EscucharHace pocos meses, durante un evento académico en Bruselas, uno de los conferencistas mencionó al pasar que para la próxima reunión del grupo la extrema derecha podría estar en el poder en Francia, Alemania y el Reino Unido. Nadie lo contradijo.
Eso fue a principios de la primavera. El verano europeo fue candente para todos, pero especialmente para la extrema derecha. Primero, el Partido Reformista de Nigel Farage triunfó en las elecciones británicas de mayo (los escándalos sobre donaciones políticas turbias han empañado sus perspectivas desde entonces). En julio, un tribunal francés inesperadamente permitió que Marine Le Pen postulara a la presidencia, y ahora ella lidera en las encuestas. Luego se produjo el aplastante triunfo del partido Alternative für Deutschland en el estado de Sajonia-Anhalt en Alemania hace dos semanas.
Esta tendencia se extiende más allá de Europa. Después del triunfo en Colombia de Abelardo de la Espriella, un clon político de Nayib Bukele, el presidente de extrema derecha de El Salvador, la mayor parte de América Central y del Sur es gobernada por la extrema derecha. En el único país grande que no lo es, Brasil, el hijo del encarcelado y golpista expresidente Jair Bolsonaro va empatado en el primer lugar de las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de octubre.
Frente a estas aterradoras perspectivas, la respuesta de los partidos de centroderecha y de centroizquierda sigue siendo risible. La primera movida de Andy Burnham, Primer Ministro del Reino Unido, luego de instalado en el No. 10 de Downing Street, fue eliminar el impuesto al valor agregado de las cuentas de electricidad de los hogares y rebajar los impuestos de los pubs. Aunque fuese hecho con un afable acento norteño, el anuncio resultó decepcionante.
Los izquierdistas en particular siguen insistiendo en que lo que hay detrás del auge de la extrema derecha es el aumento del precio de los huevos. Los líderes de extrema derecha son más astutos. Sus políticas económicas van desde la ortodoxia fiscal y monetaria de Javier Milei (que le puso Milton Friedman a uno de sus perros clonados) hasta la exigencia de Jordan Bardella, del partido Agrupación Nacional, que el Banco Central Europeo financie al Tesoro francés, y desde el proteccionismo absurdo del presidente estadounidense Donald Trump al entusiasmo por el libre comercio de Vox en España (que también sube en las encuestas gracias a la reciente crisis migratoria en Ceuta). Estos derechistas no parecen tener rumbo claro en materia económica, y sin embargo siguen ganando.
Su receta secreta no es económica, sino política. Combina dos ingredientes que muchos electores añoran: la ley y el orden, y una política restrictiva de inmigración. En algunos países, los dos se transforman en uno si es plausible culpar a los extranjeros por el aumento de la delincuencia. Buenos ejemplos son las pandillas albanesas y del Medio Oriente en Suecia, o las pandillas venezolanas en Chile y Perú. Frente a esta realidad, la mayor parte de los gobiernos razonables, centristas y reformistas, no saben qué decir. Las respuestas exitosas son escasas y aisladas (una es el logro de Suecia en contener la violencia de las pandillas).
El problema no reside en la falta de alternativas de política pública, sino más bien en un déficit de comprensión conceptual. La mayoría de los políticos liberales y de centro subestima la necesidad de orden y carece de una filosofía que pueda ayudarle a diseñar políticas migratorias viables y liberales al mismo tiempo.
Luego de la guerra civil inglesa, Thomas Hobbes comprendió que, sin un monopolio estatal sobre el uso legítimo de la violencia, la vida es desagradable, brutal y corta. Lo mismo concluyó Max Weber hace un siglo. Sin embargo, los liberales suelen olvidar esta lección. Puesto que los delitos violentos recaen principalmente sobre los pobres, a la clase media le ha llevado demasiado tiempo apreciar lo arraigado que está el anhelo de la ley y el orden.
La abuelita a quien le arrebatan el bolso al subir a un tren o el tendero cuyas vitrinas son destrozadas por manifestantes violentos, no necesitan recordatorios. Por ello los llamados a quitarle el financiamiento a la policía (o, como decían en Chile, mi país natal, a ‘refundar’ la policía) han fracasado tan estrepitosamente. Ahora que en Estados Unidos se ha puesto de moda decir que “Woke 1 fue una locura” (la frase es de Alexandria Ocasio-Cortez), quizá finalmente se esté aprendiendo la lección.
El paso siguiente es crear una base conceptual liberal para las políticas inmigratorias sensatas. Afortunadamente, varios pensadores liberales –entre ellos el teórico político de Oxford, David Miller– ya han realizado la labor filosófica más difícil.
El punto de partida consiste en reconocer que el postulado liberal fundamental de que todos los seres humanos, sea cual sea su nacionalidad, tienen derecho a la misma dignidad y respeto, no conlleva iguales obligaciones. Los ciudadanos del país A tienen la obligación de pagar impuestos para que sus conciudadanos puedan recibir educación y salud, pero la misma responsabilidad no existe respecto a los ciudadanos de otros países. Del mismo modo, no hay un derecho absoluto a migrar al país A para gozar de las prestaciones sociales que este brinda a sus propios ciudadanos.
El otro punto crucial es que los Estados-nación democráticos no son aglomeraciones de individuos que habitan dentro de fronteras trazadas accidentalmente. Son, en las palabras de John Rawls, “sistemas de cooperación justos”. Y uno de los puntos que los ciudadanos deben acordar de manera cooperativa son las reglas de su membrecía: quién se puede unir a la nación y bajo qué condiciones. Esta no es una concesión ética sino un logro ético, ya que se deriva del compromiso de la ciudadanía con la autodeterminación.
Las políticas de inmigración que se desprendan de estos principios serán diferentes entre un país y otro. Las sociedades en proceso de envejecimiento que necesiten trabajadores y contribuyentes jóvenes podrán optar por flexibilizar las reglas para la membrecía. Las sociedades que deseen preservar cierto patrimonio cultural podrán optar por reglas más restrictivas. El punto es que no hay nada iliberal en proteger las fronteras ni en establecer barreras a la inmigración.
Tampoco es iliberal esperar que los inmigrantes aprendan el idioma local, participen de la cultura local (y eventualmente contribuyan a ella) y adopten los principios políticos fundamentales de su hogar adoptivo. Digo esto como alguien que ha migrado varias veces, y que vive y trabaja en un país que no es el propio.
Lo que está en juego es nada menos que el futuro de la democracia liberal. Para salvarla, los liberales necesitan diseñar políticas que garanticen la seguridad de la comunidad y de sus fronteras. Si no lo hacen, las fuerzas de la extrema derecha llegarán al poder en más y más países –y las políticas resultantes no tendrán nada de decentes ni de liberales–.
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Traducción de Ana María Velasco
Andrés Velasco, exministro de Economía de Chile, es catedrático de Políticas Públicas en la London School of Economics and Political Science.
