EscucharEn nuestro editorial anterior hacíamos referencia a la poca eficacia del sistema de control interno de las instituciones, incluyendo las auditorías internas y su organismo rector, la Contraloría General de la República, para detectar a tiempo situaciones como las que han salido a la luz en el caso Cochinilla.
En ese caso la investigación se originó en el Poder Judicial, lo cual es digno de destacar, aunque no ha sido lo común. Lo común ha sido que los grandes escándalos de corrupción salgan a la luz como resultado de investigaciones de la prensa, lo que nos recuerda la gran importancia de una prensa libre y acuciosa.
¿Qué podemos esperar del Poder Judicial en cuanto al avance de la investigación y el enjuiciamiento de este tipo de conductas? ¿Podemos esperar que se cumpla el principio constitucional de justicia pronta y cumplida? Lamentablemente, si nos guiamos por lo que ha ocurrido en otros casos y datos del Programa Estado de la Nación, no mucho. Algunos abogados estiman en hasta una década el plazo para que un caso como este llegue a juicio, más los plazos adicionales propios de los recursos de apelación y casación.
Como informamos en un reportaje sobre el tema en nuestra edición anterior, diversos factores inciden en esta situación. El presidente de la Corte Suprema de Justicia menciona problemas de recursos, poca capacitación de expertos y algunas deficiencias de los procesos, así como la diferencia entre la percepción noticiosa de un caso y las pruebas necesarias para formalizar una acusación y llegar a un debate.
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Abogados penalistas consultados destacan las complejidades de los casos de delincuencia de cuello blanco, pues involucran un gran volumen de prueba documental, estudios financiero-contables y análisis forense de contratos y actuaciones. Además, se considera que el sistema penal no está diseñado para lidiar con casos de gran magnitud.
Un ejemplo es el caso La Trocha, que salió a la luz en mayo de 2012 cuando la presidenta Laura Chinchilla denunció que funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) habían recibido supuestas dádivas de empresarios en la construcción de la Ruta Nacional 1856, en la zona fronteriza con Nicaragua. La Expresidenta y otros altos funcionarios fueron exonerados. Al final irán a juicio 13 personas y se estima que el debate oral y público podría realizarse en el 2023, más de una década después de que estalló el caso.
Otros ejemplos son el caso más reciente conocido como Cementazo, que trascendió en la administración del expresidente Luis Guillermo Solís, cuya investigación se abrió en octubre del 2017 y en el que se anunciaron las primeras acusaciones hace algunos días. También los casos Caja-Fischel, que involucró al expresidente Rafael Angel Calderón, e ICE-Alcatel, que involucró al expresidente Miguel Angel Rodríguez, rondaron o superaron una década entre el inicio de la investigación y la resolución final.
Según el Tercer Informe Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación, publicado en el 2020, un análisis de 370 expedientes sobre delitos de corrupción cerrados en el 2017, muestra una tasa del 7% que llegan a sentencia, una tasa aún menor del 3% de condenas, duraciones extensas de los casos y riesgos importantes de desestimaciones por prescripción o basadas en argumentaciones anómalas.
Todo esto afecta seriamente la imagen del Poder Judicial y contribuye a una percepción de impunidad entre la población. Pero, por otro lado, afecta también gravemente a las personas investigadas, muchas de las cuales terminan siendo exoneradas después de años, incluso sin siquiera tener que llegar a la etapa de juicio.
Según el Estado de la Nación, uno de los reclamos más recurrentes de la población al Poder Judicial es la lentitud que caracteriza los procesos relacionados con casos de corrupción. La percepción mayoritaria es que los juzgados en general están saturados y que el Poder Judicial no garantiza justicia pronta y cumplida. Y el problema no se limita a la jurisdicción penal y a casos de corrupción, sino que es común a otras jurisdicciones como la contencioso- administrativa, la civil y la cobratoria. Incluso, la jurisdicción laboral, remozada a partir del 2017 con la reforma procesal, ya muestra signos de saturación.
No hay duda de que casos como Cochinilla, que apenas está empezando, son muy complejos, y hay que reconocer que la investigación salió del Poder Judicial. Sin embargo, de tan importante poder de la República esperamos mayores esfuerzos para mejorar su gobernanza y funcionamiento, introducir mayor celeridad, hacer efectiva la justicia pronta y cumplida y recuperar credibilidad ante la población. Pulsos de poder a ultranza en la cúpula judicial, falta de cuidado en nombramientos clave como el de fiscal general, centrarse en defender pluses salariales por encima del interés nacional, no son la mejor forma de lograrlo.
