El extesorero del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) Ricardo Alonso Olivas Valle fue sentenciado a 330 años de cárcel tras ser hallado culpable de 33 delitos de peculado. A Olivas se le señaló como el único responsable de la sustracción de ¢3.294 millones del Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE), un caso que se conoció públicamente en octubre de 2023.
A pesar del monto global fijado por la autoridad judicial, la pena fue readecuada a 30 años de prisión en aplicación de las normas del concurso material. Este principio aplica cuando una persona comete múltiples faltas en distintos momentos y establece que la sanción no puede superar el triple de la pena mayor impuesta, la cual se fijó en diez años por cada delito cometidos.
El mayor desfalco de dinero público en el país
Durante la fundamentación de la sentencia, el juez Franz Paniagua remarcó la dimensión del delito ejecutado en la estructura bancaria. “Es la mayor sustracción de dinero en efectivo, cometida en perjuicio de una institución pública en nuestro país”, aseveró el juzgador para justificar la severidad de la pena.
Según la acusación formulada por el Ministerio Público, el exfuncionario retiró el dinero de las bóvedas de manera paulatina utilizando sobres de manila para ocultar los fajos de billetes. Las investigaciones relacionaron estas acciones con compras millonarias de lotería realizadas por el imputado, en las que utilizaba billetes de alta denominación de hasta ¢50.000.
El debate oral y público se extendió durante casi tres meses antes de concluir el 13 de agosto. En esta etapa, el tribunal examinó numerosa prueba documental y pericial, además de analizar cerca de 700 videos de las cámaras de seguridad del banco estatal. Aunque la defensa solicitó la absolutoria por duda o una pena mínima por un único delito, los jueces acogieron la tesis de los fiscales Ronald Segura y Carlos Manuel Benítez, quienes habían solicitado un total de 396 años de prisión.
Reacción institucional y refuerzo de controles
Luego de notificarse el fallo emitido por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, el BNCR expresó su satisfacción con el resultado del proceso judicial. La entidad bancaria enfatizó que la resolución constituye un paso relevante en la determinación de responsabilidades por el caso conocido como “Gallo Tapado”.
La institución sostuvo que fue la principal víctima de estos hechos, los cuales le provocaron un daño patrimonial de consideración y un impacto negativo en su reputación. El banco confirmó que mantendrá su participación en las etapas procesales pendientes para apoyar las gestiones orientadas a recuperar los fondos sustraídos.
Asimismo, la organización financiera comunicó que fortaleció sus sistemas de control interno, supervisión y gestión de riesgos. Mediante estas reformas, la entidad con 112 años de operar en el país busca mitigar la ocurrencia de hechos similares y resguardar la confianza de los usuarios en el sistema bancario.
