Los cierres de Coopeservidores y Desyfin han dejado un rastro de ahorrantes, inversionistas y acreedores afectados que observan cómo sus fondos se desvanecen en un intrincado laberinto de procesos legales.
Mientras el Ministerio Público investiga posibles delitos económicos, surge una inquietud central: ¿es la justicia penal la única vía para recuperar lo perdido? Aunque la respuesta no es sencilla, hay una alternativa que merece más atención: la responsabilidad civil de los “administradores” (la junta directiva y gerencia en sus diversos niveles).
Ambos casos nos presentan una situación que ya hemos visto antes: una entidad financiera colapsa, dejando tras de sí un “banco malo” lleno de deudas. La promesa de una posible recuperación mediante la venta del “banco bueno” resulta un consuelo insuficiente para quienes ven en peligro sus ahorros. Y mientras los procesos penales avanzan con lentitud, la pregunta es inevitable: ¿dónde está el dinero?
Más allá de la búsqueda de culpables en el ámbito penal, existe una vía civil que podría brindar algo de esperanza a los afectados. La ley permite perseguir la responsabilidad civil de aquellos que, con su gestión, condujeron a la cooperativa y a la financiera a la debacle. Es decir, además de las posibles sanciones penales, los responsables podrían ser obligados a indemnizar a las víctimas por los daños ocasionados.
Los procesos penales (y las acciones civiles resarcitorias que van de la mano) tienen sus limitaciones. Son largos, complejos y requieren pruebas contundentes. Pero hay una opción menos explorada: iniciar acciones civiles de manera independiente, en particular valiéndose de la responsabilidad civil por incumplimiento de los deberes fiduciarios. Esta alternativa, poco transitada en nuestro país, podría ser la clave para recuperar los fondos perdidos.
Permite a los afectados demandar directamente a los administradores por su mala gestión de la entidad. Un camino que, aunque no exento de dificultades, podría resultar más ágil y efectivo que esperar los inciertos avances de un proceso penal.
Procesos Civiles
Existen diversos caminos para perseguir la responsabilidad civil de los responsables de las crisis.
En Costa Rica, varios delitos, como aquellos relacionados con el fraude, son también ilícitos civiles, lo que abre la puerta a demandas civiles en paralelo a las penales.
Además, hay una vía hasta ahora poco utilizada en el país para que una empresa civilmente reclame daños contra sus administradores por el incumplimiento de sus deberes fiduciarios.
Responsabilidad por violación de deberes fiduciarios
El Código de Comercio establece que los administradores de una empresa tienen deberes fiduciarios hacia ella, incluyendo deberes de diligencia y lealtad, y el deber de actuar en el mejor interés de la empresa.
La inobservancia de esos deberes genera la responsabilidad civil solidaria de los administradores—en su condición personal—por los daños ocasionados.
A partir de los hechos públicos disponibles, y sujeto un análisis más detallado, se podría argumentar que los administradores habrían infringido sus deberes fiduciarios. Por ejemplo, se podría argumentar que los directivos actuaron sin debida diligencia al aprobar estados financieros defectuosos, o antepusieron su interés personal al de la empresa y sus acreedores en diversas formas.
Estas posibles violaciones de los deberes fiduciarios podrían constituir una fuente de recuperación para los acreedores, sin necesidad de demostrar fraude o la comisión de delitos penales.
Los alcances de los deberes fiduciarios no están del todo claros, sin embargo, puesto que su codificación es relativamente reciente (2016). De hecho, no existe jurisprudencia publicada sobre estos deberes y su aplicación conforme al Código de Comercio.
Siguientes Pasos
Los acreedores deben organizarse para:
Perseguir las acciones civiles correspondientes y:
Presionar a las autoridades responsables (por ejemplo, la actual administradora de la resolución de Desyfin) para que lo hagan en su nombre.
Esto debe hacerse sin depender completamente del proceso penal, que está bajo la investigación del Ministerio Público, un proceso que podría demorarse años antes de que tan siquiera se presente una acusación.
A nivel práctico, aunque los anteriores gerentes y directivos pueden no tener activos suficientes para cubrir los daños, se debe investigar si han ocultado activos de forma impropia.
También podrían existir pólizas de seguros que obliguen a las aseguradoras a indemnizar a los anteriores gerentes y directivos, lo que puede constituir otra fuente importante de recuperación de fondos.
Es crítico que, durante el proceso de resolución y las posteriores transacciones de venta y liquidación, se preserven las acciones civiles mencionadas previamente, así como los beneficios de las pólizas de seguros, para el eventual beneficio de los acreedores.
Se deben contratar firmas legales y forenses especializadas para investigar las posibilidades de éxito de las acciones civiles, la posibilidad de recuperar activos, y la viabilidad de acceder a los seguros.
Estas firmas profesionales podrían trabajar de forma parcial o total a éxito (es decir, cobrando únicamente en función de los activos que se logren recuperar), lo que reduciría significativamente el costo para la masa de acreedores.
El autor es abogado.
