25 enero

De acuerdo con un reportaje que publicamos la semana anterior, el país deberá invertir $1.235 millones en el proyecto del Tren Eléctrico de la Gran Área Metropolitana (GAM). Es este un proyecto necesario, que ha sido postergado reiteradamente en las últimas décadas y al cual le ha llegado su hora.

Es necesario porque el congestionamiento vial en la GAM ha llegado ya a niveles inmanejables, que afectan de manera sustancial la calidad de vida de la población y la atracción del turismo y la inversión.

La situación es principalmente apremiante para los trabajadores que utilizan el transporte público y tardan horas muertas desde sus hogares hasta el lugar de trabajo, pero nadie escapa a esa pesadilla diaria. Además, el impacto que el excesivo parque vehicular tiene sobre el deterioro del ambiente y las intenciones de descarbonizar la economía es inconmensurable, particularmente en una nación que se precia y se mercadea internacionalmente como amigable con la naturaleza.

El proyecto es sin duda complejo y la demostrada incapacidad de nuestra institucionalidad para prever y remediar oportunamente el problema ha sido patente. Ello hace que muchos sigan viendo con incredulidad y escepticismo una nueva promesa gubernamental, pero es imperativo ser optimistas.

En primer lugar, durante la última campaña electoral no hubo candidato que no ofreciera una solución al problema en alguna de sus múltiples versiones –desde un utópico metro hasta el modesto tranvía metropolitano–, concordancia política que debería allanar el camino para avanzar en un proyecto viable técnica y financieramente.

Por otro lado, esta administración ha reconocido, en cabeza de la Primera Dama, que la única manera de concretar el proyecto es mediante la figura de la concesión.

Habiendo sido el partido de gobierno uno de los mayores detractores de esa figura en el pasado y superada, así, la barrera ideológica que caracterizó al gobierno anterior, será menos difícil llegar a acuerdos para no entorpecer, innecesariamente, ese avance.

Debemos apoyarlo

Dejar atrás el obstruccionismo vivido en proyectos como el de la gestión interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría o las concesiones de la Cárcel de Pococí, la Ruta 27 y San José-San Ramón es, ya de por sí, un aliciente importante. Entendemos que siempre habrá quienes se opongan al proyecto y traten de descarrilarlo, pero lo cierto es que ahora las principales fuerzas políticas apoyan sin ambages las alianzas público-privadas.

Es cierto también, como se menciona en el reportaje, que aún recurriendo a la figura de la concesión y al financiamiento privado que ello conlleva, es más que probable que el Estado deba, de alguna manera, contribuir económicamente en el proyecto, ya sea a través de un aporte inicial o de aportes periódicos, con el fin de atenuar el efecto sobre las tarifas que los usuarios deberán cancelar por los servicios.

Tal circunstancia es frecuente en muchos países, pero los beneficios de contar con un sistema de transporte público moderno y eficiente en mucho sobrepasan los costos que dicha inversión implica. Costa Rica es un país de renta media (a pesar de que en el imaginario nacional algunos sigan creyendo que somos pobres) y como tal debemos estar en capacidad de atender este tipo de retos sin tanta dificultad.

“El Gobierno ha reconocido, en cabeza de la Primera Dama, que la única manera de concretar el proyecto del tren es mediante la figura de la concesión. Habiendo sido el partido de gobierno uno de los mayores detractores de esa figura en el pasado y superada, así, la barrera ideológica que caracterizó al gobierno anterior, será menos difícil llegar a acuerdos para no entorpecer, innecesariamente, ese avance”.

Es importante también que, como se propone, el Tren Eléctrico de la GAM venga acompañado del Tren Eléctrico Limonense de Carga (Telca). Es inaceptable que, siendo Limón nuestro principal puerto para el comercio exterior, cuente con el decrépito ferrocarril que hoy tiene. El potencial que Limón ofrece como centro logístico, ahora con la Terminal de Contenedores de Moín y otros proyectos en fila, amerita darle la prioridad que el Gobierno le está otorgando. Es hora también de corregir el error histórico de su clausura en la administración de Figueres Olsen (1992-1996) y de aprender que las congojas fiscales del momento no deben nublar la visión de largo plazo.

En suma, es este un proyecto que, por su necesidad y urgencia, debemos apoyar, a sabiendas de que es complejo y que su concreción requerirá de varios años y administraciones. Una debida planificación, un cronograma creíble y verificable, así como la debida transparencia y rendición de cuentas a lo largo del proceso, serán elementos indispensables para llevarlo a buen puerto.