EscucharCuando en noviembre de 2021 el presidente salvadoreño Nayib Bukele subió al escenario de una lujosa fiesta en la playa durante la conferencia Bitcoin Week para anunciar al mundo la construcción de “Bitcoin City”, la promesa parecía revolucionaria: una metrópolis futurista sin impuestos, alimentada por energía volcánica y dedicada por completo a las criptomonedas. Más de cuatro años después, el proyecto que iba a convertir a El Salvador en la capital mundial del bitcoin permanece como una maqueta de $100.000 y una serie de promesas incumplidas.
La ciudad, según el diseño del reconocido arquitecto mexicano Fernando Romero —exyerno de Carlos Slim y responsable del frustrado Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México—, tendría forma circular simulando el símbolo del bitcoin. Se construiría en Conchagua, La Unión, con una gran plaza central dominada por una “B” gigante y un museo dedicado a la evolución del dinero hasta llegar a la criptomoneda. El 50% sería zona residencial, con aeropuerto propio, terminal ferroviaria y puerto marítimo. Todo funcionaría con energía geotérmica del volcán Conchagua.
“En Bitcoin City tendremos minería, agricultura, cultura y deportes. Cuando ya no estemos, esto perdurará y todos podrán ver la ciudad”, declaró Bukele en 2021. El mandatario prometió cero impuestos sobre la renta, las ganancias, la propiedad y la contratación. Solo se aplicaría el IVA, cuya mitad financiaría los bonos de la ciudad y el resto la infraestructura pública.
Del entusiasmo al silencio
El costo estimado del proyecto ascendía a más de $17.000 millones, equivalentes a unos 300.000 bitcoins según cálculos de la época. Para financiarlo, el gobierno salvadoreño anunció la emisión de los llamados “Bonos Volcán” por $1.000 millones, instrumentos financieros tokenizados respaldados por bitcoin. La mitad del dinero se destinaría a comprar más criptomonedas y la otra mitad a iniciar la construcción.
Estos bonos recibieron aprobación regulatoria en diciembre de 2023 y se esperaba su emisión para el primer trimestre de 2024. Sin embargo, nunca se concretaron. “Anticipamos que el bono se emitirá durante el primer trimestre de 2024”, declaró en su momento el gobierno, pero la realidad fue otra: las condiciones internacionales adversas y, particularmente, la caída del precio del bitcoin inmediatamente después del anuncio del proyecto, pusieron en duda la viabilidad financiera.
Desde noviembre de 2021 “apenas se ha hablado de los avances en la construcción del proyecto”, señala un análisis del proyecto. La ciudad principal aún no ha comenzado a construirse. Lo único tangible ha sido el inicio de trabajos preliminares de terraformación en marzo de 2023 para el Aeropuerto del Pacífico, que daría servicio al futuro megaproyecto.
Un periodista de CoinDesk que visitó Conchagua en febrero de 2025 reportó: “No hay señales de construcción”. En la alcaldía local, Margarito García, empleado municipal con 15 años de experiencia, negó con la cabeza cuando le preguntaron sobre los planes de Bukele para construir Bitcoin City. Los residentes del área desconocen si el proyecto será una realidad o solo se quedará en la maqueta.
Las víctimas invisibles del proyecto
Mientras el gobierno guardaba silencio sobre la construcción, los habitantes de comunidades como Condadillo enfrentaban desplazamientos forzados. En octubre de 2022, empleados de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) citaron a residentes para que firmaran promesas de venta de sus tierras, ofreciéndoles $8.000 por manzana. Para conseguir parcelas similares con acceso al océano, tendrían que pagar más de $40.000.
“Espero que quede grabado que esto existía aquí porque al final ya no va a existir”, dijo Will Claros, pescador de Condadillo, en una entrevista en 2024. El gobierno anunció que los residentes serían reubicados “a un lugar digno, mucho mejor de donde viven ahora”, pero para las comunidades locales la promesa de prosperidad se tradujo en especulación inmobiliaria y pérdida de sus tierras.
Ecologistas también advirtieron sobre el impacto ambiental. “Bitcoin City va a impactar severamente pues va a demandar agua potable y en el oriente del país ese es un problema. Además en donde se construirá se causará un daño a manglares”, señalaron activistas que marcharon en protesta. La minería de bitcoin, criticada por su alto consumo energético, añadía preocupaciones adicionales sobre la sostenibilidad del proyecto.
Respecto a la energía geotérmica prometida del volcán Conchagua, expertos desmienten su viabilidad. “Conchagua nunca se tomó en cuenta como posible sitio”, declaró un especialista en energía salvadoreño. Bukele había asegurado un 90% de probabilidades de encontrar un pozo con capacidad de al menos 42 megavatios, suficiente para abastecer toda la ciudad, pero nunca se presentaron estudios públicos de factibilidad.
El giro pragmático: del bitcoin al FMI
El verdadero punto de inflexión llegó en diciembre de 2024, cuando El Salvador alcanzó un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un préstamo de $1.400 millones. Entre las condiciones: mitigar los riesgos relacionados con bitcoin, hacer voluntaria su aceptación en el sector privado y delimitar la participación del gobierno en actividades relacionadas con la criptomoneda.
El 30 de enero de 2025, la Asamblea Legislativa salvadoreña —controlada por el oficialismo— aprobó reformas a la Ley Bitcoin que eliminaron su estatus de moneda de curso legal. Su uso pasó de obligatorio a voluntario y dejó de ser posible pagar impuestos con bitcoin. El Salvador, que en septiembre de 2021 se había convertido en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, ahora era también el primero en abandonarlo.
“Hay que irse adaptando a la coyuntura del momento”, justificó la embajadora salvadoreña en Estados Unidos, Milena Mayorga, aunque insistió en que el país seguiría siendo “Bitcoin Country” por mantener una reserva en criptomonedas. Pese a los compromisos con el FMI de no adquirir más bitcoins, datos recientes sugieren que el gobierno continuó acumulando la criptomoneda: de 5.968 BTC el 18 de diciembre de 2024 pasó a más de 7.474 BTC en noviembre de 2025.
Analistas financieros advierten que esta discrepancia podría obedecer al programa de “un bitcoin al día” o a los remanentes de la minería estatal, mecanismos que permitirían al Ejecutivo seguir acumulando activos sin realizar compras directas desde el Tesoro, eludiendo técnicamente las restricciones del Fondo. No obstante, la opacidad de estas transacciones y la falta de auditorías externas mantienen una zona gris que podría tensar la relación con el organismo multilateral justo cuando el desembolso del préstamo es crítico.
Mientras Bukele mantiene silencio sobre el destino de Bitcoin City —no ha publicado nada al respecto en sus redes sociales pese a su activa presencia digital—, el presidente salvadoreño ahora apuesta a que el gobierno de Donald Trump, quien prometió hacer de Estados Unidos “la capital mundial del bitcoin”, impulse una “revalorización exponencial” de la criptomoneda que beneficie las reservas de su país.
¿Utopía o espectáculo mediático?
Para analistas como el economista Gerardo Esquivel, todo el experimento fue una “criptofantasía” que terminó por la necesidad de “dinero de verdad”. Según estimaciones, el gobierno salvadoreño gastó entre $200 y $400 millones en promover el uso del bitcoin entre la población, pero para 2024 solo el 8% de la ciudadanía lo utilizaba ocasionalmente.
“Este proyecto ha sido fallido, porque si el principal objetivo era que la población utilizara bitcoin en el día a día, no lo hace. La gente no lo ocupa”, sentenció la economista Tatiana Marroquín.
Un estadounidense, Keegan Corbin, dejó Chicago tras el anuncio de Bukele para convertirse en “el primer residente de Bitcoin City”. Durante más de dos años esperó en una playa cercana a Conchagua la materialización del proyecto, defendiendo a ultranza que “el viaje” continuaba. Su historia resume la paradoja de Bitcoin City: mientras algunos creyentes siguen esperando, la realidad es que el sueño cripto de Bukele se quedó en el papel, víctima de la volatilidad del mercado, la falta de financiamiento y, finalmente, de las condiciones impuestas por organismos financieros tradicionales que el proyecto pretendía superar.
