EscucharEn las últimas décadas, Costa Rica ha realizado esfuerzos para modernizar su marco jurídico y adecuarlo a las necesidades de una economía cada vez más integrada a los mercados internacionales y caracterizada por un crecimiento sostenido de la inversión extranjera directa. Sin embargo, persiste una omisión significativa en nuestra legislación mercantil: la ausencia de normas que regulen las escisiones societarias como mecanismo formal de reorganización empresarial.
La situación resulta particularmente llamativa porque nuestro Código de Comercio, vigente desde 1964, sí regula la fusión de sociedades. No obstante, cuando una empresa necesita realizar la operación inversa, es decir, separar unidades de negocio, aislar riesgos, reorganizar activos o facilitar procesos de inversión y desinversión, la legislación costarricense carece de una normativa específica que ofrezca seguridad jurídica y eficiencia.
La adopción de una ley que regule las escisiones constituye hoy una de las reformas más importantes para la modernización del derecho societario costarricense.
¿Qué es una escisión y por qué es importante?
En términos sencillos, una escisión consiste en la división total o parcial del patrimonio de una sociedad para transferirlo a una o varias entidades existentes o de nueva creación.
Mientras una fusión implica que dos o más sociedades se unen, una escisión permite reorganizar una empresa mediante la separación de actividades, líneas de negocio, activos o pasivos en estructuras jurídicas independientes.
En muchos países esta figura constituye una herramienta habitual para reorganizar operaciones y mejorar la gestión empresarial. En Costa Rica, por el contrario, estos procesos suelen ejecutarse a través de mecanismos indirectos que generan mayores costos, complejidad operativa e incertidumbre jurídica.
Legislar sobre escisiones resulta esencial en la economía moderna
El entorno de negocios actual exige marcos legales dinámicos capaces de acompañar adquisiciones, desinversiones, reorganizaciones internas, segregación de activos estratégicos, creación de vehículos especializados y procesos de sucesión corporativa.
Costa Rica ha logrado posicionarse como un destino atractivo para la inversión extranjera gracias a su estabilidad política, capital humano y apertura económica. Sin embargo, para mantener esa competitividad debe seguir modernizando su marco regulatorio.
Varios países latinoamericanos ya cuentan con regulación específica sobre escisiones. México las contempla en la Ley General de Sociedades Mercantiles; Colombia las regula desde la Ley 222 de 1995; Chile incorpora la división de sociedades en su normativa societaria; Panamá reconoce las escisiones como modificaciones estructurales; y Perú las regula como parte de su régimen de reorganización empresarial.
La experiencia internacional demuestra que estas normas facilitan la reorganización corporativa sin menoscabar los derechos de acreedores, inversionistas, trabajadores y demás terceros interesados.
Resulta difícil justificar que una legislación admita la unión de sociedades mediante fusiones, pero no contemple expresamente la posibilidad de reorganizarlas o dividirlas cuando las circunstancias empresariales así lo requieran.
El impacto en las fusiones y adquisiciones
Las operaciones corporativas modernas suelen centrarse en la compra o venta de unidades de negocio específicas, divisiones operativas o conjuntos determinados de activos estratégicos.
En estos casos, la escisión constituye uno de los mecanismos más eficientes para aislar previamente el negocio objeto de una transacción. Asimismo, puede facilitar procesos de desinversión y el cumplimiento de condiciones regulatorias impuestas en materia de concentraciones económicas.
La ausencia de una regulación específica obliga a recurrir a estructuras más complejas, costosas y lentas, reduciendo la eficiencia de las operaciones.
¿Qué debería contemplar una ley moderna de escisiones?
Una legislación alineada con los estándares internacionales debería establecer reglas claras sobre:
- Procedimientos de aprobación societaria.
- Protección de acreedores.
- Derechos de socios minoritarios.
- Transmisión de activos y pasivos.
- Continuidad de contratos.
- Efectos laborales de la reorganización.
- Procedimientos registrales.
- Tratamiento tributario.
La existencia de reglas claras beneficia a todos los involucrados: accionistas, inversionistas, acreedores, trabajadores, entidades financieras y autoridades regulatorias.
Modernizar para competir
La discusión sobre una ley de escisiones debe abordarse desde una perspectiva amplia. No se trata únicamente de incorporar una nueva figura al Código de Comercio, sino de fortalecer la capacidad del país para responder a las necesidades de una economía moderna y dinámica.
Hoy los inversionistas valoran no solo la estabilidad económica, sino también la capacidad de un sistema jurídico para permitir reorganizaciones corporativas eficientes y adaptarse a nuevas oportunidades de negocio.
Una reforma necesaria y posible
La incorporación de una regulación sobre escisiones no requiere reinventar el derecho societario costarricense. Existen numerosos modelos internacionales que pueden servir de referencia y adaptarse a nuestra realidad jurídica y económica.
Las reorganizaciones corporativas ya ocurren diariamente. Lo que falta no es la necesidad económica, sino el instrumento jurídico adecuado para atenderla de forma eficiente y segura.
Por esa razón, la adopción de una ley de escisiones debe entenderse como un paso necesario en la evolución del sistema jurídico costarricense y en el fortalecimiento de la competitividad del país.
En un entorno donde las inversiones, desinversiones y transacciones corporativas son cada vez más frecuentes, Costa Rica no debería seguir careciendo de una herramienta que forma parte del conjunto básico de mecanismos de reorganización empresarial en la mayoría de las economías modernas.
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El autor es socio en Deloitte Tax & Legal
