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Panamá concentró el 25% de la cifra de negocios internacionales que alcanzó Sacyr en los nueve primeros meses del año, cantidad que se situó en 331 millones de euros (unos $450 millones) gracias a las obras de ampliación del Canal.
Esos trabajos están ahora en suspenso tras la falta de acuerdo con la Autoridad del Canal (ACP).
Panamá fue el segundo mercado que más aportó a los ingresos internacionales de la constructora española contabilizados hasta setiembre, sólo por detrás de Chile, que aglutinó el 26% de la facturación exterior.
El crecimiento experimentado en Panamá, Chile, Panamá, Bolivia y Brasil fue determinante para que la compañía incrementase, en dicho periodo, sus ingresos internacionales un 23%, un porcentaje que permitió paliar la contracción del 26% registrada en España.
Con todo ello, de los 2.407,5 millones de euros de ingresos obtenidos por la compañía en dicho periodo, más de la mitad provinieron del mercado internacional.
Además, Panamá aglutinó el 10% de los $5.998 millones de euros de cartera de obra que contabilizó la compañía el pasado año, es decir, cerca de 600 millones de euros.
En declaraciones a EFE, el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, subrayó la semana pasada que el proyecto de ampliación del Canal representaba una "pequeña parte" de la cartera de la compañía.
Además del proyecto del tercer juego de esclusas del Canal, Sacyr se adjudicó en 2012 la construcción de la infraestructura portuaria necesaria para el funcionamiento de una mina para la extracción de mineral de cobre convencional en Panamá por 34,6 millones.
A pesar de que las negociaciones entre la Autoridad del Canal de Panamá y el consorcio Grupos Unidos por el Canal (GUPC) –integrado por la española Sacyr, la italiana Impregilo, belga Jan de Nul y la panameña CUSA– se rompieron oficialmente el pasado 4 de febrero, desde entonces las partes han seguido intercambiando propuestas para financiar el final de las obras.
El GUPC se adjudicó en junio de 2009 el proyecto de diseño y construcción del tercer juego de esclusas de la vía interoceánica por su oferta de $3.118 millones, por debajo del precio máximo establecido por la ACP de $3.481 millones.
El proyecto debía estar listo en octubre de ese año, según el contrato, pero ya en 2013 el consorcio anunció un retraso hasta junio de 2015, y el actual conflicto hace temer que se prolongue más allá de ese año.
