EscucharEsta semana, delegados de todo el mundo se reunirán en Nueva York para negociar la propuesta de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional, un acuerdo histórico destinado a hacer que la cooperación fiscal global sea más inclusiva y eficaz. De aprobarse, la Convención representaría la reforma más trascendental del sistema fiscal global en casi un siglo, cambiando de forma radical la manera en que los países gravan a las empresas multinacionales y, potencialmente, a las personas más ricas del mundo.
Una nueva investigación realizada por la federación sindical global Public Services International (PSI) y Tax Justice Network subraya la necesidad urgente de reformar el sistema tributario internacional. Con base en datos públicos de declaración país por país, estima que los gobiernos podrían recaudar 500.000 millones de dólares adicionales en impuestos corporativos cada año si sustituyeran el sistema actual de “pago donde se declara” por un enfoque de “pago donde se opera”.
El sistema actual es fruto de reglas centenarias que ya no se ajustan a su finalidad. Al permitir que los gobiernos graven a las empresas multinacionales allí donde declaran sus beneficios, en lugar de donde los generan, se recompensa a las empresas por trasladar sus ingresos imponibles a paraísos fiscales antes de declararlos.
En 2012, el G20 le encomendó a la OCDE que armonizara el lugar donde se declaran los beneficios con aquel en el que las empresas operan realmente. Esa iniciativa fracasó, y el traslado de beneficios no ha hecho más que incrementarse. Según el informe de PSI/Tax Justice Network, gravar los beneficios allí donde realmente se obtienen aumentaría los pagos de impuestos de las empresas multinacionales en un 24% sin que ningún país tuviera que subir su tasa del impuesto corporativo.
Las negociaciones en Nueva York representan la mejor oportunidad en décadas para sustituir el modelo obsoleto de “pago donde se declara” por un marco de “pago donde se opera”, que grave a las empresas multinacionales allí donde emplean a personas y venden bienes y servicios. Esta reforma podría hacer que los paraísos fiscales pasaran a ser obsoletos de la noche a la mañana y restablecería la capacidad de los gobiernos para gravar la actividad económica que tiene lugar dentro de sus propias fronteras.
En un marco de este tipo, los mayores ingresos irían a parar a las economías más ricas del mundo, pero el mayor impacto se sentiría en las más pobres. Para muchos países de bajos ingresos, la renta adicional superaría con creces lo que recaudan hoy en día de las corporaciones multinacionales. Esto coincide con las conclusiones de los informes anuales sobre el Estado de la Justicia Fiscal: mientras que las economías más grandes son las que más pierden en términos absolutos debido al abuso fiscal de las empresas, los países de bajos ingresos sufren las mayores pérdidas en relación con el tamaño de su base impositiva.
Esto no quiere decir que las economías avanzadas no se beneficiarían. Estados Unidos, por ejemplo, recaudaría unos 35.500 millones de dólares en ingresos fiscales adicionales -lo suficiente como para multiplicar por 45 el gasto en energías renovables y crear más de 265.000 puestos de trabajo-. El Reino Unido recibiría 16.900 millones de dólares, una cantidad suficiente como para financiar seis veces las medidas relacionadas con el costo de vida que acaba de introducir. Por su parte, los Estados miembros de la UE recaudarían aproximadamente 65.700 millones de dólares al año, lo que bastaría para cuadruplicar el gasto actual en adaptación climática en los sectores de la agricultura, la energía y el transporte. España y Francia, que se enfrentan a las temporadas de incendios forestales más devastadoras de su historia, recibirían 4.200 millones de dólares y 25.500 millones de dólares, respectivamente.
En el caso del Sur Global, los beneficios serían transformadores. Según estima el informe, en un solo año, los países de menores ingresos recaudarían más que el importe total que le deben actualmente al Fondo Monetario Internacional en concepto de préstamos pendientes.
¿Cómo pasamos entonces del sistema actual de “pago donde se declara” a uno genuinamente de “pago donde se opera”? El artículo 5 del borrador de la Convención Fiscal de la ONU -producto de dos años de negociaciones- intenta precisamente eso al asignar los derechos de tributación entre los países basándose en factores claros y objetivos, como las ventas, el empleo y los recursos naturales.
De aprobarse, la Convención pondría fin a la práctica centenaria de los precios de transferencia, mediante la cual las multinacionales utilizan transacciones internas para trasladar beneficios a jurisdicciones con impuestos bajos o nulos, con escasa relación con el lugar donde realmente desarrollan su actividad. Todos los países, excepto los paraísos fiscales corporativos más agresivos, se beneficiarían de este cambio, e incluso esas jurisdicciones podrían compensar sus pérdidas simplemente imponiendo impuestos moderados sobre los beneficios obtenidos dentro de sus fronteras.
Dicho esto, el borrador del Convenio todavía puede fortalecerse. El compromiso con un enfoque de “pago donde se opera” debe ir respaldado por medidas prácticas, en particular la presentación de informes país por país (CbCR) -una herramienta de transparencia sencilla pero poderosa que les exige a las empresas multinacionales comunicar información financiera clave por separado para cada jurisdicción en la que operan-. Desde 2015, las grandes multinacionales están obligadas, en virtud de las reglas de la OCDE, a facilitar estos informes de forma confidencial a las autoridades fiscales. Hacerlos públicos sometería a las multinacionales a las mismas normas de rendición de cuentas que las empresas nacionales más pequeñas.
Sorprendentemente, se ha demostrado que incluso la presentación de informes de carácter privado aumenta la tasa impositiva efectiva de las empresas en alrededor de 1,5 puntos porcentuales, lo que genera decenas de miles de millones de dólares en ingresos adicionales. Y cuando esos mismos informes se hacen públicos, los beneficios aproximadamente se duplican.
La publicación de los informes también garantizaría que todos los países se beneficien por igual. En la actualidad, el acceso fiable a los informes CbCR sigue estando limitado en gran medida a los miembros de la OCDE. La mayoría de los países de menores ingresos reciben información incompleta, la obtienen solo tras largos retrasos o ni siquiera tienen acceso a ella. Dado que la UE y Australia ya exigen la divulgación pública de CbCR para determinadas jurisdicciones de alto riesgo, no hay justificación para negarles a todos los demás países el acceso a los mismos datos. Por lo tanto, la Convención de las Naciones Unidas debe establecer una base de datos global de CbCR.
Por último, vale la pena recordar que la propia democracia surgió de la lucha por una tributación justa, reflejada en el principio de “no hay tributación sin representación”. Durante décadas, las empresas multinacionales han estado trasladando los beneficios fuera de los países donde se generan hacia zonas contables “en ninguna parte”. Esto ha provocado una inseguridad económica generalizada, creando un terreno fértil para el autoritarismo respaldado por multimillonarios.
La Convención Fiscal de la ONU ofrece un camino diferente, al afirmar que los negocios, las oficinas, las fábricas y los trabajadores que generan beneficios a nivel global son importantes. Al restablecer el vínculo entre el lugar donde se obtienen los beneficios y aquel donde se gravan, la Convención promueve una forma moderna de tributación con representación y lleva adelante uno de los principios más antiguos de la democracia.
Ahora que las negociaciones llegan a su fin en Nueva York, los delegados deben garantizar que la Convención Fiscal de la ONU siente las bases para un sistema tributario internacional más justo y transparente. La alternativa es mantener un sistema fiscal que, una y otra vez, ha antepuesto los intereses de las empresas a los de las personas y el planeta.
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Jayati Ghosh, profesora de Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst, es miembro de la Comisión de Economía Transformacional del Club de Roma y copresidenta de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional.
