponibilidad repentina de una gran masa de recursos, se podría generar una presión generalizada en los precios”, agregó Ana María Brenes, gerente de BAC Pensiones.
Una liberación simultánea de dinero hacia miles de personas les da más recursos disponibles para el gasto, lo que aumenta el consumo en el corto plazo. Por ende, se producen presiones inflacionarias que, eventualmente, obligarían al Banco Central a ajustar su política monetaria mediante aumentos en las tasas de interés.
Un entorno de mayores tasas tendría un impacto directo en el costo del crédito para hogares y empresas, lo que encarece el financiamiento y afecta tanto el consumo como la inversión productiva.
El hecho de que las operadoras pasen de ser compradoras netas a vendedoras de forma repentina también implica una menor capacidad para invertir en títulos del Ministerio de Hacienda.
Es decir, en poco tiempo, la institución que administra el financiamiento del Gobierno perdería gran parte del mismo, de modo que las presiones sobre las finanzas públicas se harían más presentes.
Gregory Quirós, de Vida Plena, aseguró que la combinación de apreciación cambiaria, mayor inflación y tasas de interés al alza podrían afectar la estabilidad del mercado financiero y reducir los márgenes de maniobra para el sector público y el privado.
Asimismo, Maggi indicó que estos movimientos podrían generar distorsiones temporales en el mercado financiero similares a las ocurridas en Chile y Perú.
En Chile, durante la pandemia se aprobaron varias reformas constitucionales para permitir retiros extraordinarios de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), lo que terminó por sacar del sistema cerca de 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) en recursos previsionales y redujo fuertemente los activos administrados.
El Congreso de Perú, por su parte, autorizó en el mismo periodo que cerca de seis millones de afiliados sacaran parte o la totalidad de su fondo. Como resultado, alrededor de cuatro millones de personas quedaron con sus cuentas en cero o casi sin ahorro para la jubilación.
Ajustes de inversión y estructura
Porras, de Popular Pensiones, explicó que un retiro masivo obligaría a replantear la estrategia de inversión del ROP, transformándolo en un fondo con un horizonte más corto y, por ende, con menores rendimientos esperados.
Este ajuste tendría un impacto directo sobre la rentabilidad futura y el monto de las pensiones, sobre todo al tener en cuenta que una parte significativa del ahorro acumulado proviene de los rendimientos generados a lo largo del tiempo.
“Las inversiones de los fondos de pensión se realizan siguiendo una planificación estratégica, que incluye una caracterización de la población, proyecciones demográficas y financieras y varios supuestos de largo plazo. Este cambio traería una modificación importante en los supuestos”, comentó José Manuel Ávila, gerente comercial de BCR Pensiones, sobre el tema.
Una reducción en el saldo administrado tendría implicaciones directas sobre la estructura financiera de las OPC.
Según explicó Maggi, una menor base de activos conllevaría una caída de los ingresos por concepto de administración, lo que obligaría a estas entidades a realizar ajustes en sus gastos.
Estos recortes podrían afectar rubros clave para la operación, como los recursos destinados a la atención de los afiliados, el fortalecimiento de los sistemas tecnológicos y la ciberseguridad.
El riesgo de depender del IVM
El ROP fue concebido para complementar el IVM, por lo que su eventual retiro total y uso a corto plazo podría incrementar la dependencia de algunas personas en los recursos que otorga el IVM.
“La pensión del régimen básico representa entre un 45% y un 60% del salario medio del trabajador al momento de pensionarse, lo cual se conoce como tasa de reemplazo. De acuerdo con estudios actuariales, el ROP aporta entre un 20% y un 25% adicional. Devolver anticipadamente despojaría a la persona pensionada de ese extra”, determinó Porras.
Hay que recordar que nos encontramos en un contexto de desequilibrio estructural entre lo que entra y lo que sale del IVM, envejecimiento de la población, aumento de pensionados y la deuda con el Estado.
La presión sobre este régimen se intensificó al punto que ya debe recurrir a sus reservas para poder pagar las pensiones actuales, lo que acelera el riesgo de que se agoten en las próximas décadas si no se realizan reformas.
Es decir, hay un doble riesgo. Primero, la pérdida de ingresos futuros al recibir el ROP en un solo tracto. Segundo, que el fondo del cual dependan en su totalidad también peligre durante su vejez; en palabras simples: la pérdida de respaldo.
El escenario que planteamos no es una realidad; se trata de un ejercicio hipotético construido a partir de datos oficiales y supuestos técnicos para dimensionar qué ocurriría si una parte significativa de los recursos del ROP saliera del sistema en unos pocos meses.
El ROP es de cada uno de los trabajadores, no hay duda alguna en eso. Pero es útil pensar en cuál es la manera más inteligente de utilizarlo, en especial si hablamos de la vejez de la población, una etapa en la que somos o seremos demandantes de recursos para sostener una buena calidad de vida.
