En esta edición publicamos un paquete informativo sobre las posibilidades de cerrar, fusionar o vender algunas instituciones del Estado. En este editorial queremos comentar la necesidad de repensar el funcionamiento del Estado costarricense.
Nuestro Estado es grande, disperso y caótico. En estas condiciones absorbe muchos recursos y no logra optimizar su impacto en la productividad nacional y en el bienestar de los ciudadanos, que es realmente lo importante.
El Estado en Costa Rica ha evolucionado según una regla no escrita: se establecen nuevas instituciones, pero jamás se cierra alguna. Las entidades nuevas son creadas sin mucho criterio técnico y se van sobreponiendo sobre las existentes en una suerte de capas geológicas. Esto lleva a la existencia de muchas instituciones que actúan en forma aislada e independiente en un ambiente de caos y de desperdicio de recursos.
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El Poder Ejecutivo tiene formalmente la atribución para dirigir el conjunto de instituciones mediante directrices pero en la realidad no ejerce tal función con eficacia, principalmente por falta de capacidad técnica para hacerlo y por la desobediencia crónica de las entidades. Es decir, ni el director dirige la orquesta, ni los músicos le prestan atención.
Los políticos, la burocracia y los grupos de presión se confabulan para que las entidades no rindan cuentas de sus resultados y de sus costos. Estos grupos también son aliados para evitar el cierre o fusión de entidades. Hay casos paradigmáticos de instituciones que sobreviven sin tener algún aporte relevante al bienestar de los ciudadanos. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Producción en su momento apoyó a ciertos grupos de productores agropecuarios, pero actualmente no tiene razón de existir. Varias veces se ha reformado su ley para asignarle un nuevo papel, resucitarlo o evitar su cierre, pero camina de fracaso en fracaso. En este momento se dedica a encarecer la compra de alimentos de las entidades públicas.
Otro ejemplo de caos es el sector de vivienda. Dos entidades de este sector cumplieron un papel importante en el pasado. El INVU en su momento construyó viviendas e intentó realizar planificación urbana; hoy está sumido en la irrelevancia. El Banhvi se estableció como un banco de segundo piso, pero ahora no cumple esa función en forma importante, tan solo es un ente canalizador del bono de vivienda, tarea que podría hacerse desde el IMAS junto con los otros programas sociales.
Otro caso de dispersión es el denominado sector social. La política de combate a la pobreza pierde su eficacia en medio de múltiples instituciones que no logran actuar en forma coordinada porque cada quien tiene “su” ley y atiende a “sus” pobres, como si se tratara de países diferentes.
El caso del sector de cultura es otro ejemplo de múltiples feudos que llevan agua a su propio molino sin una visión global de la cultura. Podríamos seguir mencionando muchos otros casos.
Se impone la necesidad de cerrar, fusionar y reformar a muchas de las entidades para lograr los objetivos al menor costo posible. Para esto se deben establecer objetivos institucionales claros, mecanismos de rendición de cuentas y fortalecer la capacidad de dirección del Poder Ejecutivo.
No se debe descartar la privatización de algunas entidades públicas que realizan actividades empresariales. Los recursos derivados de la privatización deberían ser usados para reducir la cuantiosa deuda pública del Gobierno Central.
Si se trata de privatizar se debe volver la mirada a los bancos estatales. Después de la nacionalización bancaria de 1948 el Estado tuvo cuatro bancos. En el camino dos de ellos, el Anglo y el Crédito Agrícola de Cartago, quebraron por deficiencias en su administración. Los políticos sentados en las juntas directivas, la burocracia y los grupos de interés destruyeron a estas entidades.
Un político cartaginés dijo que primero correría sangre en el Ochomogo, antes de vender el Banco Crédito Agrícola de Cartago. Años después este banco cerró por no ser viable financieramente. El Estado costarricense habría hecho un buen negocio si lo hubiera vendido en el momento oportuno, en vez de hacerle caso al político del otro lado de Ochomogo.
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El Estado costarricense ahora tiene dos bancos. En nuestra opinión, debería quedarse con el Nacional y vender el de Costa Rica. Este es un buen banco con una amplia base de depositantes, pero en los últimos años su gobierno corporativo ha sido tan deficiente que dio paso al escándalo del “cementazo”. Sería mejor venderlo ahora y evitar la suerte de sus dos hermanos menores.
La otra entidad de carácter empresarial que debería ser privatizada es el Instituto Nacional de Seguros (INS). Desde la apertura del mercado de seguros han ocurrido dos cosas: primero, ha surgido una moderna regulación del mercado y, segundo, varias empresas privadas se han incorporado al mercado. Por lo tanto, si ya el mercado de seguros está adecuadamente regulado y hay competencia, el siguiente paso debería ser la venta del INS y aplicar los recursos obtenidos a la reducción de la deuda del Gobierno Central.
En conclusión, el país debería repensar el Estado costarricense para que se convierta en un mejor instrumento para el bienestar ciudadano. Para ello hay que poner en la discusión pública las posibilidades de cerrar, fusionar o vender entidades públicas.
