El crecimiento económico y el desarrollo de un país depende, en última instancia, del dinamismo y desempeño de su sector privado. Es su capacidad de arriesgar, invertir, innovar, abrir mercados y generar empleo la que hará que un país crezca sostenidamente y les permita a los distintos sectores de la sociedad mejorar sus condiciones de vida en un marco que brinde igualdad de oportunidades para todos.
Por esa razón, es primordial que las políticas públicas garanticen un ambiente de estabilidad, seguridad y optimismo para el sector empresarial, de manera que este sienta que existen los incentivos y condiciones necesarios para ejercer su importante función social.
Ciertamente, las cifras macroeconómicas del país son positivas en términos del estado de las finanzas públicas —gracias a la reforma fiscal aprobada en el año 2018—, reducción de la inflación, cumplimiento de las metas con el FMI y la colocación de eurobonos. Pero eso no es suficiente. Las tasas de interés, herramienta clave para el control de la inflación, siguen estando altas, y la política cambiaria del Banco Central de Costa Rica (BCCR) continúa afectando a varios sectores, en especial al turismo. El crecimiento proyectado para este año está apenas entre un 3% y un 3,5%, y la generación de empleo todavía es muy pobre.
A lo anterior hay que agregar la dicotomía que existe en la economía nacional, cada día más evidente. Por un lado, un sector exportador, ligado al régimen de zonas francas, que denota un gran dinamismo vinculado al desarrollo del comercio internacional, que goza de incentivos fiscales y que aprovecha exitosamente nuestra ubicación geográfica, los acuerdos comerciales, las cadenas globales de valor y las disputas geopolíticas actuales. Por el otro, un amplio sector empresarial en mucho dirigido al mercado local y regional, que a duras penas logra sobrevivir las cargas tributarias y de la seguridad social, así como las trabas burocráticas e ineficiencias de nuestro sector público.
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En estas circunstancias, no debe extrañarnos que al cerrar el segundo trimestre de 2023, la encuesta más reciente de la Uccaep arroje que el índice de confianza del sector empresarial haya caído al 4,9%, reflejando un deterioro en relación con la medición anterior.
Los empresarios se quejan principalmente de la lamentable situación de la seguridad ciudadana y del manejo del tipo de cambio. En el primer caso, porque un alto porcentaje de los encuestados (77%) reporta haber sido víctima de un acto delictivo, a pesar de los altos gastos en que incurren en ese rubro y el peso que esto tiene en sus costos operativos. En el segundo, por el impacto negativo que la apreciación del colón ha tenido en una proporción grande de empresas (36%), que reciben parte importante de sus ingresos en moneda extranjera mientras que la mayoría de sus costos son en colones.
Al mismo tiempo, el índice de confianza del consumidor (ICC) de la Universidad de Costa Rica, para mayo 2023, muestra también una caída, siendo su principal causa la desconfianza en el futuro económico del país, mientras que las opiniones negativas sobre la política económica de la administración Chaves superaron a las positivas por primera vez desde el inicio de este Gobierno.
Lo más grave, sin embargo, es que a más de un año de gobierno, la administración del presidente Rodrigo Chaves no ha podido articular una agenda creíble y coherente de reactivación para el sector empresarial. El ambiente de confrontación, discordia y polarización que el gobierno ha promovido prácticamente en todas las áreas y con todos los actores políticos y sociales genera incertidumbre, desalienta la inversión y detiene la contratación de personal en las empresas.
Es necesario un cambio de estrategia y de mensaje. La retórica agresiva y de choque puede producir réditos a corto plazo y avivar el apoyo de quienes sienten frustración y enojo ante muchas cosas que en el país no funcionan bien, pero está muy lejos de constituir la solución a los verdaderos problemas nacionales y, más bien, estos podrían agravarse ante la falta de acciones efectivas.
El sector empresarial, al presentar los resultados de esta última encuesta, expresó su intención de elaborar una agenda de trabajo constructiva. El gobierno haría bien en prestarle la atención debida y a tomar con seriedad las legítimas preocupaciones que aquejan a quienes ponen a caminar al país. Esa guía le resulta indispensable.
