La política migratoria de Estados Unidos inició una profunda transformación con la segunda administración de Donald Trump. Este enfoque prioriza, según la Casa Blanca, la seguridad nacional y la reestructuración del mercado laboral, pasando de un escrutinio puntual a una vigilancia continua.
Tal cambio genera una notable incertidumbre para quienes buscan ingresar al país norteamericano y para quienes ya poseen una visa válida.
La administración endurece cada vez más los requisitos administrativos y financieros, e impone restricciones de entrada para ciertos grupos. Al mismo tiempo, muestra una apertura selectiva hacia el capital de alta gama y el talento tecnológico.
Esto se traduce en mayores costos, un monitoreo sin precedentes y una reducción de las vías de entrada tradicionales.
Vigilancia continua a sus redes sociales
El gobierno estadounidense reorientó su estrategia migratoria. Antes, el proceso de visa se basaba en una evaluación de elegibilidad durante la entrevista consular. Ahora, un sistema de “vigilancia continua” somete a todos los titulares de visas a un monitoreo permanente.
El Departamento de Estado revisó a más de 55 millones de personas en todo el mundo con visas estadounidenses válidas, incluyendo de turista, estudiante y trabajo temporal.
Este proceso no solo se limita a antecedentes penales o migratorios, sino que incluye un estudio exhaustivo de la información disponible, como las cuentas de redes sociales.
Parte de las nuevas medidas que exige la Administración es que los solicitantes deshabiliten la configuración de privacidad en sus cuentas de redes sociales durante la entrevista de visa.
Estados Unidos también obtuvo acceso a los registros fiscales del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de millones de inmigrantes.
Tener una visa no garantiza la permanencia en el país. El permiso de entrada se transformó en una autorización revocable en cualquier momento si las autoridades descubren información que indique una posible inelegibilidad.
Los titulares de visas deben ahora preocuparse por la posibilidad de que interpretaciones de datos pasados, como publicaciones en redes sociales o registros no penales, puedan desencadenar una revocación.
Revocación de visas de estudiantes y activismo político
El Departamento de Estado confirmó la revocación de más de 6.000 visas de estudiantes por “violaciones de la ley”. Aproximadamente 200 a 300 de estos casos se vincularon a actividades o apoyo a organizaciones que el gobierno norteamericano identifica como terroristas.
La definición de “riesgo para la seguridad nacional” se amplió. Las autoridades revocaron visas a estudiantes involucrados en “actividades políticas” o “ideologías anti-estadounidenses”, como las protestas pro-Palestina en los campus universitarios.
Grupos de derechos civiles criticaron esta medida por desdibujar la línea entre seguridad pública y libertad de expresión.
El Departamento de Estado revocó más del doble de visas en comparación con el año anterior, incluyendo casi cuatro veces más visas de estudiante, desde la toma de posesión de Trump.
Esto aplica a estudiantes, visitantes, trabajadores y turistas por igual. Por eso los costarricenses que quieran conservar su visa deben cuidar su conducta en línea para no poner en riesgo su estatus.
Aumento de costos y eliminación de exenciones de entrevista
Las nuevas directrices migratorias introducen barreras financieras y administrativas:
El Departamento de Estado propuso un programa piloto de 12 meses que podría requerir que algunos solicitantes de visas B-1 (negocios) y B-2 (turismo) de países con altas tasas de sobreestadía paguen una fianza de hasta $15.000.
Los montos propuestos son de $5.000, $10.000 o $15.000, y se devolverían si el viajero abandona el país a tiempo.
Países como Angola, Liberia, Mauritania, Sierra Leona, Nigeria y Venezuela figuran entre las naciones con tasas de sobreestadía superiores al 10% en 2023.
Costa Rica no figura entre los países con altas tasas de sobreestadía, registrando un 1,23% en 2020, lo que permite eximir a los ticos de este programa de fianza.
Pero un nuevo cargo adicional de $250 para todas las visas de no inmigrante, denominado “tasa de integridad de la visa”, entra en vigor a partir del 1° de octubre de 2025, al inicio del nuevo año fiscal. El Congreso de EE. UU. aprobó este proyecto de presupuesto, conocido como “One Big Beautiful Bill”, en julio.
Esta medida duplica el costo de las visas. La tarifa base para turistas y visitantes de negocios en Costa Rica es de $185, por lo que el costo total ascendería a $435.
La tasa de integridad aplica universalmente, también a visas de estudio (F/M), intercambio (J) y trabajo temporal (H-1B, L, O, P, R). Este monto extra podrá ajustarse por inflación en años posteriores, pero no podrá reducirse ni eximirse.
El Departamento de Estado también modificó las reglas para la exención de entrevista a partir del 2 de setiembre de 2025. Esta medida afectará a los solicitantes menores de 14 años y a los mayores de 79. Ambos grupos perderán la exención automática y deberán presentarse físicamente ante un oficial consular para su trámite.
La Embajada de EE. UU. en Costa Rica informó este cambio, implementado bajo una disposición de la administración Trump.
Solo algunos casos seguirán exentos, como las renovaciones de visas B-1/B-2 realizadas dentro de los 12 meses siguientes a su vencimiento, siempre que el solicitante tenga 18 años o más. Las visas diplomáticas (A, G y OTAN) y las de ciertos funcionarios gubernamentales acreditados también mantienen la exención.
Esta eliminación de exenciones alargará los tiempos de espera de citas y hasta podría encarecer el trámite para los costarricenses, pues implica costos de viaje y tiempo.
Desde el 1° de mayo de 2025, los solicitantes de visa de no inmigrante deben verificar que el número de confirmación del formulario DS-160 coincida con el registrado en la cita consular.
Si los números no coinciden, la persona no podrá asistir a la entrevista y deberá reprogramar la cita. La Embajada recomendó verificar este dato antes de la entrevista y permite actualizarlo hasta tres días hábiles antes.
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Cambios en visas de trabajo
El gobierno de Trump aprobó un cambio en el programa de visas H-1B, crucial para el sector tecnológico. La administración ahora reemplaza el sistema de lotería aleatoria por un modelo de “selección ponderada”.
Este modelo daría preferencia a los solicitantes con salarios más altos, títulos avanzados y habilidades especializadas.
Aunque esto podría beneficiar a gigantes tecnológicos que pagan sueldos elevados, perjudicaría a las startups, pequeñas empresas y a sectores de bajos salarios como la educación.
Los críticos sostienen que la medida podría desviar el talento calificado hacia otros países y limitar la capacidad de ciertas industrias para cubrir puestos con escasez de personal.
Para Costa Rica, donde la cuota H-1B suele ser modesta, esto reduce las oportunidades para algunos solicitantes si no tienen salarios competitivos.
Una acción ya implementada es la suspensión inmediata de la emisión de visas de trabajo para camioneros comerciales. El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la decisión por “preocupaciones de seguridad” y la “protección de empleos estadounidenses”.
La Casa Blanca emitió una orden ejecutiva a finales de abril, estableciendo el dominio del inglés como un “requisito de seguridad innegociable” para los conductores profesionales.
Propuestas sobre ciudadanía y asilo
La administración Trump también propuso revocar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados y de no ciudadanos con visas temporales. Tres jueces federales bloquearon temporalmente esta orden, tras demandas de estados y organizaciones civiles.
Asimismo, una orden que revocaba las protecciones para las redadas de agentes de inmigración en “zonas sensibles” como escuelas e iglesias también enfrentó desafíos legales.
En materia de asilo, la aplicación CBP One, que permitió a casi un millón de personas ingresar legalmente, fue suspendida el 20 de enero de 2025, cancelando todas las citas programadas. Además, en abril, la administración comenzó a ordenar a los beneficiarios de CBP One que abandonaran el país.
Los solicitantes de asilo deben ahora pagar $100 al presentar el Formulario I-589. Adicionalmente, se estableció una tarifa anual de $100 para mantener activa la solicitud de asilo mientras esté pendiente.
El gobierno de EE. UU. externaliza la gestión migratoria, deportando y transportando a ciudadanos de terceros países como Afganistán, China y Uzbekistán a naciones como Costa Rica y Panamá.
Estados Unidos paga por estas deportaciones, transfiriendo la carga humanitaria y los costos de gestión migratoria a los países de tránsito y acogida.
Este tipo de acciones ejerce una presión considerable sobre las relaciones diplomáticas. Un ejemplo fue la revocación de la visa a funcionarios de alto rango nuestro país.
