Dado que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) no puede otorgar más licencias para pescar camarón bajo la técnica de arrastre, los 40 barcos costarricenses que tienen autorización deberán cesar sus funciones, lo que afectará a unas 600 personas.
El pasado 7 de agosto la Sala Constitucional prohibió la pesca de arrastre en los mares costarricenses por tratarse de una práctica dañina para el ambiente. Sin embargo, los mayores impactos los generan los grandes barcos trasnacionales, pero la medida aplica para todos, grandes y pequeños.
La Cámara Puntarenense de Pescadores informó en un comunicado que las primeras licencias vencen en marzo próximo y así sucesivamente hasta el 2018, cuando los 40 barcos operativos se queden sin permisos.
"Nuestra pesca de arrastre jamás se compara con la de otros países y sus consecuencias. Lo cierto es que el fallo trae consigo un deterioro socioeconómico para la provincia que no valoraron los magistrados", aseguró Román Chavarría, representante de los exportadores dentro del Centro.
Solo esta semana unas 600 personas se quedarían sin empleo en Puntarenas. Dos de las empresas procesadoras de camarón más importantes de la provincia cerrarían sus puertas argumentando inseguridad jurídica para seguir operando. Se trata de Talmana y Don Emmanuel del Pacífico.
Ante este panorama, autoridades de la Cámara Puntarenense de Pescadores, conformada por el sector de la pesca de arrastre, solicitan que las autoridades tomen acciones al respecto y consideren realizar una reforma legal a la Ley de Pesca y Acuicultura para que esta actividad se haga de manera responsable y sostenible, como también lo indica la Sala IV.
Incluso los miembros de la Cámara están dispuestos a someterse a nuevos principios de sostenibilidad con tal de que la actividad continúe, pero regulada, y que permita mantener a estas familias con trabajo.
