
El proceso legal que afectó los servicios de la empresa Gas Zeta en 2015 sigue abierto. Este 10 de julio, representantes de las empresas Cervin Investissements S.A. y Rhone Investissements S.A. convocaron a conferencia de prensa para solicitar a las autoridades costarricenses las resoluciones pendientes y que, en su óptica, favorecerían a sus intereses.
Las empresas alegan que el capital accionario de Gas Nacional Zeta les pertenece y que así ha sido reconocido por el Estado costarricense ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
“Buscamos un compromiso tanto de las autoridades jurisdiccionales como administrativas para que resuelvan cuanto antes y protejan a los consumidores, con el fin de no interrumpir la permanencia del servicio público y evitar que suceda lo ocurrido entre abril y mayo del 2015, cuando hospitales, comedores escolares, comercios y cárceles quedaron sin este servicio. Para eso, el sistema normativo público tiene las potestades para que pongan en marcha el protocolo para garantizar que no exista el desabasto de gas y lleve tranquilidad a los usuarios cuando el cambio de administración se realice”, indicó Ernesto Villalobos, vocero de Rhone y Cervin Investissements.
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Divorcio con secuelas
El conflicto surgió del acuerdo legal de divorcio entre Miguel Zaragoza y Evangelina López. La repartición de bienes del matrimonio, pactada en Texas, Estados Unidos, condujo a un complejo proceso que y afectó la operación de la empresa y provocó problemas de abastecimiento de gas en sodas, restaurantes y hoteles entre abril y mayo de 2015.
Tras la resolución, tanto Zaragoza como López presentaron interpretaciones que les permitían, según sus abogados, administrar toda o algunas partes de la empresa Gas Zeta. Desde entonces se han seguido una serie de procesos y resoluciones, y el reconocimiento de las empresas en cuestión como propietarias del capital accionario de Gas Zeta.
A la fecha, las autoridades costarricenses todavía tienen pendiente pronunciarse para definir cómo operará la empresa.
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En febrero de 2016, la Sala I, emitió una resolución sobre las empresas relacionadas con Gas Nacional Zeta en Costa Rica. Sin embargo, esto no llegó a ejecutarse pues se presentó un conflicto de competencias ante la Corte Suprema de Justicia.
En octubre de 2017, se resolvió la situación de dicho conflicto; sin embargo, sigue pendiente de que sea visto y votado en Corte Plena.
Dada la espera, las empresas presentaron una queja ante la Defensoría de los Habitantes, y están a la espera de que los magistrados del Poder judicial voten el tema.