EscucharDurante los últimos años, la política fiscal costarricense se ha sostenido sobre una promesa tan cómoda como peligrosa: ordenar las finanzas sin tocar de frente el sistema tributario. Esa apuesta llegó a su límite.
Hoy, con una carga tributaria que retrocede hasta niveles de pandemia y pronósticos oficiales de que los ingresos podrían caer a apenas 11,9% del PIB en 2026 —frente al 14% que se alcanzó en 2022—, el país se encuentra en una encrucijada de la que no saldrá sin aceptar que algún impuesto, algún privilegio o alguna exoneración tendrá que cambiar.
Lo más inquietante es que este deterioro no se explica únicamente por el ciclo económico. La economía no está en recesión, pero sí en desaceleración: el Banco Central proyecta que el crecimiento pasará de 4,6% en 2025 a cerca de 3,5% en 2026, precisamente en el segmento de la economía que más tributa. A esto se suma una deflación prolongada y la apreciación histórica del colón, que abarata la deuda en dólares pero reduce en colones las bases sobre las que se cobran renta e IVA, funcionando, como ha dicho más de un exjerarca de Hacienda, como un “impuesto en reversa” sobre la recaudación.
Sobre ese terreno ya complicado, las decisiones políticas han hecho el resto. Mientras el PIB crecía alrededor del 4% en 2024 y 4,6% en 2025, los ingresos tributarios pasaron de aumentar 28,2% en 2021 a apenas 0,7% en 2025, y ahora Hacienda proyecta una caída nominal de ¢228.000 millones en 2026, concentrada en IVA, renta y combustibles, que aportan la mayor parte de la recaudación. Es decir, sí hubo crecimiento, pero el sistema tributario fue incapaz de capturarlo, porque se prefirió multiplicar beneficios, exoneraciones y tratamientos especiales antes que fortalecer de verdad la base imponible y la capacidad de cobro.
El caso de las exoneraciones es el ejemplo más claro de esta deriva. Costa Rica acumula 1.469 exoneraciones vigentes; de ellas, 391 no tienen plazo definido, carecen de mecanismos de control y ni siquiera explicitan con precisión cuáles impuestos quedan exentos. Eso no es un accidente técnico: es una decisión política que, en la práctica, recorta ingresos sin transparencia, sin evaluación de resultados y sin debate abierto sobre quién paga menos y por qué. Mientras las mayorías discuten si subir o no el IVA, el impuesto único a combustibles o la renta, el sistema pierde silenciosamente miles de millones por huecos tributarios que nadie quiere tocar.
A esto se suma un viejo conocido: la evasión y la informalidad. Estudios de Hacienda y de organismos internacionales describen una evasión que no solo significa pérdida de ingresos, sino también deslegitimación del sistema, y una informalidad que mantiene fuera del radar tributario una fracción importante de la actividad económica. El Gobierno ha anunciado paquetes de medidas para combatir el contrabando, la venta de facturas falsas y la subdeclaración de valores, pero parte del daño ya está hecho.
Al mismo tiempo, la narrativa oficial de la “disciplina fiscal” oculta un rostro menos fotogénico. Es cierto que se logró superávit primario en 2023 y 2024 y que la relación deuda/PIB mostró una ligera mejora, lo que ha sido leído como prueba de orden fiscal. Sin embargo, esa disciplina se apoyó sobre una base estrecha: contención del gasto y ajuste en inversión pública, sin una estrategia agresiva para dinamizar el crecimiento interno del régimen definitivo ni para modernizar la estructura tributaria. El resultado está a la vista: en el primer trimestre de 2026, los ingresos totales del Gobierno Central cayeron, los ingresos tributarios bajaron 4,4% y el déficit financiero volvió a ampliarse, mientras el pago de intereses sigue absorbiendo más de un 30% de los recursos.
Por eso hoy podemos decir que Costa Rica se queda sin ninguna de las palancas que necesita: ni una disciplina fiscal robusta —porque depende demasiado de un contexto de tasas, inflación y tipo de cambio que no controlamos— ni un crecimiento que se convierta automáticamente en alivio para el contribuyente promedio. La economía crece, pero el Estado recauda cada vez menos por unidad de actividad; la deuda se contiene algo, pero a costa de una estructura tributaria que se va adelgazando hasta acercarse peligrosamente al 10% del PIB hacia 2031, según el propio Marco Fiscal de Mediano Plazo.
En este contexto, la política se aferra a la consigna fácil: “no más impuestos”. Es una promesa atractiva, pero incompatible con la aritmética fiscal y con las advertencias del Banco Central y de organismos internacionales, que ya hablan abiertamente de la necesidad de fortalecer ingresos si se quiere evitar que el déficit retome niveles críticos. La verdadera decisión política que viene no es si subir o no impuestos en abstracto, sino dónde y para quién: si seguimos defendiendo exoneraciones sin evaluación, o si empezamos a eliminar privilegios, ampliar bases, combatir con seriedad la evasión y ajustar tributos específicos que hoy no reflejan la realidad económica del país.
Costa Rica está, pues, en una encrucijada que sus mismos líderes construyeron: doce años de reformas a medias, beneficios otorgados al calor del corto plazo y disciplina fiscal que se celebra cuando el ciclo acompaña, pero que se revela frágil en cuanto la recaudación se enfría o el tipo de cambio se mueve en nuestra contra. Pretender salir de ahí prometiendo que nadie pagará más es prolongar la fantasía. La discusión que debemos mantener no es si tocar o no los impuestos, sino si estamos dispuestos, de una vez por todas, a rediseñar el sistema tributario con criterios de equidad, transparencia y suficiencia, y a dotar al Estado de la capacidad real para cobrar lo que la ley dice. Llegar tarde solo nos encarecerá la factura.
