Los juicios de Núremberg, abiertos en noviembre de 1945 contra destacadas figuras de la Alemania nazi tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial, cumplen este jueves el 80º aniversario desde su inicio, en un momento en el que el Derecho Internacional se tambalea ante el aumento de la impunidad contra la que los aliados pretendían luchar al inicio de estos procesos, que se extendieron durante cerca de un año y sentaron las bases del Derecho Penal Internacional.
Estos procedimientos estuvieron encabezados por el Tribunal Militar Internacional (TMI) -integrado por Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Reino Unido-, creado a raíz de la Carta de Núremberg, instrumento legal instaurado para condenar a los acusados por su papel en las atrocidades perpetradas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
La autoridad del TMI derivó del Acuerdo de Londres, firmado el 8 de agosto, precedido por las conclusiones de las Declaraciones de Moscú -incluida la Declaración sobre Atrocidades Alemanas, en la que se recogía la intención de castigar a los alemanes responsables de crímenes de guerra-, pactadas en 1943 entre los aliados durante la Tercera Conferencia de Moscú, celebrada para discutir los esfuerzos en su lucha contra la Alemania nazi.
Posteriormente, los aliados se reunieron en la Conferencia de Teherán, donde se abordó de nuevo este tema, unos esfuerzos continuados por la Conferencia de Yalta de 1945, en la que reiteraron que habría castigos contra estas personas, optándose finalmente por procedimientos ante un tribunal para recabar pruebas de estas atrocidades y dictar condenas contra los responsables.
Cada una de las cuatro principales potencias aliadas contribuyó a los procesos con un juez, un juez suplente y un fiscal, con el primero de los trece juicios iniciado el 20 de noviembre de 1945 en la conocida como Sala 600 -ahora convertida en un museo y sala de exposiciones-, donde los principales líderes nazis tuvieron que responder por sus crímenes, unas vistas que se extendieron hasta el 1 de octubre de 1946.
Así, las imputaciones contra 24 de las figuras más importantes de la Alemania nazi incluyeron cargos por “crímenes contra la paz”, “crímenes contra la humanidad”, “crímenes de guerra” y “desarrollo de un plan o conspiración para cometer” los citados actos criminales englobados en los tres primeros cargos, suponiendo un momento histórico para el Derecho Penal Internacional al implicar el desarrollo del concepto moderno de crímenes de guerra y la primera vez en la que se procesaba a acusados de crímenes contra la humanidad.
Entre los acusados figuraron además siete organizaciones relevantes durante la Alemania nazi, entre ellas, cuatro que fueron declaradas culpables y consideradas “criminales”, incluido el ultraderechista Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP), el gabinete de Adolf Hitler y la Gestapo, la Policía secreta del Tercer Reich.
Condenas y consecuencias
Los juicios de Núremberg se saldaron con doce sentencias a muerte -diez de los cuales fueron ahorcados, mientras que uno fue condenado en rebeldía debido a que murió durante los procedimientos y otro, Hermann Goering, mano derecha de Hitler, quien se suicidó ingiriendo una cápsula de cianuro la noche antes de su ajusticiamiento-, siete sentencias a penas de cárcel de entre diez años y cadena perpetua, tres absoluciones y dos personas que finalmente no fueron imputadas.
Entre los condenados a muerte estuvieron figuras destacadas como Hans Frank; un político y abogado que fue gobernador general de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial; Wilhelm Frick, ministro del Interior de Hitler; Joachim von Ribbentrop, viceministro de Exteriores; Fritz Sauckel, uno de los responsables del reclutamiento de mano de obra esclava; Alfred Jodl, jefe de operaciones de las Fuerzas Armadas, responsable de la mayoría de las campañas militares alemanas; y Arthur Seyss-Inquart, canciller de Austria durante la anexión nazi de Austria en 1938, conocida como Anschluss.
Además, fueron ejecutados Julius Streicher, fundador de la revista antisemita ‘Der Stürmer’; Alfred Rosenberg, uno de los ideólogos del nazismo; Ernst Kaltenbrunner, líder de la rama austriaca de las SS y posteriormente jefe de las fuerzas policiales de la Alemania nazi; y Wilhelm Keitel, jefe del Alto Mando de las Fuerzas Armadas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Estas diez personas fueron ejecutadas el 16 de octubre de 1946.
Por otra parte, entre los sentenciados a penas de cárcel figuraron Karl Dönitz, oficial de la Armada y quien sucedió durante unos días a Hitler como jefe de Estado tras el suicidio del dirigente nazi; Baldur von Schirach, jefe de las Juventudes Hitlerianas; y Albert Speer, quien fue el arquitecto de cabecera de Hitler y quien construyó algunos de los principales proyectos nazis antes de pasar a ser ministro de Armamento entre 1942 y 1945, siendo considerada una de las personas más cercanas al Führer.
Posteriormente, los siguientes juicios que se celebraron entre 1946 y 1949 supusieron la consideración de cerca de 3.900 casos, si bien solo 489 fueron llevados a juicio en doce procesos agrupados en torno al área de actividad criminal: política, económica, legal o médica, siendo el conocido como Juicio de los Doctores el más conocido por ser abierto contra personas acusadas de participar en experimentos con seres humanos y en programas de eutanasia.
El legado de Núremberg
Los juicios de Núremberg -una ubicación elegida por su simbolismo durante la Alemania nazi- sirvieron desde entonces como un modelo para los futuros tribunales internacionales, incluido el impulso para la creación del Tribunal Penal Internacional (TPI) y los instaurados tras el genocidio de Ruanda y en la antigua Yugoslavia, además de tener ramificaciones en la redacción de la Convención del Genocidio, las Convenciones de Ginebra y la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros textos.
El principal legado de estos juicios fueron los conocidos como Principios de Núremberg, aprobados en una resolución aprobada en 1948 por la Asamblea General de las recién creadas Naciones Unidas, que establecieron que los individuos pueden ser condenados por crímenes bajo el Derecho Internacional, sin poder esconderse detrás de la legislación nacional o argumentar que seguían órdenes dentro de una cadena de mando.
Sin embargo, estos esfuerzos internacionales para hacer frente a este tipo de crímenes han hecho frente a dificultades como la negativa de varios países -entre ellos Estados Unidos, Rusia e Israel- de ratificar el Estatuto de Roma, pilar del TPI, lo que ha provocado vacíos legales y críticas por la inacción internacional frente a diversos crímenes cometidos desde entonces.
De hecho, el TPI ha emitido durante los últimos años órdenes de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por la invasión de Ucrania, y contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, sin que hayan sido detenidos en sus desplazamientos a países aliados, lo que ha hecho crecer las críticas ante la aplicación selectiva del Derecho Internacional.
Las críticas más firmes se retrotraen a la invasión estadounidense de Irak, llevada a cabo en 2003 sin autorización de la ONU, tras décadas de avances que vieron el nacimiento del TPI en 1998, y han ganado fuerza durante las últimas dos décadas, en línea con las suspicacias por la composición del Consejo de Seguridad de la ONU por el peso de las potencias de la Segunda Guerra Mundial y la percibida instrumentalización de estas organizaciones, que ha impedido que muchas víctimas hayan visto cómo sus victimarios rinden cuentas.
