Hace apenas unos meses, el entonces presidente Rodrigo Chaves celebraba la conclusión de la negociación del Acuerdo Transpacífico como un gol en el último minuto de una final mundialista. Ahora la presidenta Laura Fernández ordena archivar el proceso y despide a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos. El contraste exige más que una explicación sobre el desempeño de una funcionaria: exige rendir cuentas por la conducción de la política comercial.
La presidenta alegó falta de transparencia por parte de Comex, afirmó que los sectores involucrados no habían recibido íntegramente las condiciones negociadas y sostuvo que no pondría en riesgo a miles de familias vinculadas con la ganadería, las lecherías y la agricultura pequeña y mediana. Son preocupaciones legítimas. Lo que debe demostrar es por qué conducían al archivo inmediato y no a completar la información, evaluar los efectos y determinar las alternativas.
No conocer suficientemente las consecuencias de un acuerdo justifica estudiarlas; no demuestra que rechazarlo sea la mejor decisión. La incertidumbre sobre sus efectos no puede presentarse como certeza sobre su inconveniencia. La prudencia exige conocer antes de decidir, no convertir la falta de conocimiento en fundamento de una decisión definitiva.
La propia Fernández había ordenado profundizar en las ventajas, los riesgos y las posibles medidas de compensación para las actividades afectadas. Corresponde, entonces, presentar los resultados de ese examen: qué sectores ganarían, cuáles perderían, con qué magnitud y bajo cuáles condiciones. Sin ese balance público, la defensa de los productores sigue siendo una justificación política cuya suficiencia económica no podemos comprobar.
Escuchar al agro es indispensable. También lo es escuchar a quienes veían oportunidades de exportación, inversión y empleo. Gobernar exige ponderar ambos lados, no convertir la preocupación de unos en prueba concluyente contra las posibilidades de otros. Los costos de abrir un mercado merecen atención; los de renunciar a él también. Estos últimos no desaparecen porque sean menos visibles o porque quienes los asumirían todavía no puedan identificarlos en su actividad cotidiana.
Este análisis se vuelve más necesario cuando consideramos que Fernández no puede presentar la negociación como una herencia ajena. Fue ministra de Planificación y de la Presidencia del gobierno de Chaves. Esa participación no la obliga a respaldar todo lo negociado, pero sí a explicar por qué el triunfo celebrado por aquella administración terminó convertido en un proceso que debe desecharse. La continuidad política no puede servir para reivindicar los logros y dejar de existir cuando corresponde explicar las contradicciones.
¿Qué cambió realmente entre la celebración y el rechazo? ¿Aparecieron riesgos desconocidos? ¿Se había festejado sin suficiente sustento? ¿Fallaron la consulta y la supervisión política? Cualquiera de esas respuestas compromete a la conducción del Ejecutivo, no solamente a Comex.
El despido de Trejos no resuelve ese problema. Fernández lo atribuyó al incumplimiento de su instrucción de compartir el acuerdo, pero también reconoció que las partes habían establecido confidencialidad sobre sus términos. Hasta el momento no ha demostrado que abandonar la adhesión fuera una opción económicamente preferible. La salida de una jerarca no aporta ese sustento ni convierte en acertado el viraje. Cambiar a quien dirige el ministerio no responde qué debe hacer el ministerio ni hacia dónde debe conducir la política comercial.
Después de este viraje, el Gobierno debe aclarar qué lugar ocupa la apertura comercial en su estrategia. ¿Seguirá buscando nuevos mercados? ¿Con cuáles criterios? ¿Qué riesgos considera aceptables y qué instrumentos ofrecerá a quienes necesiten adaptarse?
No se trata de defender cualquier tratado ni de negar sus costos. Se trata de exigir una política reconocible, sustentada en evaluaciones que puedan discutirse y no únicamente en decisiones que deban aceptarse.
El Ejecutivo debe publicar el balance que sostiene el rechazo y explicar qué alternativa propone. El país necesita conocer tanto los riesgos que se evitaron como las oportunidades que se descartaron.
Despedir a una ministra puede cerrar una relación de confianza. No cierra las preguntas sobre una negociación que el propio grupo gobernante celebró. Costa Rica merece saber por qué pasó del golazo al portazo y, sobre todo, cuál es ahora su rumbo comercial.
