En un giro drástico de la política migratoria que impacta a miles de hogares en el hemisferio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció este viernes la cancelación inmediata de los programas de Permiso de Reunificación Familiar (FRP, por sus siglas en inglés).
La medida afecta directamente a ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras que se encuentran en territorio estadounidense bajo esta figura de protección temporal.
La decisión, que forma parte de la estrategia de “tolerancia cero” y endurecimiento de fronteras de la segunda administración de Donald Trump, impone plazos perentorios que dejan a miles de beneficiarios en un limbo legal con apenas horas para reaccionar.
El fin de una era de “Parole”
Los programas de reunificación familiar permitían que ciertos beneficiarios de peticiones de inmigración familiar (Formulario I-130 ya aprobado) ingresaran a Estados Unidos con un permiso temporal (parole) mientras esperaban que su visa de inmigrante estuviera disponible. Este mecanismo, diseñado para evitar separaciones prolongadas y desalentar la migración irregular, ha sido calificado por la actual administración como una extralimitación del poder ejecutivo.
En el comunicado oficial emitido este viernes, el DHS justificó la medida argumentando la necesidad de retomar los controles estrictos establecidos por el Congreso.
“Esta administración está poniendo fin al abuso de los permisos humanitarios que permitieron que extranjeros sin investigaciones de seguridad y verificaciones de antecedentes debidamente realizadas eludieran el proceso tradicional de los permisos de permanencia temporal”, señaló el Departamento de Seguridad Nacional en su anuncio oficial.
Plazos críticos: Una carrera contra el reloj
El aspecto más alarmante de la nueva directriz es la ventana de tiempo extremadamente reducida que se ha otorgado a los afectados para regularizar su situación. Según la normativa publicada en el Registro Federal, el estatus de parole bajo estos programas expirará automáticamente el 14 de enero de 2026.
Sin embargo, para evitar la pérdida del estatus y la acumulación de presencia ilegal, los beneficiarios tienen una única salida inmediata: haber solicitado el ajuste de estatus a residente permanente.
El ultimátum es claro: aquellos que no presenten el Formulario I-485 (Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus) antes del 15 de diciembre de 2025, perderán su protección.
Esto significa que las familias afectadas tienen menos de 72 horas desde el anuncio para presentar la documentación necesaria ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
¿Qué sucede si no se cumple el plazo?
Si un beneficiario no logra presentar su solicitud de residencia antes de la fecha límite del 15 de diciembre, o si su solicitud es denegada posteriormente, su permiso de permanencia temporal terminará el 14 de enero de 2026. A partir de esa fecha, también quedarán revocados los permisos de trabajo (EAD) asociados a este estatus.
El DHS ha sido enfático en las consecuencias para quienes permanezcan en el país sin otra base legal después de mediados de enero.
“Los inmigrantes amparados con este beneficio deberán abandonar Estados Unidos a mediados de enero si carecen de alguna otra alternativa legal para quedarse en el país”, advierte el comunicado de la agencia federal.
Para facilitar la salida, el gobierno ha indicado que ofrecerá ciertos “incentivos” para el retorno voluntario, que podrían incluir asistencia financiera y logística para el viaje, así como la exoneración de ciertas multas civiles, gestionados a través de la aplicación CBP One.
Un retorno al “caso por caso”
La administración argumenta que el uso de la autoridad de parole a nivel de programas masivos por nacionalidad violaba el espíritu de la ley, que contempla estos permisos solo para situaciones de emergencia humanitaria individual o beneficio público significativo.
“El parole nunca fue concebido para ser usado de esta manera. Estamos regresando a un sistema caso por caso, como lo estableció el Congreso”, enfatizó el DHS, marcando un retorno a una interpretación restrictiva de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Impacto regional
La medida golpea neurálgicamente a comunidades con fuertes lazos en Estados Unidos. Para países como El Salvador, Honduras y Guatemala, el programa de reunificación era una válvula de escape vital frente a la inestabilidad económica y la violencia. Para Cuba y Haití, representa el cierre de una de las pocas vías legales y seguras que quedaban operativas tras el cierre de otros canales consulares.
Organizaciones pro-inmigrantes y expertos legales han comenzado a movilizarse, calificando la acción de “cruel” y advirtiendo sobre el caos administrativo que provocará la avalancha de solicitudes de último minuto este fin de semana. No obstante, la postura de la Casa Blanca, dirigida por la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, se mantiene firme en su objetivo de desmantelar lo que denominan “vías artificiales” de migración creadas por la administración anterior.
Para los costarricenses con familiares de estas nacionalidades residiendo en EE. UU., o aquellos con doble nacionalidad afectados, la recomendación de los expertos es unánime: buscar asesoría legal inmediata y, si son elegibles para la residencia (Green Card), radicar la solicitud antes del lunes 15 de diciembre.
