Durante 16 años, Hungría ofreció lo que parecía ser un nuevo modelo duradero de “democracia iliberal”: un sistema en el que las elecciones seguían celebrándose, mientras que las instituciones que limitan el ejercicio arbitrario del poder se iba erosionado de forma sostenida. Los arquitectos de este modelo —el primer ministro Viktor Orbán y su partido Fidesz— no gobernaban pensando en la posibilidad de una derrota. Sin embargo, esta finalmente ocurrió.
No se trató simplemente de una sorpresa electoral. Fue un recordatorio de que, si bien el colapso de los sistemas iliberales no es inevitable, siempre es posible. Cuando convergen el descontento económico, el desgaste institucional y la frustración social, incluso las estructuras de control político más cuidadosamente diseñadas pueden desmoronarse —y hacerlo con rapidez. México haría bien en tomar nota.
En los últimos años, el entramado institucional de México ha experimentado una reconfiguración profunda. Bajo el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, la actual presidenta Claudia Sheinbaum, la coalición gobernante ha buscado consolidar el poder de manera muy similar al modelo impulsado por Orbán. Como en Hungría, el proceso ha sido gradual, en su mayoría legal y respaldado electoralmente, pero su efecto acumulado ha sido debilitar los contrapesos que sustentan la democracia liberal.
Este proceso comienza con la construcción de una hegemonía electoral. Cuando Orbán ganó, interpretó su victoria no como un mandato democrático ordinario, sino como una autorización para reescribir las reglas del juego. A medida que las instituciones eran rediseñadas, el terreno político se inclinaba cada vez más a su favor, generando un círculo de retroalimentación entre éxito electoral y erosión de la competencia política.
Pero limitar la competencia es solo el primer paso. Bajo el liderazgo de Orbán, los organismos autónomos fueron gradualmente subordinados al Poder Ejecutivo. Se reconfiguraron los tribunales, se debilitaron los organismos reguladores y los medios independientes enfrentaron presiones crecientes. El gobierno argumentó que estaba corrigiendo ineficiencias o sesgos del sistema, pero en realidad estas acciones erosionaron los mecanismos de control sobre el poder. Los indicadores internacionales reflejaron este deterioro. Hungría fue descendiendo en los rankings globales de Estado de Derecho e índices de nivel democrático.
Un patrón similar está emergiendo en México. En la elección de 2024 que llevó a Sheinbaum a la presidencia, la coalición gobernante recurrió a prácticas cuestionables para asegurar la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución. Esta supermayoría ha alterado de manera fundamental el equilibrio del poder político en el país, permitiendo al Ejecutivo impulsar cambios institucionales profundos sin una oposición efectiva.
En cuestión de meses, se eliminaron siete organismos autónomos encargados de supervisar, evaluar y controlar al Ejecutivo, bajo el argumento de reducir costos. Otras instituciones independientes diseñadas para funcionar como contrapesos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han sido capturadas por el propio gobierno.
Además, el partido Morena aprobó una reforma judicial de gran alcance que establece que miles de cargos clave —incluidos jueces, magistrados e incluso ministros de la Suprema Corte— sean elegidos por voto popular, en lugar de ser designados mediante procesos institucionales. Esta medida se presentó como un esfuerzo de democratización, pero plantea serias dudas sobre la independencia judicial. La primera elección judicial a nivel nacional, celebrada el año pasado, registró una participación de apenas 13% del padrón, lo que pone de manifiesto la brecha entre procedimiento democrático y legitimidad sustantiva.
Sin embargo, existe una diferencia clave entre la Hungría de Orbán y el México actual. A pesar de su retroceso democrático, Hungría registró episodios de crecimiento robusto, mejoras sostenidas en los niveles de vida y un proceso significativo de convergencia de ingresos con el resto de Europa durante la última década. Para 2023, el PIB per cápita de Hungría alcanzaba aproximadamente tres cuartas partes del promedio de la Unión Europea. Esto otorgó al gobierno de Orbán una legitimidad económica que complementó su dominio político.
No puede decirse lo mismo de México. A pesar de un entorno externo favorable —incluida la fuerte demanda de Estados Unidos, que busca relocalizar cadenas de suministro—, el crecimiento ha sido modesto, la productividad débil y las mejoras en el ingreso limitadas. En los últimos siete años, el crecimiento del PIB per cápita se ha estancado. Lejos de converger con las economías avanzadas, el país se ha rezagado aún más.
Las implicaciones políticas son claras. Orbán podía argumentar, con cierta plausibilidad, que su modelo generaba orden, estabilidad y mejoras en el nivel de vida. En México, en cambio, la concentración del poder en el Ejecutivo no ha estado acompañada de un desempeño económico sólido. Por el contrario, el debilitamiento de los contrapesos institucionales —particularmente en sectores que requieren certidumbre regulatoria, como energía e infraestructura— amenaza con desalentar la inversión que el país necesita para aprovechar la reorganización de las cadenas globales de valor.
Esto sugiere que el gobierno mexicano podría ser más frágil de lo que aparenta. Si bien la hegemonía electoral puede sostener la autoridad política en el corto plazo, los sistemas que concentran el poder solo parecen robustos en la medida en que logran suprimir las fricciones institucionales. El régimen de Orbán parecía estable hasta que dejó de serlo.
Si las condiciones económicas se deterioran y el apoyo social se fragmenta, el gobierno de México podría enfrentar un desenlace similar, a pesar de los esfuerzos por consolidar su dominio. Dado que la concentración de poder tiende a ocultar las fracturas conforme se gestan, la salida de un sistema iliberal puede ser súbita y desestabilizadora. La ausencia de instituciones sólidas que puedan mediar el cambio político y contener la incertidumbre agrava estos riesgos.
Nada de esto implica que México replicará la trayectoria de Hungría. Ambos países presentan diferencias importantes, desde su estructura económica hasta su contexto geopolítico. Pero en ambos casos se observa una tendencia hacia la centralización del poder político, justificada por el respaldo electoral. En ese sentido, Hungría debe servir como una advertencia para México.
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Guillermo Ortiz, exsecretario de Hacienda y exgobernador del Banco de México, es Tesorero del G30.
