Costa Rica se encuentra ante una decisión impostergable: seguir administrando su rezago de infraestructura con instrumentos pensados para otro siglo, o construir un sistema moderno de alianzas público-privadas capaz de atraer inversión, mejorar servicios y proteger el interés público. La discusión no debería reducirse a una defensa abstracta de las concesiones ni a un rechazo automático de la participación privada. El verdadero debate es cómo construir y mantener la infraestructura que el país necesita sin comprometer la sostenibilidad fiscal, improvisar contratos o perder la confianza ciudadana.
Durante décadas, Costa Rica ha demostrado una gran capacidad para insertarse en el comercio internacional, atraer inversión extranjera, sofisticar sus exportaciones y posicionarse como una economía abierta. Pero esa historia de éxito convive con una realidad incómoda: carreteras saturadas, puertos con urgencias de expansión, pasos fronterizos que requieren modernización, aeropuertos que deben acompañar el crecimiento del turismo y un sistema eléctrico que enfrenta el reto de modernizarse para garantizar un suministro suficiente, competitivo y acorde con las nuevas necesidades productivas. En un mundo donde las cadenas de suministro se reorganizan, la infraestructura dejó de ser un tema secundario; hoy es una condición indispensable para la competitividad.
La concesión pública existe en Costa Rica desde 1998 con la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos. Esa normativa permite que el Estado encargue a un tercero el diseño, financiamiento, construcción, conservación, ampliación, reparación y explotación de obras públicas bajo control estatal. Conceptualmente es un instrumento sólido, pero su utilización ha sido limitada. La OCDE señaló en su Estudio Económico de Costa Rica 2025 que, desde la entrada en vigencia de la ley, solo se han desarrollado unos pocos proyectos mediante este esquema, pese a su potencial para movilizar inversión privada en infraestructura.
El problema no es la ausencia de herramientas, sino la falta de un sistema que las articule. Costa Rica cuenta con concesiones, contratos de colaboración público-privada, alianzas para el desarrollo, gestión interesada, contratación pública y múltiples mecanismos regulatorios. Sin embargo, ese conjunto no ha logrado traducirse en un flujo constante de proyectos. El resultado es conocido: procesos largos, incertidumbre y pocas obras estructuradas con estándares internacionales.
Una Alianza Público-Privada (APP) bien diseñada no implica privatizar activos públicos. El Estado mantiene la titularidad, la regulación y la supervisión, mientras el privado asume responsabilidades asociadas al diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento, bajo metas de desempeño claramente definidas. Este modelo permite alinear incentivos y trasladar al contratista la responsabilidad sobre el ciclo completo del proyecto, favoreciendo una mejor gestión de los recursos públicos.
Sin embargo, una APP mal estructurada puede generar riesgos importantes: trasladar obligaciones financieras al Estado, provocar renegociaciones costosas, establecer tarifas inviables o dar lugar a contratos difíciles de supervisar. Por eso el éxito del modelo depende menos de la figura jurídica y más de la calidad institucional con la que se preparan, adjudican y fiscalizan los proyectos.
Costa Rica necesita evolucionar de concesiones aisladas hacia una verdadera política nacional de APP. Esto supone contar con una cartera de proyectos priorizados, respaldados por estudios de prefactibilidad y factibilidad, análisis de demanda, evaluación ambiental, estrategias de adquisición de terrenos, distribución adecuada de riesgos y modelos financieros sólidos. Sin una etapa robusta de preinversión, los proyectos seguirán llegando incompletos al mercado, elevando costos y reduciendo el interés de potenciales inversionistas.
En este contexto, el expediente legislativo N.°24.009, Ley Marco de las Asociaciones Público-Privadas, representa una oportunidad para ordenar el sistema. Su texto incorpora elementos fundamentales como una definición moderna de APP, criterios de valor por dinero, adecuada asignación de riesgos, transparencia, portafolios de proyectos y mecanismos de coordinación entre las distintas instituciones involucradas.
La propuesta de crear una Agencia Nacional de Asociaciones Público-Privadas también puede fortalecer el modelo, siempre que concentre capacidad técnica y no se convierta en un nuevo trámite burocrático. Más que una nueva institución, Costa Rica necesita desarrollar una verdadera capacidad para estructurar proyectos bancables, gestionar riesgos, preparar contratos sólidos y acompañar técnicamente su ejecución durante toda la vida contractual.
Finalmente, ninguna reforma será suficiente sin confianza. Confianza de la ciudadanía en que los proyectos responden al interés público; de los inversionistas en que existirán reglas claras y estables; y de las instituciones en que contarán con respaldo técnico para tomar decisiones. Esa confianza solo puede construirse con transparencia, planificación, rendición de cuentas y una comunicación clara sobre los costos, beneficios y riesgos de cada proyecto.
Costa Rica ya no puede seguir discutiendo la infraestructura únicamente desde la urgencia. El país necesita pasar de la reacción a la planificación y de proyectos aislados a una política moderna de alianzas público-privadas. Bien diseñadas, las APP no sustituyen al Estado: pueden fortalecer su capacidad para desarrollar infraestructura estratégica. Porque, al final, la infraestructura no es únicamente carreteras, puertos o energía; es la plataforma sobre la que se construyen la productividad, el comercio exterior, la inversión, el empleo y el bienestar de las futuras generaciones.
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El autor es presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica, Crecex.
