Por: Krisia Chacón Jiménez.   2 abril
Así lucía el centro comercial City Mall en Alajuela el 27 de marzo de 2020. Baja afluencia de clientes y todavía con locales que se rehusan a cerrar por crisis de coronavirus. Foto: Jorge Navarro.
Así lucía el centro comercial City Mall en Alajuela el 27 de marzo de 2020. Baja afluencia de clientes y todavía con locales que se rehusan a cerrar por crisis de coronavirus. Foto: Jorge Navarro.

Pedro Soto, socio propietario del restaurante Fogo Rodizio, tomó la decisión de cerrar su negocio luego que le fuera imposible pagar el alquiler de su local de $10.000.

“Por más que se habló con los dueños del edificio, que no quisieron darnos estos tres meses (marzo, abril y mayo) se dio un cese de contrato por la pandemia de vivimos en Costa Rica. Insistieron que debíamos pagar un 50% del alquiler”, publicó en Facebook Soto.

La crisis que vive el país con la propagación del coronavirus, no exime de momento, a los inquilinos de centros comerciales y otros locales de pagar su monto de alquiler.

Actualmente la única medida aplicable en relación con alquileres comerciales es que no se cobrará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante los meses de abril, mayo y junio. Por el momento, no ha habido otro tipo de disposiciones especiales.

Eso podría variar en el corto plazo, ya que se ha hablado ante la Asamblea Legislativa de moratorias en los pagos de los alquileres y de suspender procesos de desahucio, pero todavía nada de eso está en pie.

Queda a decisión de los propietarios de los locales ofrecer ayudas para sus inquilinos y sobrellevar la situación hasta que la crisis por el COVID-19 pase.

Por ejemplo, Portafolio Inmobiliario, que tiene a su cargo proyectos de uso mixto y los centros comerciales Avenida Escazú, Lincoln Plaza, Terrazas Lindora, Escazú Village, Mango Plaza, Plaza Bratsi y C3 (Antiguo Real Cariari), desarrolló un plan especial para ayudar a sus inquilinos y evitar que tengan que desocupar sus negocios.

Desprotección de inquilinos

La Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos no prevé una situación como la que vive el país por la propagación del nuevo coronavirus.

“Solamente establece una excusa para no pagar en situaciones de fuerza mayor en la que el local no está en condiciones de ser utilizado por el inquilino. Por ejemplo, si hubiese habido algún terremoto y la estructura del local se deteriora, entonces, allí sí, el inquilino tendría una excusa para no pagar. Sin embargo, para un caso como el del coronavirus, en donde el local continúa estando en condiciones para ser utilizado, un inquilino continúa con la obligación legal de seguir pagando su alquiler”, explicó Sergio Amador, socio de abogados Batalla.

La pérdida de clientes es un riesgo que, en principio, el empresario debe asumir en su negocio.

Es recomendable que los comercios revisen con su abogado sus contratos de arrendamiento. Podría ser que en ellos exista alguna solución temporal.

Si no hubiese una disposición en el contrato de arrendamiento que le brinde una solución, lo más recomendable es conversar con el propietario del local para exponer la situación y buscar soluciones para sobrellevar la crisis.

“Los inquilinos tienen un negocio que mantener y salarios que pagar. Pero no olvidemos que el propietario también y además puede ser que tenga una carga financiera que soportar porque el local está siendo financiado. Por ello, hay que partir de un principio de justicia, por lo que no es justo que solo una de las partes tenga que soportar las consecuencias de esta situación extraordinaria”, añadió Amador.

Los propietarios e inquilinos deberán conversar, negociar y llegar a un acuerdo. Por ejemplo, se podría proponer que el pago de uno, dos o tres alquileres se realice diferido a un plazo determinado sin intereses, o, si existe la posibilidad, que realice un rebajo temporal del alquiler.

Opciones hay muchas, solo basta ser creativos y en ello sus abogados pueden ayudarles, recomendó el especialista.

Este tipo de acciones son las que llevan a cabo en Portafolio Inmobiliario, que en conjunto con Banco Promérica, le ofrece a los inquilinos el pago de cuatro alquileres, cuatro cuotas de mantenimiento, cuatro pagos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y cuatro planillas.

Estos montos podrán ser cancelados a partir de abril 2021, momento que la compañía estima que los negocios podrían hacerle frente a la situación.

“Queremos que el inquilino pueda pasar estos momentos difíciles y en agosto cuando ya estemos en ese reinicio, no se preocupe por pagar todo esto. Lo ideal es alcanzar la temporada alta en diciembre y que pueda cancelar estos montos pendientes en abril del otro año”, explicó Alfredo Atmella, director comercial de Portafolio Inmobiliario.

El tráfico de personas en los centros comerciales asociados a esta organización está por debajo del 50%, razón por la cual se han apoyado de compañías como Uber Eats, Glovo y Rappi para ofrecer entregas a domicilio y mitigar el impacto en la caída de las ventas.

De momento ningún negocio de esta empresa ha abandono sus locales; pero esta situación no es así para todos.

La caída dramática en las ventas ha afectado a emprendedoras como Rebeca Delgado, quien tenía un quiosco y tres tiendas en los centros comerciales City Mall, en Alajuela, y Oxígeno y Paseo de las Flores en Heredia.

Su negocio se llama RBK Tatuajes Temporales, el cual inició desde que tenía 16 años. Con la crisis del coronavirus se vio obligada a cerrar sus locales debido a que no tiene para pagar los alquileres.

"Es increíble como de un día para otro pasas de tener cuatro tiendas a no tener nada”.

La Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR ) afirma estar ejerciendo presión ante los diputados para lograr acuerdos en los costos de los alquileres comerciales.

“Este ha sido un año duro en donde pese a que somos el sector que mayor empleo genera en el país con 343.000 trabajadores, representando el 16% de la fuerza laboral total, enfrentamos una pérdida de 24.000 empleos en este último año y concretamente en esta coyuntura, se han contabilizado 7.980 negocios cerrados y 109.000 personas despedidas”, señaló la Cámara.

CCCR pretende que pueda existir la renegociación o finalización de contratos sin penalidades, que le permita a las empresas enfrentar la crisis de la mejor forma y proteger la mayor cantidad de empleos posibles.

“Desde nuestro sector urgimos sobre la importancia de incorporar la potestad para que los comercios puedan negociar los contratos en las condiciones que ambas partes acuerden. El espíritu que debe prevalecer en estas negociaciones es que ambos sectores tanto el comercio, como los propietarios de los locales, minimicemos las pérdidas”, señaló Julio Castilla, presidente de la Cámara.

EF consultó a Grupo Roble, administradores de los centros comerciales Multiplaza, para conocer si están aplicando medidas similares para sus inquilinos, pero su respuesta fue que no están dando declaraciones del tema.