Costa Rica no llegó a la encrucijada fiscal actual solo por mala suerte o por choques externos inevitables. Llegó aquí por una cadena de decisiones y omisiones que hoy se hacen visibles cuando ya casi no hay espacio para maniobrar sin costos sociales y políticos notables. Mientras el relato oficial hablaba de una “economía jaguar”, una parte importante del país seguía creciendo poco, recaudando mal y tolerando fugas de recursos que ahora pesan como una losa.
Durante los últimos años, la buena noticia estuvo en las zonas francas y en los sectores exportadores de alto valor agregado. Es innegable su aporte en inversión, empleo calificado y sofisticación productiva. Sin embargo, esa historia de éxito tuvo un efecto político perverso: creó la sensación de que el modelo estaba blindado, que bastaba con atraer más multinacionales para que el resto del engranaje terminara ajustándose por sí solo. No ocurrió. La economía local, fuera de ese enclave, creció a otro ritmo, mucho más frío; muchas pymes quedaron al margen, el empleo de menor calificación siguió frágil y la base tributaria doméstica no se fortaleció al ritmo que sugerían los discursos triunfalistas.
No se puede culpar a las zonas francas por cumplir las reglas del juego que les ofrecimos. Sin embargo, sí cabe preguntarse por qué no promovimos más encadenamientos productivos, por qué no diseñamos una estrategia para que la bonanza exportadora se convirtiera en demanda efectiva para el productor nacional.
Al mismo tiempo, el Estado dejó escapar ingresos que ya estaban creados. La evasión y la elusión tributarias, el uso de plataformas de pago sin respaldo de factura, el contrabando que compite deslealmente con el comercio formal: todo eso se toleró demasiado tiempo. Hacienda sabe que el incumplimiento equivale a varios puntos del PIB y que el comercio ilícito ya no es un fenómeno marginal. Sin embargo, la modernización de la administración tributaria, la fiscalización más inteligente y la persecución sistemática del contrabando durante mucho tiempo parecieron temas que podían postergarse.
El Banco Central también forma parte de esta historia. Hubo momentos en que la inflación estaba contenida y las expectativas ancladas y el contexto habría permitido una política monetaria más expansiva para apuntalar la demanda interna sin convertir la inflación en una amenaza real. En lugar de aprovechar ese margen, predominó una prudencia que, en retrospectiva, luce excesiva. El resultado fue una economía interna anémica en años en que el sector externo brillaba, y un margen de acción mucho más limitado ahora, cuando la situación fiscal es más frágil, el contexto internacional es más inestable y las herramientas disponibles pesan menos.
El Poder Ejecutivo, por su parte, prefirió capitalizar políticamente el apodo de “economía jaguar” en lugar de usarlo como palanca para ejecutar reformas necesarias.
Hoy, cuando la recaudación cae como porcentaje del PIB, el gasto está amarrado por obligaciones legales y el endeudamiento vuelve a asomar como válvula de escape, la discusión pública empieza a estrecharse peligrosamente: recortes o impuestos, una dicotomía que nace, precisamente, de no haber actuado a tiempo cuando el entorno era más favorable.
¿Qué hacer ahora? Primero, asumir la realidad: no tenemos salida fácil. El país necesita una estrategia explícita para fortalecer el crecimiento interno: programas de encadenamiento con zonas francas que fijen metas claras, por ejemplo, de compras a proveedores locales, acompañados de asistencia técnica y financiamiento para que esas pymes puedan cumplir estándares.
Segundo, la evasión y el contrabando deben dejar de ser una nota al pie en los informes fiscales. La masificación de los pagos digitales exige cerrar la brecha entre tecnología y normativa: el comprobante electrónico tiene que ser la regla, no la excepción, y la administración tributaria necesita capacidades reales para cruzar datos, identificar patrones de riesgo y sancionar con rapidez. En aduanas, se requiere dotar de recursos a quienes se enfrentan a redes que aprenden y se adaptan para eludir pagos.
Tercero, el Banco Central debe analizar cómo usar el espacio que le queda para apoyar el ciclo sin comprometer la estabilidad de precios, y Hacienda debe anclar su agenda de reforma en metas verificables de recaudación por mejora de gestión.
Costa Rica no está en ruinas, pero tampoco es el jaguar que nos quisieron vender. Llegamos a este punto por decisiones y omisiones concretas. Solo con nuevas decisiones —más conscientes y menos complacientes— podremos evitar que la próxima vez el costo de haber mirado para otro lado sea todavía mayor.
