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La prohibición para exportar agua y una redefinición de las áreas de protección son dos de los principales cambios de la futura Ley de Agua que genera algunas inquietudes entre el sector empresarial del país.
Sin embargo, el texto, recien aprobado en primer debate en el Congreso, resultó ser un balance de los diferentes intereses de los sectores.
Juan Ramón Rivera, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, informó que reúne la mayor cantidad de posiciones consenso entre todos los sectores usuarios del recurso.
El líder empresarial comentó que los puntos de discordia para los industriales fueron la inclusión del concepto de valor económico del agua —que actualmente se cobra mediante el canon de aprovechamiento—, el tema de una definición técnicamente adecuada de las áreas de protección y la clarificación de la rectoría.
Estos puntos deberán ser afinados una vez que la ley entre en vigencia y se publiquen sus respectivos reglamentos.
La Unión de Cámaras del Sector Empresarial Privado (Uccaep) coincidió con la Cámara en que el texto aprobado es fruto de un concenso. "Confiamos en que la legislación dote de una mayor seguridad jurídica a las empresas que utilizan el agua en sus procesos productivos", externó en un comunicado.
El proyecto 17.742 "Ley para la gestión integrada del recurso hídrico" podría recibir el segundo debate este jueves, siempre y cuando no se decida enviarlo a consulta a la Sala Constitucional, informó el diputado Claudio Monge. Si diez legisladores o más solicitan la consulta, el proyecto irá un mes a la Sala y le correspondería a la nueva Asamblea dar el segundo debate.
La actual ley es de 1942 y carece de herramientas para regular aspectos como concesión de aguas subterráneas, el trabajo de las Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (Asadas) o el pago por la protección de fuentes.
El proyecto aprobado proviene de iniciativa popular y fue debatido desde el 2008, aunque el país está tratando de renovar la Ley actual desde hace más de una década, pero el acuerdo entre diputados y sectores productivos demoró años en llegar.
¿Qué propone?
El proyecto otorga rango de ley al derecho humano de acceso al agua y establece como prioritario el abastecimiento a las comunidades.
Crea también la Dirección Nacional del Agua (DINA), órgano técnico adscrito al Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) que ostenta la rectoría, dejando a Acueductos y Alcantarillados (AyA) como un ente administrador y no rector.
Rivera confía en que esta nueva rectoría mejore los trámites para los empresarios al estar todo centralizado, pues hoy brinca entre el AyA, el Minae, la Dirección de Aguas y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara).
El proyecto crea los Consejos Consultivos de Cuencas para 12 de las principales cuencas del país; se trata de entes comunitarios que deben avalar el Plan Nacional de Agua y fungir como inspectores de las fuentes hídricas, tanto en sectores públicos como privados.
Otro cambio es que prohíbe la exportación del agua. En Costa Rica varias empresas comercializan agua embotellada, pero principalmente para consumo local. Sin embargo, datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) indican que este nicho venía creciendo.
En el 2013, la exportación de agua sin azúcar, edulcorantes ni aromatizantes alcanzó $74.000, el triple que hace tres años. Si se compara solo la exportación de enero y febrero, en 2014 las exportaciones crecieron seis veces respecto a los mismos meses del 2013.
El tratamiento de aguas residuales y los permisos de vertidos se definen expresamente —a diferencia de la ley actual— y el canon por vertidos se unifica con el de aprovechamiento.
Panorama actual
El Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (PNGIRH) señala que la oferta hídrica del país es de 110 km3 anuales, por lo que en promedio cada costarricense contaría con un volumen de agua de 25.571 m3 al año, es decir, más de tres veces el promedio mundial (7.000 m3).
A pesar de esta riqueza hídrica, el aumento poblacional, el crecimiento urbanístico e industrial, así como la intensificación de las actividades agrícolas, pecuarias y turísticas, presionan la demanda e impactan la oferta del recurso hídrico, a partir de intensos procesos de contaminación y a la falta de infraestructura de almacenamiento, conducción y distribución del agua.
La información disponible indica que, en Costa Rica, más del 70% de las aguas residuales no reciben ningún tratamiento, impactando los recursos hídricos a niveles superficiales, subterráneos y marino-costeros así como a los diversos ecosistemas asociados.
De acuerdo con las estimaciones del PNGIRH, las extracciones anuales totales para los distintos sectores usuarios están cercanas a los 24,5 km3, o sea un 22% del volumen anual. Este volumen de extracciones difiere en gran medida del volumen concesionado, que es de alrededor de los 12,3 km3, indicando que el 50% de los usos del agua se hacen de manera ilegal, ya sea por usuarios sin concesión o por los mismos concesionarios.
