EscucharEs difícil reprochar a quienes celebran la caída de los teócratas iraníes que han asesinado a tiros a gran parte de su pueblo -algunas estimaciones llegan a hablar de 30.000 víctimas solo en los últimos meses-. Al mismo tiempo, el ataque aéreo contra Irán lanzado por Estados Unidos e Israel anuncia un período de violencia indisciplinada, ilegal y arbitraria que será difícil de contener.
Los estadounidenses, y sus supuestos amigos en la escena mundial, deberían mirar más allá de los objetivos impopulares de la violencia actual y preguntarse cómo podría perpetrarse esa violencia mañana. Con un presidente que no se rige por los hechos ni por la legalidad, la respuesta es inquietante: la violencia estatal podría utilizarse no solo en la esfera internacional, y no solo contra regímenes tiránicos, sino también en el propio país, contra aquellos considerados “enemigos” internos.
Una extraña coincidencia ilustra este riesgo: el mismo día en que comenzaron a caer las bombas sobre Teherán, el Washington Post reportó que la Casa Blanca pronto podría emitir una orden ejecutiva unilateral en la que se afirmaría el poder de controlar cómo y cuándo puede votar la población en las próximas elecciones de mitad de mandato de noviembre. Según se informa, la orden ejecutiva cita la seguridad nacional -la supuesta injerencia china- como motivo para imponer nuevas limitaciones al derecho de voto de los estadounidenses. Sin duda, la Casa Blanca y los republicanos del Congreso prevén que sus medidas harán más fácil mantener el control de la Cámara de Representantes y del Senado.
Trump se ha negado a decir que está a punto de emitir tal orden -pero también ocultó sus intenciones respecto de Irán al público estadounidense durante su discurso sobre el estado de la Unión tres días antes-. Y las posibilidades de que se produzca tal orden ejecutiva deben evaluarse a la luz de las actuales encuestas de opinión, que les dan a los demócratas una ventaja de unos seis puntos porcentuales.
Por otra parte, la iniciativa de redistribución de distritos electorales de Trump a mitad de ciclo, destinada a mantener el control de la Cámara de Representantes, se estancó por completo cuando una manipulación republicana de los distritos electorales en Texas se topó con una enérgica contraofensiva demócrata en California, y el estado de Indiana, mayoritariamente republicano, se opuso a su propia manipulación. Junto con la perspectiva de una corrección del mercado bursátil en los próximos meses, la Casa Blanca se encuentra bajo una creciente presión para lograr un milagro electoral.
Sin embargo, los presidentes no tienen autoridad, ni en virtud de la Constitución de los Estados Unidos ni de las leyes federales, para tomar ninguna de las medidas mencionadas por el Post, como prohibir el voto por correo y exigir la identificación de los votantes. El artículo I de la Constitución les otorga a los estados de Estados Unidos la facultad de establecer reglas para las elecciones parlamentarias, que pueden ser anuladas por el Congreso. Si bien los republicanos de la Cámara de Representantes han aprobado la denominada Ley SAVE, que incluye el requisito de identificación de los votantes, aún no es ley.
Un motivo de verdadera preocupación es que, como demuestran los ataques a Irán, la presidencia de Estados Unidos está particularmente poco sujeta por la ley en lo que respecta a la seguridad nacional, que es la supuesta base de la orden ejecutiva. La ausencia de autoridad legal no impidió los ataques contra Irán, que son ilegales según la Constitución de Estados Unidos, que le asigna al Congreso la facultad exclusiva de iniciar conflictos internacionales, y según el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas.
Por otra parte, las justificaciones de Trump para los ataques son, como señala el New York Times, “infundadas y exageradas”. Es más acertado decir simplemente que el presidente cree que puede mentir impunemente para desencadenar acciones militares potencialmente catastróficas a costa de cientos o miles de vidas.
Y eso también aplica en el ámbito nacional. La administración ha demostrado su habilidad para convertir las afirmaciones de que tiene amplia autoridad legal para actuar contra estados extranjeros en afirmaciones de que tiene una autoridad similar contra los ciudadanos estadounidenses. En al menos tres ocasiones, la afirmación de actuar externamente en nombre de la seguridad nacional se ha transformado en una afirmación de poder para actuar internamente.
Poco después de regresar a la Casa Blanca el año pasado, Trump ordenó a la fiscal general Pam Bondi que desafiara la ley promulgada por el Congreso -irónicamente, siguiendo el ejemplo del propio Trump- prohibiendo TikTok. Ella lo hizo, con éxito, con solo una vaga invocación de “los poderes presidenciales fundamentales en materia de seguridad nacional y asuntos exteriores”. El efecto de esta afirmación fue cambiar drásticamente la gama de opciones de redes sociales disponibles en Estados Unidos y sentar las bases para la compra de TikTok por parte de los compinches políticos del presidente.
O consideremos el poder del presidente para proscribir organizaciones terroristas. Esta facultad le es otorgada por una ley federal -que curiosamente se encuentra en las disposiciones sobre inmigración de la ley, y se aplica únicamente a organizaciones “extranjeras”-. Sin embargo, en septiembre del año pasado, Trump emitió una orden ejecutiva que proscribía las organizaciones “antifascistas” nacionales. Desde entonces, funcionarios del gabinete como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se han apresurado a tildar a los manifestantes civiles de “terroristas nacionales”.
Por último, las operaciones en las que murieron dos de esos manifestantes, Renee Good y Alex Pretti, también encarnan una domesticación del poder externo. Históricamente, la aplicación de la ley migratoria se ha centrado principalmente en la frontera. Al inundar las ciudades y los estados gobernados por los demócratas con agentes violentos y militarizados, Trump ha convertido la autoridad coercitiva del presidente, orientada al exterior, en una potente herramienta de represión política interna.
Existen, pues, motivos de sobra para creer que la administración Trump es capaz de manipular las facultades de seguridad nacional de la presidencia para convertirlas en un instrumento de anarquía interna. La propuesta de orden ejecutiva electoral es solo el ejemplo más reciente de este tipo de contraataque.
El hecho de que Trump haya podido utilizar el poder de seguridad nacional con un desprecio tan descarado por los hechos y la ley contra Irán solo lo envalentonará para volver a utilizar esos poderes. Y si el conflicto con Irán se prolonga -como parece probable-, podemos esperar que la Casa Blanca utilice el contexto de bombardeos y represalias como justificación para nuevas políticas internas.
Ni el Congreso ni los tribunales han podido impedir este tipo de reestructuración de las facultades en materia de política exterior en lo que respecta a TikTok, la designación de terroristas o el despliegue de agentes federales. Aún no está claro si otras ramas del poder se opondrían a una orden ejecutiva electoral.
En la reciente decisión arancelaria emitida por la Corte Suprema, su presidente, John Roberts, rechazó expresamente el argumento de que la facultad presidencial de imponer aranceles escapa a la revisión judicial simplemente por tratarse de una facultad de “asuntos exteriores”. Sin embargo, la Corte se ha mostrado menos escrupulosa con el derecho de voto que con los fundamentos estructurales del neoliberalismo económico, como el libre comercio y la independencia de la Reserva Federal.
Hoy en día, se ha evocado una emergencia de seguridad nacional como un cuchillo que ataca a los déspotas teocráticos de Irán. Pero por poca simpatía que merezca el régimen iraní, conviene recordar que mañana la espada podría volverse en nuestra contra.
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Aziz Huq, profesor de Derecho en la Universidad de Chicago, es autor de The Collapse of Constitutional Remedies (Oxford University Press, 2021).
