EscucharEl acceso a una vivienda digna y el anhelo de poseer un techo propio han sido, históricamente, pilares de la estabilidad para la clase media en Costa Rica.
Sin embargo, ese componente esencial del pacto social hoy se percibe tan deteriorado como otros servicios fundamentales del país. La imposibilidad de costear un hogar se suma a la lista de promesas incumplidas, junto a un sistema educativo que pierde su norte de calidad, las agobiantes listas de espera en la seguridad social y una crisis de inseguridad que nos arrebata la paz de habitar nuestros propios barrios.
Cuando el esfuerzo diario de una familia trabajadora ya no garantiza el acceso a un refugio seguro y propio, lo que se rompe no es solo un indicador económico, sino la confianza básica en el futuro. El contrato social se fractura cuando los ciudadanos sienten que, a pesar de cumplir con su parte del trato, las metas más elementales de bienestar se han vuelto inalcanzables.
Aunque el sector inmobiliario mantiene su dinamismo y es común ver nuevas edificaciones, es innegable que los beneficiarios de la oferta actual son cada vez menos. Hay grupos que aún pueden comprar, pero representan una porción cada vez más estrecha de la población.
La más reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares reveló que el gasto promedio mensual en alquileres aumentó un 23,7% en términos reales al comparar 2024 con 2018. Este incremento posiciona al alquiler como uno de los rubros de mayor crecimiento en toda la canasta de consumo de los hogares. Casi el 20% de las viviendas en Costa Rica están alquiladas y, de ellas, el 45% están ocupadas por personas de entre 15 y 39 años.
La clase media está quedando relegada a un margen donde los salarios no logran competir con precios de venta. Para un profesional que intenta adquirir una propiedad de forma individual, el panorama es crítico: sus ingresos suelen ser demasiado altos para recibir asistencia estatal, pero resultan insuficientes ante los precios actuales. Este fenómeno está dejando a gran parte de la población atrapada en un mercado de alquiler que asfixia cualquier capacidad de ahorro.
Esta situación ha forzado a muchas familias a desplazarse hacia las periferias de la Gran Área Metropolitana en busca de opciones que se ajusten a su bolsillo. No obstante, esta expansión horizontal ha revelado la mayor falla de nuestra planificación: la urbanización del país ha avanzado de espaldas a un sistema de transporte público eficiente. Al carecer de trenes modernos o rutas de autobuses integradas y rápidas, la dependencia del vehículo privado se ha vuelto una condena logística.
Mientras la periferia colapsa, el corazón de San José exhibe una infraestructura subutilizada que representa una enorme oportunidad desperdiciada. Durante años, el sector corporativo y las oficinas abandonaron el casco central en busca de complejos modernos en la periferia, como Escazú o Santa Ana, dejando tras de sí un vacío que degradó la vitalidad urbana.
Si bien ha habido intentos por repoblar la capital en sectores como Rohrmoser, La Sabana o Escalante, no pocos de estos proyectos suelen estar orientados a familias con alta capacidad de endeudamiento o a inversores que luego alquilarán los apartamentos a turistas. Estas islas de gentrificación no ofrecen soluciones para la mayoría que busca cercanía y funcionalidad, no un producto de lujo inaccesible.
Hacer cumplir el derecho a una vivienda digna exige una visión que pasa por una renovación urbana inclusiva en el centro de la ciudad. Si logramos incentivar la vivienda de uso mixto y asequible en zonas con infraestructura existente, estaríamos empezando a sanar ese contrato social hoy herido. La casa propia debe volver a ser una meta tangible y no un privilegio reservado para pocos, para que la estabilidad deje de ser un recuerdo de generaciones pasadas y vuelva a ser base del desarrollo costarricense.
