El nuevo mapa legislativo inaugura un tiempo inédito: por primera vez desde 1990, un solo partido llega con los votos suficientes para controlar el directorio, las comisiones y la agenda cotidiana del Congreso. Ese “superpoder” recae en Pueblo Soberano (PPSO), la agrupación que llevó a Laura Fernández a la Presidencia y obtuvo 31 de las 57 curules para el periodo 2026-2030.
En términos aritméticos, la ecuación es sencilla: con mayoría simple garantizada, el oficialismo puede elegir por sí solo los seis puestos del directorio legislativo y asegurarse las presidencias de las principales comisiones permanentes. En términos democráticos, la pregunta es más incómoda: ¿cómo se protege el equilibrio de poderes cuando el partido de gobierno controla simultáneamente Zapote y la “llave” de Cuesta de Moras, y no existe un bloque opositor capaz de marcar límites claros y efectivos?
Ya tuvimos la primer muestra de ese poder. Sin que los diputados electos del PPSO hayan iniciado el periodo constitucional: dieron a conocer semanas antes la integración del directorio y comisiones. Desde ahí podrá dictaminar con facilidad las propuestas que le interesen, archivar o congelar aquellas que considere inconvenientes y reescribir, mediante mociones, los textos impulsados por otras bancadas. Fracciones unipersonales llegarán a esa mesa con un peso más simbólico que efectivo cuando se trate de frenar o corregir decisiones. Si la mayoría decide usar esa ventaja para cerrar espacios, el pluralismo quedará reducido a un gesto de cortesía, no a una práctica real.
Sería un error, sin embargo, sobredimensionar este poder hasta convertirlo en omnipotencia. Aunque el oficialismo controla la mayoría simple, está lejos de la mayoría calificada de 38 votos que exige la Constitución para reformas de fondo, designaciones clave y eventuales cambios al diseño institucional. Esa brecha es hoy una de las pocas garantías concretas que tiene la ciudadanía frente a cualquier tentación de captura institucional. Pero esa garantía solo será efectiva si las fuerzas opositoras entienden su rol como contrapeso responsable, no como comparsa coyuntural a cambio de cuotas.
El nuevo contexto abre una ventana de oportunidad y, a la vez, de riesgo. La oportunidad es evidente: una mayoría disciplinada podría, por fin, procesar expedientes estructurales que la Asamblea 2022-2026 dejó en pausa, desde la armonización del sistema eléctrico hasta las alianzas público-privadas o las jornadas excepcionales. El riesgo es que la misma capacidad que permite destrabar reformas se utilice para acelerar proyectos que debiliten órganos de control, politicen instituciones técnicas o reduzcan la independencia del Poder Judicial y de la prensa. En democracia no basta con que una mayoría pueda hacer algo; importa, sobre todo, qué decide no hacer aunque tenga los votos.
Para el sector productivo, este diseño significa que el centro de gravedad de la política económica se desplazará con más fuerza hacia Zapote. Las prioridades y la visión del equipo económico del Ejecutivo encontrarán menos obstáculos de procedimiento en la Asamblea, pero también quedarán expuestas a menos escrutinio real si la oposición renuncia a ejercer su papel. En un entorno de desaceleración global y competencia feroz por inversión, Costa Rica no puede permitirse una mayoría que use su poder para blindarse del control político y convertir el Congreso en una oficina de trámite.
La historia reciente enseña que el multipartidismo fragmentado podía bloquear reformas, pero también actuaba como freno ante pulsiones de poder excesivas. El péndulo ahora se mueve hacia el otro extremo: concentración en una sola bancada que no tiene experiencia previa en gestionar un poder legislativo bajo estas condiciones. Corresponde al empresariado, a la sociedad civil, a la academia, a los medios y a las propias diputaciones de PPSO asumir que el capital político del que disponen no es un cheque en blanco, sino un examen sobre su compromiso con la República.
En este nuevo ciclo, la vara de evaluación debe ser inequívoca. No bastará con medir cuántas leyes aprueba la mayoría ni cuántas promesas convierte en decretos y reformas. Lo que estará en juego es si el oficialismo usa su fuerza para fortalecer la institucionalidad, mejorar la transparencia y abrir espacios de deliberación, o si inaugura una era de hegemonía sin controles. La defensa de la democracia costarricense no se agota en urnas concurridas; se sostiene, día a día, en la disposición de quienes ganan a aceptar límites, y en la firmeza de quienes pierden para ejercer su rol de contrapeso. Esa será la verdadera prueba del nuevo Congreso.
