EscucharMary Gay Scanlon se hizo experta en el Congreso analizando el enorme poder de las grandes tecnológicas sobre la vida de los estadounidenses. Cuando ella y sus compañeros del Comité Judicial se embarcaron en una investigación de 16 meses, estaba ansiosa por explorar las conductas indebidas de las empresas en un abanico más amplio de sectores.
“Parecía un tema que estaba maduro para ser abordado”, afirma Scanlon, representante demócrata por Pensilvania. “Pero no había datos”.
Las conductas indebidas de las empresas pueden tener graves consecuencias, desde la contaminación de las aguas subterráneas hasta la pérdida de los ahorros para la jubilación o el agravamiento de la crisis de los opiáceos. Sin embargo, existe un marcado contraste entre la información disponible sobre estos delitos y la que se tiene sobre delitos individuales, como el robo y los asaltos.
“El FBI, que es el principal proveedor de datos sobre delitos en Estados Unidos, no recopila datos sobre delitos corporativos como la fijación de precios, la evasión fiscal, el fraude contable, ese tipo de cosas”, afirma Alexis Piquero, exdirector de la Oficina de Estadísticas Judiciales, dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Existen registros federales de conductas indebidas de las empresas, pero suelen estar repartidos entre innumerables agencias federales, cada una de las cuales se centra en su propia sección específica de la ley.
Como resultado, es difícil determinar incluso las cuestiones más fundamentales sobre los delitos corporativos. ¿Cuántas víctimas hay? ¿Cuánto les cuesta a los consumidores? ¿Qué tipo de empresas son más propensas a cometer delitos y cuándo? ¿Qué eficacia tienen las intervenciones gubernamentales y los propios esfuerzos de las empresas para cumplir la normativa?
Las respuestas, al parecer, están enterradas en los sótanos de las agencias y confusas por un sistema de registro idiosincrásico.
“Si me preguntaras: ‘Alex, ¿cuántas detenciones por fijación de precios se han producido este año?’, la respuesta sería: ‘No lo sé, y nadie más lo sabe tampoco’”, se lamenta Piquero. “Y es vergonzoso que en 2025 no tengamos la respuesta a esa pregunta”.
La necesidad de compartir datos
Eso no quiere decir que la información no exista. Cada agencia federal mantiene sus propios registros sobre los casos de delitos corporativos que ha abierto, las empresas implicadas, las presuntas conductas indebidas y el resultado de esos casos. Pero los datos permanecen en su mayoría aislados dentro de esa agencia, sin agruparse con la información de otros departamentos, afirma Sally Simpson, criminóloga de la Universidad de Maryland, College Park.
“En Estados Unidos no existe un repositorio de datos centralizado que recopile toda la información sobre el fenómeno, por empresa, tipo de delito y jurisdicción (penal, civil y regulatoria)”, escribe Simpson en el Annual Review of Criminology de 2025, “ni tampoco hay datos sistemáticos recopilados de las víctimas o de los delincuentes que se han autodenunciado que puedan validar los recuentos oficiales”.
Además, las agencias federales deciden por sí mismas qué información recopilarán y cómo la formatearán. Toman decisiones diferentes, lo que complica los intentos de realizar una investigación exhaustiva.
“Todas ellas utilizan criterios diferentes para determinar cuándo se presenta un caso y qué tipo de información se recopila sobre él”, afirma Simpson. “Por lo tanto, crear lo que se denomina un cruce entre todas estas diferentes fuentes de datos, de modo que se recopilen datos similares, resulta bastante complejo”.
Peter Yeager se encontró con todo esto de primera mano cuando era estudiante de posgrado en la Universidad de Wisconsin-Madison en los años setenta. En ese momento, estaba estudiando las violaciones de la ley federal por parte de las 582 empresas estadounidenses más grandes. No fue fácil. Él y sus compañeros académicos tuvieron que acudir a 24 agencias federales diferentes para recopilar todo el espectro de posibles violaciones.
Eran los años setenta, por lo que “lo hicimos con tarjetas informáticas, tarjetas informáticas de 80 columnas”, recuerda. “Nuestros resultados no estaban en una computadora, sino en papel, y alcanzaban una altura de unos tres metros”.
Yeager acabó publicando un examen exhaustivo de los delitos de cuello blanco en Estados Unidos. Eso fue en 1979. Los legisladores lo han descrito como “el último informe exhaustivo del Departamento de Justicia sobre delitos corporativos”, lo que despierta sentimientos encontrados en Yeager. “Me alegró leer eso”, afirma. “Pero también me angustió un poco que siga siendo así”.
Hay mejores datos sobre delitos callejeros
Hoy en día, los delitos callejeros y los delitos violentos, como los asesinatos, los robos y las agresiones, siguen siendo tan habituales en las conversaciones como siempre, y se debaten constantemente en todos los niveles de la política y en las noticias. Los votantes suelen considerar importantes los delitos violentos, que son un factor determinante en la política electoral.
Y este aspecto del sistema de justicia penal se estudia y documenta cuidadosamente. La Oficina de Estadísticas Judiciales, por ejemplo, publica datos anuales sobre incidentes violentos, desglosados por edades de los delincuentes y las víctimas; sobre las muertes de reclusos bajo custodia federal; sobre la pena capital y mucho más. Es fundamental destacar que incluso realiza una encuesta anual sobre “victimización criminal”, en la que el gobierno entrevista a unos 240.000 ciudadanos sobre sus experiencias durante el último año con delitos como robos, agresiones y allanamientos, independientemente de si los encuestados denunciaron esos incidentes a la policía.
Esta iniciativa ayuda a arrojar luz sobre la “cifra oscura” o “cifra oculta” de la delincuencia, es decir, los delitos que se han cometido pero que no se han descubierto ni denunciado, por lo que no aparecen en las estadísticas oficiales. Contribuye a ofrecer una imagen más completa de lo que realmente ocurre sobre el terreno, y no solo de lo que se ve en los tribunales.
Sin embargo, la encuesta sobre victimización criminal de la oficina no pregunta a las personas si, por ejemplo, les han pagado menos de las horas trabajadas o si han sido engañadas por un asesor de inversiones. La “cifra oculta” de la delincuencia corporativa sigue estando muy oculta, afirma Simpson. Estados Unidos no dispone de datos sistemáticos de las víctimas, ni siquiera de los propios delincuentes, para ayudar a los investigadores a triangular con los registros oficiales.
Estas disparidades privan a los investigadores, a los responsables políticos y al público de información básica sobre el alcance de las conductas indebidas de las empresas y cómo afectan a sus vidas. “Tenemos toda una serie de hipótesis que datan de hace 50 años”, afirma Yeager. Por ejemplo, su profundo análisis de 1979 sobre las principales empresas estadounidenses reveló que las grandes empresas de la época eran más propensas a cometer delitos cuando sus ventas, beneficios, ganancias y diversificación de productos mostraban una tendencia a la baja.
Las lagunas en los datos también dificultan determinar la eficacia de las respuestas del Gobierno. Los procesos judiciales contra empresas han ido disminuyendo desde principios de la década de 2000, y el Departamento de Justicia ha pasado a recurrir cada vez más a acuerdos de no enjuiciamiento y acuerdos de enjuiciamiento diferido. En estos acuerdos, las empresas se comprometen a introducir cambios en sus operaciones y, con frecuencia, acaban pagando una multa para evitar ir a juicio. A nivel mundial, las empresas han gastado miles de millones en iniciativas internas de cumplimiento normativo para evitar infracciones legales y reglamentarias. Sin embargo, según Simpson, hay pocos estudios académicos definitivos sobre la eficacia de estos acuerdos para disuadir la delincuencia empresarial y sobre cuáles son los enfoques más eficaces para disuadirla y controlarla.
“Hay muchas cosas que las empresas intentan hacer, pero no sabemos hasta qué punto tienen éxito, porque hay muy pocos estudios empíricos”, afirma.
Scanlon considera que estas disparidades son preocupantes. “Tenemos un sistema de justicia de dos velocidades”, afirma. “Si se trata de un delito corporativo, se recibe una sanción leve, se paga una multa y se vuelve a cometer, a menudo, mientras que las personas físicas van a la cárcel durante largos periodos de tiempo, lo que acaba en un encarcelamiento masivo”.
Registro de delitos corporativos
Se han logrado algunos avances para que los datos sobre las conductas indebidas de las empresas sean de dominio público. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor puso en marcha en junio de 2024 una iniciativa para crear un registro público de las empresas financieras no bancarias que han infringido las leyes de protección al consumidor. En ese momento, los responsables de la oficina promocionaron el registro como una forma de ayudar a los consumidores a determinar si una empresa es fiable y de ayudar a la oficina a determinar qué empresas infringen repetidamente la ley. Los representantes de la oficina no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la situación del programa bajo la administración Trump.
Además, bajo la administración Biden, el Departamento de Justicia creó un sitio web que recoge las últimas resoluciones de casos corporativos de muchos tipos de delitos, desde antimonopolio hasta blanqueo de capitales. Pero los datos solo comienzan en 2023, por lo que cualquiera que desee consultar datos anteriores no tendrá suerte. Además, los datos solo recogen los casos judiciales concluidos, por lo que se pierden las medidas coercitivas que no pasan por los tribunales federales, como las infracciones que solo persiguen las agencias reguladoras.
Y aunque algunas organizaciones no gubernamentales, como las sin ánimo de lucro y las universidades, han avanzado en la compilación de bases de datos para uso público, estas no forman parte del registro oficial. Yeager cree que la forma más segura de garantizar los recursos para una base de datos gubernamental centralizada pasa por el Congreso.
Con ese fin, Scanlon volvió a presentar la Ley de Bases de Datos sobre Delitos Corporativos en julio de 2025. El proyecto de ley exige a las agencias que envíen información sobre sus medidas coercitivas a la Oficina de Estadísticas Judiciales, que luego agregaría y analizaría la información y publicaría una base de datos para uso público. Las versiones anteriores del proyecto de ley se han presentado en ocho años diferentes, hasta ahora sin éxito.
En opinión de Scanlon, los grupos de presión de la industria son parte del bloqueo. O, como ella dice, “las personas que ganan dinero al no rendir cuentas”. Y la administración Trump ha dado marcha atrás en algunas áreas de la vigilancia de los delitos de cuello blanco. Pero es probable que también influyan factores no partidarios: Piquero afirma que se encontró con la vieja inercia institucional durante su etapa en la Oficina de Estadísticas Judiciales, cuando intentó impulsar una iniciativa para centralizar los datos sobre delitos corporativos. “Existe una rigidez del tipo ‘así es como siempre hemos hecho las cosas’”, afirma.
Desde un punto de vista técnico, recopilar mejores datos es perfectamente factible, señala Piquero. “No hay ninguna razón por la que no se pueda hacer. Solo es cuestión de que la gente se siente a la mesa y diga: ‘Bien, esto es lo que vamos a hacer’”.
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Artículo traducido por Debbie Ponchner.
Esta nota se publicó originalmente en Knowable Magazine el 24 de febrero del 2025. Knowable Magazine es una publicación sin ánimo de lucro dedicada a poner el conocimiento científico al alcance de todos. Suscríbase al boletín de Knowable en español”.
