Editorial | El desarrollo de la red 5G se trata de una verdadera revolución digital con un impacto directo en el crecimiento económico del país y en su productividad, y que asimismo generará un impulso insospechado en la innovación y el desarrollo tecnológico
Tras años de demora y forcejeos con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a finales de enero pasado tuvo lugar la subasta realizada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para asignar las frecuencias necesarias para implementar la tecnología de quinta generación (5G) en Costa Rica. El trámite se dio en dos rondas, la primera a nivel nacional y la segunda a nivel regional. En el primer caso, resultaron escogidas las firmas Liberty y Claro; en el segundo, cuatro cooperativas y una firma privada. En total, los operadores pagarán un precio base de $52,5 millones y se comprometerían a disponer de la infraestructura requerida para asegurar la cobertura en prácticamente todos los rincones del país en un plazo de cinco años.
La 5G es la tecnología celular inalámbrica desarrollada para superar sustancialmente la capacidad de las redes 4G, en cuanto a velocidad, latencia y conectividad. La velocidad de la 5G, por ejemplo, puede llegar hasta 1,7 Gbps (o más en redes dedicadas), es decir al menos diez veces la capacidad de la 4G, mientras que reduce los tiempos de latencia a un milisegundo, y puede soportar hasta un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, permitiendo una mayor rapidez, robustez, eficiencia y menores costos. La tecnología está disponible desde el 2018, su desarrollo se aceleró con la pandemia de la covid-19, y hoy en día es ampliamente utilizada en Corea del Sur, Estados Unidos, China, Japón y Europa, así como en México, Brasil, y Chile. De hecho, países como China y Finlandia ya trabajan en el desarrollo de la tecnología 6G, la cual se estima podría alcanzar velocidades de hasta 1 Tbps para el año 2030.
Esta conectividad ultrarrápida permitirá el uso de novedosas aplicaciones corporativas, un gobierno digital más efectivo, el desarrollo de la telemedicina y las ciudades inteligentes, mejorías en la seguridad y la movilidad, y más eficiencia en el sector agrícola, entre muchas otras posibilidades. De más está decir que para la política de atracción de inversiones, cada vez más dirigida a sectores dependientes de los avances tecnológicos, esa conectividad es indispensable y que su retraso -junto con la insuficiencia de un recurso humano especializado- se ha convertido en una barrera para potenciar su crecimiento.
Es decir, se trata de una verdadera revolución digital con un impacto directo en el crecimiento económico del país y en su productividad, y que asimismo generará un impulso insospechado en la innovación y el desarrollo tecnológico. Se calcula que su adopción podría tener un impacto en el Producto Interno Bruto de $3.925 millones de aquí al año 2035 y que las pérdidas podrían llegar a ser de casi $500 millones por cada año de retraso. En otras palabras, son imperdonables los atrasos sufridos y el rezago tecnológico provocado, ya sea por el prurito ideológico en favor de las empresas estatales de pasadas administraciones, el temor a enfrentar la reacción de ciertos grupos de interés, o la mera desidia burocrática en el avance de estos procesos.
Según informa Federico Chacón, presidente del Consejo Directivo de la Sutel, todavía falta camino por recorrer, pues aún hay que esperar la redacción y firma de los contratos, así como el refrendo de la Contraloría General de la República. Asimismo, la ejecución posterior de los proyectos tampoco está exenta de retos: el desarrollo de la infraestructura es compleja, el número de celdas y antenas a instalar es considerable, la obtención de permisos y autorizaciones puede ser lenta. Siempre existe el riesgo de que atrasos en los avances profundice los efectos en la desigualdad, aún cuando, afortunadamente, la subasta fue diseñada con el objetivo de que la puesta en práctica de esta tecnología no acentúe la brecha digital ya existente, particularmente entre las zonas urbanas y las zonas rurales más alejadas del Valle Central.
Editorial El Financiero (Shutterstock/Shutterstock)
Con todo, aún con los atrasos del pasado y los retos que vienen, debemos celebrar con entusiasmo este paso. Se trata de una muy buena noticia que redundará en beneficio del país, de una amplia diversidad de sectores y, sobre todo, de las nuevas generaciones. Entre más rápido se concrete la adopción de esta tecnología, mejor para todos.
