EscucharLaura Fernández no es cualquier ciudadana que opina en redes sociales sobre una sentencia que le disgusta. Es la presidenta de la República y, por tanto, cada palabra que pronuncia sobre la institucionalidad del país se convierte en un mensaje hacia dentro y hacia fuera.
Esa es la razón por la cual sus declaraciones recientes —al calificar como “golpe de Estado judicial” la resolución de la Sala Constitucional que prorrogó los nombramientos de magistrados suplentes— son mucho más que un exabrupto retórico: son un golpe directo a uno de los activos estratégicos que Costa Rica ha construido durante décadas, su democracia y la credibilidad de su Estado de derecho.
Que cualquier persona cuestione una sentencia judicial es parte de la vida democrática, pero cuando la jefa de Estado acusa a cuatro jueces de “magistrados golpistas” y presenta la resolución como un quiebre del orden constitucional, está enviando al mundo la idea de que en Costa Rica se está gestando un enfrentamiento de poderes que rompe las reglas básicas del juego institucional.
Ese lenguaje no es inocuo. Costa Rica se vende ante los inversionistas como la democracia más antigua de América Latina, un país sin ejército desde hace más de siete décadas, políticamente estable, con instituciones transparentes y con bajos niveles de corrupción. Procomer, Cinde y el Ministerio de Comercio Exterior repiten en sus piezas de promoción que aquí las empresas encuentran seguridad jurídica, independencia de poderes y reglas claras para operar. Esa narrativa no es un adorno: es uno de los factores que explican por qué multinacionales tecnológicas, manufactureras y de servicios han escogido a Costa Rica como plataforma regional.
La evidencia internacional es consistente: la IED se correlaciona positivamente con la estabilidad democrática y la fortaleza institucional. Donde los gobiernos respetan la división de poderes, las cortes son predecibles y el Estado de derecho funciona, los inversionistas perciben menor riesgo y mayor certeza sobre el cumplimiento de contratos, la solución de disputas y la permanencia de las reglas del juego. Por el contrario, en contextos donde la disputa política se traslada a la descalificación sistemática de los órganos de control y justicia, los flujos de capital tienden a encarecerse o a buscar destinos más confiables.
El momento para erosionar ese activo no podría ser peor. Si bien las entradas totales de IED siguen ubicándose alrededor de los 5.000 millones de dólares anuales, su crecimiento reciente ha sido modesto, de apenas 0,2% entre 2024 y 2025, y la inversión en servicios se desplomó un 34,4% en ese mismo periodo. La apreciación del tipo de cambio encarece la mano de obra costarricense frente a otros destinos y resta competitividad a los centros de servicios que operan desde el país.
Las empresas que evalúan dónde invertir no leen las sentencias completas ni siguen el detalle de los artículos constitucionales citados en las conferencias de prensa, lo que captan son titulares: la jefa de Estado acusando a los magistrados constitucionales de romper el orden democrático. Es imposible conciliar esa narrativa con la imagen que se promociona en ferias de inversión: el país más estable de la región, con instituciones robustas y división de poderes consolidada.
Todos tenemos derecho a criticar una sentencia y a cuestionar si un tribunal se excedió o no en sus competencias, pero ese derecho se ejerce de forma distinta cuando se ocupa la silla presidencial. La crítica técnica o política es legítima; el uso frívolo del concepto de golpe de Estado, no. La primera abre espacios de debate sano en democracia; la segunda siembra dudas sobre la vigencia misma de esa democracia, y lo hace precisamente desde quien está llamada a defenderla. En un país cuyo principal combustible para atraer IED es la credibilidad de su sistema democrático, el costo potencial de esa retórica es medible en inversión, en empleo y en oportunidades que podrían dejar de llegar.
Laura Fernández se equivoca al tomar este rumbo. Al deslegitimar a la Sala Constitucional con expresiones propias de contextos de ruptura institucional, no solo tensiona aún más la relación entre poderes, sino que mina uno de los pilares del relato que Costa Rica ofrece al mundo: ser un lugar donde las reglas se respetan y las instituciones se controlan entre sí, sin amenazas ni estigmas de “golpistas”. Sus palabras pueden afectar de manera severa la imagen del país, y con ello la disposición de empresas y capitales a quedarse, reinvertir o instalarse en territorio costarricense justo cuando la competencia global es más feroz y los márgenes de error más estrechos.
Ojalá recapacite pronto. Costa Rica puede darse el lujo de discutir con intensidad sobre cómo se nombran magistrados suplentes o cómo se interpreta una cláusula constitucional; lo que no puede darse el lujo es de poner en entredicho, por voluntad de su propia presidenta, la fortaleza de su democracia y de su sistema de justicia ante los ojos del mundo.
