EscucharFaltan menos de dos meses para que Estados Unidos celebre 250 años de haber firmado su Declaración de Independencia. Un cuarto de milenio de la democracia moderna más longeva del planeta; una nación clave en la definición del mundo occidental de hoy. La conmemoración convoca a reflexionar no solo sobre los logros de ese experimento republicano, sino también sobre los valores que le dieron sustento desde su origen. Entre ellos, quizás el más luminoso es la libertad de expresión y de prensa.
No fue un accidente que los Padres Fundadores colocaran ese derecho en la primera de las diez enmiendas que componen la Carta de Derechos. James Madison, su principal artífice, entendía que una democracia sin prensa libre no era una democracia plena, sino apenas su simulacro. El texto es tan escueto como contundente: “El Congreso no hará ninguna ley (...) que restrinja la libertad de expresión o de prensa”. En esa sola frase se condensó la distancia moral que los fundadores quisieron marcar con la Corona británica, que había perseguido, censurado y encarcelado a quienes se atrevían a cuestionar al poder.
Thomas Jefferson, cuya pluma redactó la Declaración de Independencia en 1776, fue quizás el más elocuente defensor de esa premisa. “Si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría un momento en preferir lo último”, escribió. Y en otra ocasión fue aún más directo: “Donde es libre la prensa y donde saben leer todos los hombres, todo está a salvo”. Esas no son frases decorativas grabadas en mármol, son la médula de una filosofía política que considera al periodismo independiente no como un privilegio otorgado por el Estado, sino como un contrapoder que lo fiscaliza y lo limita.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha sido guardiana de esa doctrina en momentos cruciales. En 1964, el magistrado William Brennan redactó la histórica sentencia New York Times v. Sullivan, aprobada por unanimidad, en la que la Corte estableció que el debate sobre asuntos de interés público debe ser “desinhibido, robusto y abierto”, aun cuando incluya críticas severas y a veces desagradables hacia los funcionarios de gobierno. Esa decisión no fue solo jurisprudencia, fue una declaración de principios sobre el papel del periodismo en una sociedad libre. Décadas después, el magistrado Potter Stewart lo sintetizó con igual claridad: el propósito básico de la Primera Enmienda es crear “una cuarta institución, fuera del gobierno, como control adicional sobre las tres ramas oficiales”.
Es bajo esa luz donde deben leerse los hechos ocurridos en los primeros días de mayo de 2026. La Junta Directiva de La Nación S. A. —empresa que edita este periódico— se dio por enterada de que el gobierno de Estados Unidos, en una medida inédita en la historia costarricense, revocó las visas a cinco de sus siete miembros. Lo que resulta igualmente inédito, y profundamente preocupante, es que ninguno de los afectados ha recibido explicación oficial alguna sobre los fundamentos de esas decisiones. La Embajada de Estados Unidos en San José respondió con su política habitual: no comentar sobre casos individuales de visas.
El silencio, en este caso, no es neutral. En un contexto en que Reporteros Sin Fronteras ubica a Costa Rica en su peor posición histórica en el índice de libertad de prensa —puesto 38 de 180 países en 2026, una caída de 28 posiciones desde 2022—, la revocación de visas a directivos de un medio de comunicación independiente no puede desvincularse de su entorno. El país ha visto cómo en años recientes magistrados, legisladores y ahora directivos de medios han sido objeto de estas acciones sin transparencia. La opacidad no exonera; en democracia, las decisiones que afectan a instituciones del cuarto poder exigen, al menos, una justificación pública.
No pretendemos desconocer la soberanía de Estados Unidos para gestionar sus políticas migratorias, pero sí apelamos a la coherencia: una nación que en menos de dos meses celebrará los 250 años de la república que inventó la Primera Enmienda está obligada, por su propia historia y por sus propios valores fundacionales, a dar explicaciones cuando sus actos pueden ser leídos claramente como un castigo al ejercicio de la libertad de expresión y prensa.
El Financiero ha ejercido durante décadas un periodismo comprometido con la verdad, el rigor y el interés público. Lo hemos hecho con independencia editorial, con profesionalismo y con la responsabilidad que exige ser parte de la conversación democrática de Costa Rica. Las visas de nuestros directivos pueden ser revocadas; nuestra vocación periodística, no.
