Por: Jéssica I. Montero Soto.  8 marzo

Seis meses después de la renuncia simultánea de más de 50 colaboradores en Deloitte Costa Rica, los movimientos dentro de las firmas de consultoría legal o auditorías están lejos de terminar.

¿Las causas? Una mezcla de presiones externas, cambios disruptivos en el mercado y diferencias profesionales o personales entre socios. El origen puede llevar a una ruptura más o menos amigable.

La transformación constante marca diferencia entre este segmento y otras esferas de negocios donde las sociedades tienen un promedio mayor de duración y las fusiones anunciadas suelen cancelarse únicamente por fiscalización legal, es decir cuando se impiden por limitaciones legales.

En el caso de las asesorías, el corazón de la actividad son las relaciones con las personas. Parte de lo que se vende es el servicio que brinda una persona específica, por lo tanto, las sociedades suelen tener la misma volatilidad que posean los seres humanos que las integran.

Esta ebullición del sector legal costarricense es una manifestación del panorama global: el 2017 cerró con 102 fusiones y cerca de 45 separaciones a gran escala en el mercado legal de Estados Unidos.

Esta diferencia crea una percepción de inestabilidad y obliga al sector a establecer comunicaciones asertivas con sus clientes, pues representantes de ese sector consultados por EF afirman que la alta probabilidad de cambio les genera inquietud e incluso puede provocarles reprocesos y generarles costos adicionales.

Recuento de casos recientes

En los últimos meses, la operación local de EY, una de las denominadas cuatro grandes a nivel global, absorbió al bufete Pacheco Coto, pero dos abogados de esta firma se fueron al bufete Batalla antes de la fusión.

Los cambios recientes son menos violentos si se les compara con la salida masiva a partir de la cual se dio el relanzamiento de la firma Grant Thornton, pero algunos generan polémica e incertidumbre, y plantean desafíos a las empresas legales en las relaciones con los clientes.

En la edición impresa 1169 de EF, la firma BDO Costa Rica publicó sobre su intento fallido de fusionar Grupo Camacho a su operación bajo el nombre de BDO Tax. Camacho se refiere a la ruptura del proceso como una “absorción” mientras BDO afirma que fue una “desvinculación”.

Cada caso representa escenarios distintos: el movimiento de EY es parte del crecimiento de la operación en la región y se unió a la incorporación de Innovare, firma consultora en innovación y estrategia.

En este caso, la sorpresa fue la salida de Oswald Bruce e Ignacio Monge hacia Batalla.

El reacomodo entre Batalla y AFC, si bien trascendió con bajo perfil, obligó al cambio de nombre del bufete, que apenas en 2015 había sido renombrado como Batalla Salto Luna.

Incluso en el anuncio que hicieron en ese año, los ahora exsocios hablaron de una inversión en conjunto para sus nuevas oficinas y que atenderían a una cartera importante de clientes.

La ruptura entre BDO y Grupo Camacho, y las diferencias en la percepción sobre el resultado del proceso, dan otro matiz en este caso.

Sin embargo, todos los abogados consultados consideran que la transformación del sector no debería generar incertidumbre entre los clientes, sino la percepción de evolución, madurez y mayor oferta.

German Morales, managing partner de Grant Thornton, afirma que los movimientos pueden ser transparentes para los clientes, es decir, que no se perciban variaciones en la calidad y las rutinas de servicio.

“El cliente es el beneficiado porque cuenta con más opciones y puede escoger mejor de acuerdo a sus necesidades, ahora a un mejor precio. El único riesgo puede ser seleccionar consultores individuales, que no le den la calidad deseada o no le terminen el trabajo”, aseguró.

¿Qué dicen los clientes?

A pesar de lo que expresa Morales, el economista y asesor empresarial Álvaro Cedeño y tres representantes del Asociación de Abogados de Empresa para Centroamérica (AAEC), afirman que la estabilidad es un bien preciado, que se puede perder debido a la efervescencia del sector.

En algunos casos, la alternativa no existe, pues los contratos obligan a las empresas a permanecer con la consultora, aunque su asesor se vaya.

“A los clientes les despierta inquietud. Valoramos mucho la estabilidad. Cuanto más cercano a nosotros o a nuestra empresa la persona que se traslada, más nos perturba”, afirmó.

Y las complicaciones van más allá de la comodidad y pueden provocar procesos internos que equivalen a una nueva selección de proveedor. Michelle Canelo, presidenta de la AAEC y directora legal de Cargill Inc. para Centroamérica, enfatizó sobre la necesidad de alinear prácticas con los servicios de asesoría legal.

“Esos cambios suelen requerir revisar de nuevo si y cómo afecta el cambio la información que ya existía”, puntualizó.

Se refiere a códigos de ética, políticas anticorrupción, manejo de posibles conflictos de interés y temas similares, relevantes y sensibles.

¿Qué esperan de estos procesos? Información, transparencia y resultados positivos específicos en el servicio que recibe. Su impresión general del proceso dependerá de su experiencia individual.

Paola Fonseca, regional legal counsel de TMF Group BV para Latinoamérica y vicepresidenta de la AAEC afirmó que un proceso motivado por razones positivas puede llevar a resultados positivos, por ejemplo, en el acceso a recursos tecnológicos o mayor infraestructura.

“Hay firmas con muchos años en el mercado local que no parecen enfocarse en las necesidades del mercado, los clientes requerimos propuestas innovadoras, mas allá de recibir notificaciones acerca de los rankings o premios que obtienen. Esperamos ver en las firmas de asesoría un socio estratégico”, apuntó.

La presión por servicios globalizados y más tecnológicos promete dar más casos de transformación en empresas locales de asesoría legal. De hecho, la próxima gran salida podría estar gestándose mientras usted lee estas líneas.