EscucharEn las relaciones internacionales, las acciones gubernamentales manifiestamente ilegales a veces pueden ser moralmente defendibles. Si bien los ejemplos históricos de legitimidad por encima de la legalidad son escasos, existen. La cuestión de si la guerra conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán es uno de esos casos requiere más atención de la que se le ha prestado hasta ahora.
Debería ser indiscutible que el inicio de esta guerra por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, violó flagrantemente el derecho internacional, aunque muchos de sus aliados se hayan mostrado dispuestos a eludir esta cuestión. Irán no representaba una amenaza para ninguno de los dos países -ya fuera por armas nucleares, misiles convencionales o terrorismo patrocinado por el estado- de tal gravedad o inminencia que pudiera justificar, sin la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una acción militar preventiva como forma de autodefensa. Estados Unidos e Israel no actuaron por la fortaleza de Irán, sino por su relativa debilidad.
El ataque es solo la última de una serie de acciones de los países más poderosos del mundo -entre ellas, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la militarización del Mar de China Meridional por parte de China y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos- que menosprecian el derecho internacional. El colapso de lo que queda del orden basado en reglas es una mala noticia para el resto del mundo. Exige una respuesta concertada por parte de las potencias intermedias competentes, como argumentó de forma convincente el primer ministro canadiense, Mark Carney, en su histórico discurso de Davos en enero.
No obstante, ¿se puede seguir argumentando que, independientemente de la ley, los crímenes monstruosos de los líderes teocráticos de Irán justifican su decapitación militar? La lista de acusaciones contra el régimen, tanto en el país como en el extranjero, es larga y espantosa, y culminó con la masacre de decenas de miles de ciudadanos que protestaban pacíficamente a principios de este año -una atrocidad comparable en intensidad a las cometidas en Ruanda y los Balcanes en la década de 1990, y más recientemente en Myanmar y Sudán.
Las celebraciones alegres en las calles iraníes y entre las comunidades de la diáspora tras la noticia del asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, cuentan una historia convincente. Esta es una guerra que, al menos en sus etapas iniciales, es más bienvenida que temida por una masa considerable -quizás incluso la mayoría- de los ciudadanos iraníes.
Ya hemos pasado por esto antes. Tal vez el argumento más memorable sobre la legalidad frente a la legitimidad se produjo con la intervención militar de la OTAN -que carecía de la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU- para impedir la limpieza étnica y la masacre de los albaneses de Kosovo en 1999. La mayor parte del mundo consideró que esa campaña aérea era moralmente, si no legalmente, defendible, motivada en su totalidad por una preocupación genuina por la protección de los civiles, proporcional y eficaz en su ejecución, y que hacía más bien que mal.
Si la guerra contra Irán se defiende desde una perspectiva moral, las condiciones que convencieron a los escépticos en el caso de Kosovo también deben cumplirse aquí. A juzgar por las pruebas, eso parece difícil. En cuanto a la motivación, solo los observadores más crédulos podrían creer que a Trump y a Netanyahu los movilizó una pasión por los derechos humanos y la democracia.
A Netanyahu solo le ha preocupado eliminar a Irán como una amenaza para la seguridad -ya sea real, exagerada o imaginaria-. Dado su historial en materia de derechos de los palestinos, es difícil creer que su deseo declarado de “crear las condiciones para que el valiente pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía” se base en principios y no en la realpolitik. Por su parte, Trump podría estar motivado por un sinnúmero de impulsos: disfrutar del poder militar de Estados Unidos, acaparar la atención, distraer la mirada del escándalo de Jeffrey Epstein, generar beneficios económicos o todo lo anterior. La decencia común es la opción menos probable.
Las motivaciones erróneas no excluyen necesariamente los resultados correctos. Pero Estados Unidos e Israel deben demostrar aquí que su agresión acabará haciendo más bien que mal, lo que no será fácil. Ninguno de los dos tiene una estrategia discernible para poner fin a la guerra con claros beneficios netos para la seguridad regional y global, y mucho menos para los derechos humanos y la democracia internos.
Es poco probable que se logre un cambio de régimen favorable solo con el poder aéreo, como demostró la intervención de la OTAN en Libia en 2011, y las tropas en el terreno no han obtenido mejores resultados, como en Afganistán e Irak. Decapitar un régimen puede dar lugar a un sucesor más receptivo a los actores externos, pero igual de autoritario, como ocurre hoy en Venezuela.
El descontento entre la población iraní es enorme, pero aún no ha surgido un liderazgo organizativo eficaz. A menos que los líderes militares iraníes desertan en masa, o que empiecen a aparecer fisuras en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y en otras partes del gigantesco y brutal aparato de seguridad del país, quienes salgan a las calles podrían enfrentar consecuencias terriblemente graves. Luchar hasta la última gota de sangre del pueblo iraní no es una opción moralmente atractiva. Pero parece ser la única que ofrece actualmente Estados Unidos.
Existe otro obstáculo más para aceptar esta guerra como ilegal pero legítima. Lo que ayudó al argumento en el caso de Kosovo fue que quienes infringieron la Carta de las Naciones Unidas no consideraron irrelevante la ley que estaban violando, sino que afirmaron -de forma creíble- que lo hacían por razones excepcionales y defendibles.
La amenaza al derecho internacional no radica en su incumplimiento ocasional -algo que ocurre en todos los sistemas jurídicos, a veces por las mejores razones-, sino en su desprecio. Y eso es exactamente lo que tanto Trump como Netanyahu han hecho durante su mandato. Como Trump declaró al New York Times en enero: “No necesito el derecho internacional”, afirmando que la única limitación a su poder es “mi propia moralidad, mi propia mente”.
Esta guerra por elección no ha cumplido las condiciones para ser considerada moralmente legítima. Y, basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, Trump y Netanyahu se enfrentan a una ardua batalla para defender ese argumento.
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Gareth Evans fue ministro de Asuntos Exteriores de Australia (1988-96), presidente del International Crisis Group (2000-09) y rector de la Universidad Nacional de Australia (2010-19). Es autor, más recientemente, de Good International Citizenship: The Case for Decency (Monash University Publishing, 2022).
