El presidente Gustavo Petro decretó un alza histórica del salario mínimo colombiano para 2026, estableciéndolo en $2.000.000 (aproximadamente $533 dólares mensuales) con auxilio de transporte incluido. La decisión, un aumento del 23,8%, representa la cifra más alta de las últimas décadas—superior incluso a lo solicitado por los sindicatos, que pedían 16%—y ha desatado una polarización profunda entre diferentes sectores de la economía.
La decisión unilateral
Tras fracasar las negociaciones tripartitas entre gobierno, empresarios y trabajadores el 15 de diciembre, Petro utilizó sus facultades legales para decretar la cifra mediante el Decreto 1469 del 29 de diciembre. La decisión beneficiará a aproximadamente 2,4 millones de trabajadores formales en Colombia, pero ha generado preocupación entre analistas y gremios económicos respecto a sus consecuencias macroeconómicas.
“Esto va a aumentar el empleo porque sube la demanda”, argumentó el presidente en su anuncio. Sin embargo, el sector empresarial y economistas independientes advierten que el gobierno ignora las realidades fiscales y de productividad del país.
Impacto fiscal y económico inmediato
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) señala que cada punto porcentual en el aumento del salario mínimo implica aproximadamente 400.000 millones de pesos en gasto público adicional. Con el aumento de 23,8%, el impacto fiscal superaría los 9 billones de pesos, en un momento en que el gobierno ha declarado emergencia económica por un faltante de financiación de 16 billones de pesos en el presupuesto 2026.
Esta paradoja no ha pasado desapercibida: mientras Petro proclama una crisis fiscal que justifica restricciones al gasto y aumentos tributarios, simultáneamente decreta un aumento salarial que profundiza los desequilibrios presupuestarios.
El dilema de la inflación
El Banco de la República mantiene su tasa de política monetaria en 9,25%, donde ha permanecido durante cinco reuniones consecutivas. Bancolombia proyecta que la inflación cerrará 2026 en 5%, por encima de la meta del 3% por sexto año consecutivo. La institución financiera advierte que cada punto adicional en el salario mínimo por encima de inflación y productividad añade 0,06 puntos al IPC.
Para dimensionar la magnitud de la medida, basta mirar al vecindario: mientras economías pares como Chile, Perú y México proyectan ajustes salariales alineados con sus metas de inflación (oscilando entre el 3% y el 4,5% para 2026), el decreto colombiano rompe cualquier simetría regional. Un aumento del 23,8% no solo quintuplica la inflación objetivo del propio Banco de la República, sino que convierte a Colombia en un caso atípico en Latinoamérica, desmarcándose de la tendencia de normalización monetaria que predomina en el continente.
Con este aumento, se espera que la inflación se mantenga elevada durante los primeros meses de 2026, lo que podría obligar al Banco Central a mantener tasas de interés altas por más tiempo—potencialmente llevándolas hasta 10% o superior—, encareciendo el crédito para hogares y empresas.
El centro de pensamiento Fedesarrollo advierte que el resultado será un “escenario de tasas de interés más altas para hogares y empresas” durante todo 2026, anulando parcialmente los beneficios nominales del aumento salarial.
Indexación: el efecto dominó
En Colombia existe un mecanismo de “indexación” donde múltiples servicios y tarifas se ajustan automáticamente al salario mínimo. Con este aumento del 23,8%, se espera que suban inmediatamente pasajes de transporte público (cerca de 200 pesos), vivienda de interés social (tope podría alcanzar $262 millones), multas de tránsito, copagos en medicina prepagada y cuotas de administración en edificios.
Esto significa que trabajadores que ganan entre $2 y $3 millones de pesos—aproximadamente 10 millones de personas—verán congelados sus ingresos mientras sus gastos suben, un efecto que socava el propósito inicial de la política.
Informalidad y desempleo: las víctimas silenciosas
Con 13,6 millones de colombianos en informalidad laboral (56% de los ocupados), solo una minoría de trabajadores recibirá el beneficio directo del aumento. Analistas como Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, advierten que “el incremento del costo de contratación fomenta la informalidad y no mejora el poder adquisitivo real, pues la inflación y el desempleo terminan por neutralizar el beneficio nominal.”
El Consejo Gremial proyecta que el aumento podría destruir empleo formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas, que representan el 97% del tejido empresarial colombiano. Con un costo total por trabajador que alcanzará aproximadamente 3 millones de pesos mensuales, muchas pymes enfrentarán una decisión difícil: invertir menos, reducir plantillas o salir de la formalidad.
Las voces críticas
Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, fue directo: “Solo 4 de cada 10 trabajadores en Colombia son empleados formales. Un incremento del 23% beneficiará a una minoría de manera temporal, pero el aumento de la inflación y el consiguiente aumento del costo del dinero anularían esa ganancia.”
La representante Carolina Arbeláez llamó la decisión “populismo puro,” mientras que Hernán Cadavid advertía sobre la “insostenibilidad del empleo” con este nivel de aumento.
La validez de los argumentos empresariales
A diferencia de años anteriores cuando se lograron consensos (2022: 10%, 2023: 16%), esta decisión unilateral rompió los mecanismos de diálogo social. Los gremios cuestionan que Petro haya descartado criterios técnicos verificables como productividad, inflación y capacidad de pago.
Camilo Herrera Mora, fundador de Raddar, sintetiza el riesgo: “Al aumentar mucho el salario mínimo pasan varias cosas: aumentan costos, aumentan precios, se reducen utilidades en empresas y cae recaudo tributario.”
Conclusión: entre la solidaridad y la insostenibilidad
El dilema de Colombia es real: los trabajadores formales necesitaban mejoras en poder adquisitivo, pero un aumento del 23,8%—siete puntos porcentuales por encima de lo que pidieron incluso los sindicatos—excede los límites de sostenibilidad económica.
El resultado probable es irónico: mientras 2,4 millones de trabajadores formales verán aumentar nominalmente sus ingresos, decenas de millones de informales enfrentarán una inflación más elevada, tasas de interés más altas, y menores oportunidades de empleo formal. La “justicia social” corre el riesgo de convertirse en una ilusión que beneficia a pocos mientras castiga a muchos.
