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Ha sido agradable ver la publicación del Informe Anual de Seguimiento y Cumplimento de Metas 2016, publicado por Mideplán, que constituye un valioso insumo para analizar, evaluar y tomar decisiones respecto de la gestión del Gobierno en el año que terminó.
De siete metas nacionales, el Gobierno dice haber cumplido cuatro, en dos de ellas: hogares en pobreza atendidos y reducción del desempleo abierto, sobrepasó la meta, lo que muestra el sesgo social de esta administración. En otras dos, crecimiento económico y percepción de corrupción el equipo de Luis Guillermo Solís se queda corto con un 86% y 91%, pero las declara cumplidas, lo que nos hace pensar que un 85% basta para dar una meta por cumplida. En otras dos metas: creación de empleo y mejora del coeficiente Gini declara las metas parcialmente cumplidas pese a que se alcanzó un 66% y 74% de las metas propuestas y solo en el índice de efectividad del Gobierno, que se quedó en 49% de la meta, declara esta incumplida.
En términos de metas sectoriales el cumplimiento global es de 76%, con cumplimiento parcial del 2% e incumplimiento –o rezago crítico, como se le llama en el reporte– del 22%. Por sus propios parámetros, el conjunto de sectores del Gobierno se ha quedado corto. Hay que resaltar que Desarrollo Humano e Inclusión Social, Educación, Hacienda Pública, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Política Internacional y Turismo declaran un cumplimiento del 100% de sus metas sectoriales; mientras que Trabajo y Seguridad Social (60%), Ambiente y Energía (75%), Transporte e Infraestructura (50%), Seguridad Ciudadana y Justicia (50%), y Vivienda (67%) se ubican por debajo del nivel mínimo aceptable de 85%.
Cuando se baja al nivel de proyectos, el cumplimiento integral del Gobierno es de 75%; con 7% de cumplimiento parcial y 18% en rezago crítico. En este campo hay que resaltar en lo positivo a Comercio Exterior, Política Exterior, y Cultura y Juventud con 100% de cumplimiento, y a Desarrollo Humano e Inclusión Social y Educación con desempeños de 87,5% y 95%, respectivamente. En lo negativo la situación crítica se encuentra en Infraestructura y Transporte con un 31,25% de cumplimiento y mal en Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones; Vivienda y Desarrollo Agropecuario con resultados entre 64 y 73%.
Un último corte nos hace ver que en la Región Central se cumple solo un 44,4% de las metas de proyectos y de ejecución de programas; en la Región Huetar Norte, solo el 16,7% y en el Pacífico Central, el 25%. El cumplimiento general en la siete regiones alcanza apenas 45,9% en términos programáticos y de proyectos.
Un desempeño muy mediocre del Gobierno. En cualquier organización moderna, un cumplimiento de menos de 90% es motivo de cuestionamientos, sanciones y hasta despidos; ojalá renuncias por cuestión de dignidad.
El Gobierno explica muchos incumplimientos con razones de complejidad, dependencia de procesos de terceros –Congreso, Sala IV o la Contraloría– y hasta por resistencia al cambio de grupos de interés organizados. Así, cabe preguntarse: ¿Quién pone estas metas conociendo el entorno? ¿La administración peca de optimista o ilusa?
Por otro lado, cuesta creer que algunos sectores hayan cumplido el 100% de sus metas sectoriales. Es creíble en Turismo y en Desarrollo Humano e Inclusión Social; pero ¿de verdad habrá cumplido el Ministerio de Hacienda el 100% de sus metas sectoriales? Y, si así fue, ¿quién aprobó semejantes metas cuando queda claro que la situación de Hacienda no está ni cerca de resolverse, pese a los esfuerzos que se han hecho y a pequeños logros puntuales?
El desempeño en las regiones a nivel de ejecución de programas es alarmante. Si no se cumplieron las metas regionales ni las de proyectos, ¿qué hizo el Gobierno para alcanzar sus metas sectoriales y nacionales?
Si en la meta de índice de efectividad de la administración Solís se alcanzó un 49% y no se ejecutó un 25% de sus proyectos, ni el 55% de sus programas, ¿será que este reporte, leído con ojo crítico, indica que el país alcanza sus metas nacionales pese al pobre desempeño del Gobierno?