En la década de 1990, con la Ley 7200 y otras, se intentó convencer a la sociedad costarricense de que una mayor participación del sector privado implicaría necesariamente una rebaja de tarifas, lo cual a la fecha no ha sido cierto.
En la década de 1990, con la Ley 7200 y otras, se intentó convencer a la sociedad costarricense de que una mayor participación del sector privado implicaría necesariamente una rebaja de tarifas, lo cual a la fecha no ha sido cierto.
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