La promesa de la economía colaborativa en América Latina se ha cimentado sobre la idea de la “democratización” del ingreso y la flexibilidad total.
Con una industria que proyecta un crecimiento anual compuesto del 15% hacia el 2030, las plataformas digitales absorben hoy a una fuerza laboral diversa que busca mitigar la volatilidad de los mercados tradicionales.
Sin embargo, un nuevo estudio técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que esta expansión no es uniforme: bajo aplicaciones idénticas, el valor del tiempo de conexión se diluye drásticamente dependiendo de la geografía.
La metodología: datos reales frente a percepciones
Para determinar con precisión dónde se perciben las remuneraciones más bajas, el reporte “Conduciendo a través de la economía gig en América Latina” (2024) aplicó un rigor estadístico que cruza la opinión del trabajador con la realidad contable de la plataforma. El estudio procesó 13.722 entrevistas en ocho mercados, pero su mayor valor reside en el uso de datos administrativos reales proporcionados por Uber.
Esta validación cruzada permitió corregir un sesgo crítico: en promedio, los conductores latinoamericanos subreportan sus ingresos en un 28% respecto a lo que realmente registran los libros de la aplicación. Al ajustar estas cifras por tipo de cambio y horas efectivas en línea, el informe logró identificar el mercado que ocupa el último escalafón de ingresos en la región.
El sótano de la rentabilidad: República Dominicana
Los datos administrativos confirman que el país donde los conductores de Uber perciben menos dinero por su tiempo es la República Dominicana, con un promedio de apenas $5 por hora en línea.
Esta cifra sitúa al mercado dominicano en el nivel más bajo de la muestra, muy por debajo de los líderes regionales (ingresos por hora en USD):
Costa Rica: $9,2
Argentina: $8,9
Chile: $8,8
México: $7,9
Brasil: $6,0
Colombia: $5,4
Ecuador: $5,2
República Dominicana: $5,0
La brecha es tan profunda que un conductor en suelo dominicano debe trabajar casi el doble de horas que un colega en Costa Rica para generar la misma ganancia bruta horaria.
Además, la República Dominicana registró la mayor discrepancia de percepción: sus conductores declaran ganar un 35% menos de lo que realmente perciben, la brecha de subreporte más alta de toda la muestra.

La paradoja del profesional caribeño
A pesar de ser el mercado donde se gana menos por hora, la fuerza laboral dominicana en la plataforma es una de las más calificadas. El 67% de los conductores en este país cuenta con educación terciaria o superior, un nivel de profesionalización que supera al de mercados con mejores ingresos como México (48%) o Brasil (45%).
Esta desconexión sugiere que la plataforma funciona como un refugio para mano de obra calificada que el sector formal local no logra absorber con salarios competitivos. Esta presión se refleja en el “salario de reserva”: el monto mínimo mensual que un conductor dominicano aceptaría para dejar la aplicación por un empleo fijo es de solo $754, la expectativa más baja de la región frente a los $1.337 que exige el conductor promedio en Costa Rica.
Fragilidad financiera y deuda
Los bajos ingresos por hora se traducen en una salud financiera crítica en la isla:
Sobreendeudamiento: El 87% de los conductores en República Dominicana reporta deudas activas, el nivel más alto de la muestra junto a Ecuador.
Insolvencia inmediata: El 23% de los trabajadores de la plataforma sobreviviría menos de una semana si perdiera su fuente de ingresos hoy mismo.
Margen de subsistencia: Mientras que en Costa Rica el ingreso de Uber representa 2,6 veces la línea de pobreza nacional, en República Dominicana este ratio cae a 1,5 veces, dejando un margen de ahorro e inversión reducido al mínimo para el hogar.
El estudio del BID deja claro que la tecnología es global, pero la rentabilidad es local. La República Dominicana marca hoy el piso de la economía gig en Latinoamérica, donde profesionales con alta formación académica aceptan la compensación horaria más baja del continente para intentar mantenerse apenas un 50% por encima del umbral de la pobreza.
