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La cantidad de empresas dedicadas a brindar servicios de seguridad en el país sigue creciendo, sin indicios de un posible declive en un periodo cercano.
Según datos de la Dirección de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad Pública, durante todo el 2013 se registraron 150 nuevas compañías.
En el primer semestre de este año ya se reportaron 145 incorporaciones adicionales, para un total de 1.539 empresas.
La creación de pequeñas firmas dedicadas a la atención de un lugar en específico, los límites impuestos sobre la cantidad de oficiales y armamento, la apertura de compañías de servicios varios y la contratación de firmas que están en orden con las leyes, son los factores que impulsan este crecimiento.
Allan Guillén, vicepresidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad (ACES), indicó que cada vez son más las compañías consideradas como “localizadas”, es decir, que se concentran en un solo lugar.
“Por ejemplo, en una compañía bananera o un condominio, contratan los servicios de una empresa grande de seguridad. Sin embargo, luego, por cuestiones de costos u otros, negocian con los guardas y crean una empresa más pequeña que cuida únicamente de ese lugar”, explicó Guillén.
A esta situación se suma que diversas firmas ya consolidadas en el mercado desean seguir creciendo pero no lo pueden hacer con el mismo nombre debido a lo estipulado en la leyes de Servicios de Seguridad Privada y la de Armas y Explosivos.
La primera indica, en su artículo 19, que las empresas “no podrán mantener un número de agentes de seguridad superior al 10% del total de los miembros de la Fuerza Pública por el tipo de servicio, calculado según las estimaciones presupuestarias de cada año”.
La segunda ley manifiesta, en el apartado 86, que se podrán inscribir el número de armas que requieran para ejercer su función, pero no podrá ser superior al 1% del total de armas que posee la Fuerza Pública.
Guillén añadió que ante estas situaciones, diversas compañías se han inclinado por abrir otras más pequeñas con la misma línea de funcionamiento u optan por realizar alianzas.
Por otra parte, Johnny Delgado, gerente de CSE Seguridad, mencionó que la aparición de empresas de diferentes sectores económicos, tanto nacionales como transnacionales, ayudó al incremento debido a que consideran el servicio como una necesidad para dar tranquilidad a su personal y clientes.
Este negocio posee más de 50 clientes y tienen a su servicio una cantidad superior a los 1.800 oficiales que brindan su atención en todo el país.
Otro factor que influye también en el incremento de empresas de seguridad, es que los clientes están mostrando una mayor conciencia sobre la contratación de firmas autorizadas que cumplan con la ley y que les garantice un servicio de calidad al tener un personal capacitado.
“Poco a poco se empiezan a preocupar por tener una seguridad de mayor calidad, en la que se cumplan con las garantías sociales para los empleados y en la que se le brinde un valor agregado”, mencionó Luis Guzmán, gerente de Sistemas de Gestión Integrados, de CSI Seguridad.
Esta firma tiene 65 clientes y una planilla de 700 personas que laboran en diferentes zonas del territorio nacional.
Aunado a esto, la percepción de inseguridad por parte de la población en general, sigue siendo un factor determinante en la creación de compañías.
Competencia desleal
A pesar de los indicios de una mejora en la contratación de empresas que cumplen con todos los requisitos, las compañías de seguridad privada legales son conscientes de que la competencia desleal sigue siendo un factor por superar.
El vicepresidente de la ACES mencionó que este es uno de los principales retos a enfrentar debido a que, actualmente, existe una gran cantidad de negocios que se encuentran fuera de la ley.
Estas organizaciones suelen cobrar montos menores a los considerados como rentables, con los que no se asegura el cumplimiento de las garantías sociales y legales.
Según la referencia del mercado, los costos por tener un puesto de 24 horas es de aproximadamente ¢2,1 millones. Sin embargo, otras cobran desde ¢1,5 millones a ¢1,7 millones.
“El cliente se pone en un riesgo terrible, está incumpliendo con la caja o con las pólizas de seguro”, destacó Guillén.
Con él coincidió el representante de CSE Seguridad, quien manifestó que el crecimiento del mercado no es un problema, sino la existencia de competencia desleal que ofrece un producto no garantizado ni respaldado.
“No se puede omitir que la proliferación de muchas empresas de seguridad que actúan al margen de la ley, ha venido de manera riesgosa a saturar el mercado de los servicios de seguridad, convirtiéndose estas en un actor que golpea drásticamente”, destacó Delgado.
