23 noviembre, 2018

Este editorial fue escrito poco antes de cerrar esta edición de EF, cuando todavía no se conocía el fallo de la Sala Constitucional sobre el plan fiscal. Hubiésemos querido tener a nuestro alcance la resolución de los magistrados para brindarles nuestro análisis detallado, pero eso no ha sido posible. Sin embargo, es importante reflexionar sobre las consecuencias generales que podrían derivarse de dicha resolución, a pesar de las múltiples direcciones que este llegue a tomar.

Igual de relevante resulta tratar de sacar lecciones del accidentado proceso político social generado a partir del trámite de este proyecto de ley, tanto en el ámbito político institucional como en la sociedad en su conjunto, tratando de avizorar otras batallas políticas que se asoman en el horizonte.

Esperamos que la decisión de los jueces constitucionales le asegure nuevos ingresos al Estado, que aunque no lleguen a engrosar las arcas del Estado de manera inmediata, sí sirvan para enviar un claro mensaje al mundo externo en el sentido de que hemos empezado el proceso de saneamiento de las finanzas públicas.

La aprobación del IVA sería un elemento muy positivo en ese sentido. Las modificaciones al impuesto sobre la renta representarían también un avance en esta misma dirección.

El mensaje de austeridad fiscal podría ir en la aprobación de importantes modificaciones al empleo público, aunque existen dudas en cuanto a la constitucionalidad de algunas de estas, particularmente en lo referente a la autonomía de algunas de las instituciones. Es probable que al margen de las decisiones sobre la validez del procedimiento legislativo, la Sala IV haga, o haya hecho al momento de la lectura de este editorial, observaciones sobre el fondo, que aunque no obligan al Parlamento, deberán atenderse razonablemente para no generar acciones de inconstitucionalidad que podrían invalidar posteriormente a la nueva ley.

En lo referente a la regla fiscal podría ser que esta pase. Sin embargo, hay que estar claros que por no tener rango constitucional cualquier legislación posterior podría derogarla. En esta materia lo importante son los mecanismos de cumplimiento, más que el propio texto de la ley. Es claro que ambas medidas enviarían un mensaje claro de la voluntad estatal en cuanto a introducir limitaciones claras al gasto público.

Nuevas medidas

El ambiente previo a esta sentencia constitucional ha estado caracterizado por una cierta expectativa de una solución salomónica que podría dar algunas cosas a cada uno de los sectores implicados en estas luchas políticas. No obstante, lo cierto es que no todos los actores quedarán contentos y en un sentido u otro se mantendrán malestares y recriminaciones derivados del agudo proceso de polarización que ha signado esta discusión.

Tanto el sindicalismo desbocado en frenesí callejero, como los fiscalistas a ultranza, deben moderar sus posiciones e iniciar una conversación nacional serena frente a los desafíos de la reactivación económica y de la necesaria austeridad, que forzosamente deben tratar de compatibilizarse.

Las limitaciones al gasto auguran nuevas luchas políticas que deberán de ser moderadas a través del diálogo para evitar nuevos episodios de polarización y dolorosos enfrentamientos sociales como el que nos ha dejado la irresponsable huelga sindical.

“Serenidad, reflexión y prudencia deben ser las guías para el nuevo sendero a recorrer tras el fallo de la Sala Constitucional. Atrás deben quedar los maximalismos, ideologismos y la intransigencia”.

La decisión del tribunal constitucional es inapelable, aunque debe ser analizada cuidadosamente y criticada racionalmente, si fuese el caso; sin embargo, deberá evitarse repetir la crítica centrada en el argumento ad hominen, dirigido al cuerpo de los jueces y no a sus argumentos. La crítica al cuerpo, cuando se funda en la pasión y no en evidencia de faltas graves, termina por deslegitimar una institución fundamental para la democracia, aunque algunos de sus miembros la hayan debilitado recientemente con sus acciones cuestionables. La institucionalidad no debe sufrir como consecuencia de desacuerdos sobre la dirección de la política pública.

La ministra de Hacienda ha reconocido que la aprobación de este proyecto no será suficiente para solucionar la crisis de las finanzas y que se deben adoptar nuevas medidas tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos. Ese nuevo camino debe llevar a la reflexión del Gobierno y de sus aliados políticos en torno a estos temas. El presidente Carlos Alvarado Quesada ha realizado un importante gasto de su capital político, por lo que tendrá que comprender que las nuevas rutas deberán recorrerse solventando algunas contradicciones y dialogando con múltiples actores.

La oposición irracional a la reforma fiscal fue derrotada en la Asamblea Legislativa, pero no se puede descartar su resurrección al ritmo de nuevas movilizaciones y de nuevas propuestas de contención del gasto que afecten a nuevos sectores y acrecienten la oposición de los actuales opositores, que aunque derrotados no carecen de fuerza y capacidad de movilización social.

Serenidad, reflexión y prudencia deben ser las guías para el nuevo sendero. Atrás deben quedar los maximalismos, ideologismos y la intransigencia. Esperamos que la decisión de la Sala Constitucional sea sabia y estimule estos valores, pero también que el radicalismo de algunos no vuelva a llamar de nuevo al irrespeto de la institucionalidad y de las decisiones judiciales, poniendo en grave riesgo al sistema democrático.