30 noviembre, 2018

Como suele hacerlo cada fin de año, desde 1996, El Financiero realizó el pasado lunes 26 de noviembre la ceremonia en que revela y premia al Empresario del Año, entrega menciones especiales y reconoce la gestión de una figura pública. En esta ocasión se reconoció el esfuerzo, visión, innovación, constancia, sacrificio y valores éticos de 12 mujeres y hombres de negocios que contribuyen con el desarrollo del país, así como a una jerarca gubernamental –Rocío Aguilar, ministra de Hacienda– que se ha encargado de recordarle a Costa Rica que los cargos de autoridad se asumen para tomar e impulsar –con arrojo, determinación y sentido de la responsabilidad– decisiones necesarias aunque difíciles e impopulares, y no para figurar, desperdiciar el tiempo o pasar por algún despacho sin pena ni gloria.

La fecha de este acto –del cual publicamos un amplio informe en las primeras páginas de la presente edición– no pudo ser más oportuna: tres días después de que siete magistrados de la Sala Constitucional le dieran, de forma unánime, el aval al proyecto Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara esta propuesta fiscal el 5 de octubre anterior, con el voto de 35 diputados. El que esta vital iniciativa entre en vigencia depende ahora de que cuente con la ratificación legislativa en segundo debate.

Sin lugar a dudas, una señal positiva, un respiro, para un sector empresarial que ha enfrentado un año sumamente difícil, una desaceleración económica que ha obligado a muchas compañías a frenar inversiones, postergar proyectos, congelar expansiones, abstenerse de solicitar créditos, reducir presupuestos de publicidad y mercadeo, revisar rigurosa y exhaustivamente los gastos, y moderar los crecimientos de planillas, incluso despedir colaboradores.

Esta situación es resultado de la suma de múltiples factores y condiciones, tanto locales como internacionales; sin embargo, habría que ser muy tozudo y miope, o adicto al cálculo político, para no admitir que la razón número uno es el rezago nacional que arrastramos en materia de reformas sustanciales; entre ellas, la de las finanzas públicas, a la que todo parece indicar que le llegó la hora, aunque con 20 años de retraso.

Política con mayúscula

¿Qué esta iniciativa no soluciona el déficit fiscal de manera definitiva? Por supuesto que no, pero es un paso fundamental, un avance significativo en el país del “nadadito de perro”, para enviarle una señal positiva a los mercados e instituciones financieras internacionales en materia de responsabilidad y reordenamiento fiscal, empezar a recuperar la confianza de los sectores productivos y los hogares en la economía y el rumbo de Costa Rica, y atenuar las turbulencias en materia de tasas de interés y tipo de cambio. Sí, una “reforma histórica”, como la calificó durante la ceremonia del pasado 26 de noviembre el portugués Álvaro Pereira, director de estudios económicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Los reconocimientos del Empresario del Año 2018 nos permiten constatar una vez más que Costa Rica cuenta con un numeroso grupo de hombres y mujeres dispuestos a asumir riesgos y sacrificios en pro del bien común; personas conscientes de que una nación progresa con oportunidades concretas de ascenso social y económico”.

¿Que este plan no es perfecto? Ninguno lo es. Obsesionarse o empecinarse con la perfección es condenar al progreso al estancamiento, parálisis e inmovilidad, incluso retroceso, que algunos políticos oportunistas sueñan y anhelan con la pobre y mezquina intención de pescar en río revuelto.

¿Qué el proyecto no es justo? Demagogos, populistas, eternos obstruccionistas e insaciables libadores del limitado néctar de las arcas públicas se aferran a este “argumento”, el cual defienden con la añeja, nostálgica y hueca retórica de la Guerra Fría, cinismo, verdades a medias y mentiras propias de la mala intención, manipulación y desconocimiento profundo de los alcances de la reforma. Grupos y dirigentes que echan de menos cuatro años de inacción política seria y responsable; se mal acostumbraron al ejercicio complaciente del poder.

Los reconocimientos del Empresario del Año 2018 nos permiten constatar una vez más que Costa Rica cuenta con un numeroso grupo de hombres y mujeres dispuestos a asumir riesgos y sacrificios en pro del bien común; personas conscientes de que una nación progresa con oportunidades concretas de ascenso social y económico, no con discursos que endulzan oídos, poses seductoras ni huelgas que atropellan los derechos y el futuro de los costarricenses en un mundo cada vez más competitivo; sí, nos referimos a los “educadores” que borraron con el codo lo poco o mucho que enseñaron en las aulas este 2018. Un gremio que, salvo algunas ejemplares y valiosas excepciones, se lució dictando cátedra en materia de vacación –no vocación– docente.

Asimismo, el galardón a la Figura Pública responde al hecho de que de mayo a la fecha al menos hemos escuchado chirriar de nuevo los oxidados goznes de la pesada puerta de la negociación política de altura, la de los acuerdos políticos que desembocan en reformas sustanciales para que Costa Rica comience a alzar vuelo en lugar de seguir aferrada a la pista. Cierto, una golondrina no hace verano, pero esperamos que este atisbo, este vislumbre, ansiado respiro en el que han confluido responsables diputados de oposición, se transforme en un hábito sostenible.

Así como “París bien vale una misa”, Costa Rica bien vale una Política con mayúscula.